Opinión

La impunidad y Leonardo Da Vinci

Frente a la renuencia de Ángel Aguirre a dejar el cargo de gobernador de Guerrero, el Consejo Nacional del PRD le exige públicamente solicitar licencia para facilitar el proceso de investigación de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Por su parte, la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) solicita que el Comité de Honor y Justicia del partido también indague las condiciones bajo las cuales se postuló, en 2012, a José Luis Abarca como candidato a alcalde de Iguala, a pesar de que varios militantes alertaron de sus nexos con el crimen organizado.

Ante la presión del PRI de Guerrero, el Congreso del estado inicia una investigación del desempeño de los 12 regidores de Iguala. El coordinador de los diputados priistas argumenta que los regidores están obligados por la ley a vigilar el funcionamiento de la Policía Municipal y son los principales responsables de la negligencia policial y judicial en su municipio. El diputado tricolor anuncia que de encontrarse elementos, solicitarán el desafuero de los regidores para que se les inicie un procedimiento penal.

López Obrador exige que Marcelo Ebrard explique por qué apoyó la candidatura de Ángel Aguirre en 2011, dado que era senador del PRI y además había sido denunciado por el PRD en su calidad de gobernador interino en los años noventa de ser responsable de violaciones de derechos humanos. AMLO acusa a Ebrard de haber usado recursos públicos del gobierno del Distrito Federal para financiar la campaña de Aguirre como vía para construir su propia candidatura presidencial.

El obispo Raúl Vera, en nombre de la Red Solidaria Década de Impunidad (RSDIAC) entrega al procurador general de la República copia de los documentos en los que se narra cómo el alcalde prófugo habría asesinado a Arturo Hernández, líder del Frente de Unidad Popular, en mayo de 2013. La senadora Dolores Padierna del PRD exige citar a comparecer al procurador para explicar la presunta negligencia de la PGR, bajo el argumento de que sabiendo de esos hechos desde 2013, no se hizo nada, pero el grupo parlamentario del PRI desecha la solicitud. Días después el procurador envía un informe pormenorizado y anuncia el cese del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por no haber iniciado una investigación de oficio ante la falta de elementos de prueba suficientes.

En los días que ocurría el descubrimiento de la masacre de estudiantes normalistas en Guerrero, la Secretaría de Energía anunció que se cancelaba de forma definitiva el proyecto para construir una refinería en Tula, Hidalgo, un proyecto que había anunciado –con bombo y platillo– el presidente Calderón en 2009.

Semanas después de ese anuncio, el Consejo Coordinador Empresarial pidió que el gobierno explicara quién era responsable de que se hubieran dilapidado cerca de dos mil 500 millones de pesos utilizados para adquirir los terrenos ejidales y levantar la barda donde se construiría la refinería. Los empresarios también acudieron a la Cámara de Diputados para pedir se formara una comisión de investigación con base en el artículo 93 constitucional.

El gobierno respondió que el análisis realizado por la nueva administración había detectado que el proyecto era inviable y que era más rentable adquirir una refinería en el sur de Texas que construir una nueva con una inversión de más de 10 mil millones de dólares. Varios diputados del PRI exigieron entonces citar a comparecer a los extitulares de Energía y de Pemex durante la administración del presidente Felipe Calderón. Después de interrogarlos, se concluyó que la responsabilidad primigenia recaía en el propio expresidente, quien había insistido en llevar adelante el proyecto.

Por primera vez en la época moderna de México, la Cámara de Diputados citó a comparecer a un exmandatario. En su escrito explica que en vista de la presunta violación del artículo 134 constitucional, que establece que es obligación de los servidores públicos manejar los recursos públicos con eficiencia y eficacia, se le cita a explicar el proyecto de la refinería que significó una pérdida de recursos públicos de dos mil 500 millones de pesos.

* * * *
Además de las condenas públicas y de la investigación que realizan las diversas autoridades por la desaparición de los normalistas, la Cámara de Diputados creó una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones. Muy probablemente el grupo dará muy pocos resultados, como es el caso de la mayoría de las comisiones especiales de investigación. En el caso de la refinería de Tula, el asunto ha pasado inadvertido en la mayoría de los medios de comunicación.

La falta de castigo –sea político, administrativo o penal– es lo que tiene postrado a México nuevamente en una crisis que nos recuerda que el mexican moment será pasajero mientras no se resuelva el mayor problema de funcionamiento del sistema político: la impunidad.

Por eso no debemos olvidar a Leonardo Da Vinci, quien hace cinco siglos dijo: “Quien no castiga la maldad, ordena que se haga”.

Twitter: @LCUgalde