Opinión

La historia se repite

    
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Asesinato periodista Sinaloa, Javier Valdez

En el pasado no tan lejano -esas largas décadas del partido hegemónico- están sin lugar a dudas muchas de las claves para entender el México contemporáneo. En un brillante artículo que se publicó en agosto en Comparative Political Studies –Why Did Drug Cartels Go to War in Mexico? (¿Por qué los cárteles se fueron a la guerra en México?)– Guillermo Trejo (Universidad de Notre Dame) y Sandra Ley (CIDE), aportan nueva evidencia sobre las causas profundas de la violencia del crimen organizado en nuestro país. Un aspecto muy interesante de esta investigación es que se enfoca en el periodo que va de 1995 a 2006, los años críticos de la transición mexicana a la democracia. Al analizar los brotes de violencia en ese periodo, cuando el crimen organizado no era tema en la agenda pública, los autores logran identificar algunos de los factores que mejor explican que ésta haya crecido de forma tan acelerada en la última década.

El hallazgo central del artículo es que, durante el periodo de análisis, la alternancia política en los gobiernos estatales incrementó la probabilidad de que se registrara un conflicto violento entre organizaciones criminales. Los autores señalan que, cuando hubo alternancia, los gobernadores cambiaron a los titulares y mandos de seguridad pública y de la Procuraduría. Estos cambios significaron un rompimiento de las redes de protección a los cárteles que se habían establecido durante los gobiernos previos, y propiciaron que algunas organizaciones buscaran aprovechar la oportunidad para desplazar a sus rivales. Como respuesta a esta tendencia, varios cárteles (que antes dependían primordialmente de la protección de sus contactos en el gobierno) comenzaron a reclutar grandes 'brazos armados' para defenderse.

Ahora bien, un aspecto revelador del trabajo de Trejo y Ley se deriva de sus conversaciones con algunos de los políticos de oposición que llegaron a ocupar gubernaturas en estados donde previamente sólo había gobernado el PRI: Ernesto Ruffo, de Baja California; Alberto Cárdenas, de Jalisco, y Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán. A pesar de militar en distintos partidos (Ruffo y Alberto Cárdenas eran panistas, y Lázaro Cárdenas, perredista) hay importantes coincidencias en las narrativas de los exgobernadores. Durante sus campañas, ninguno prestó demasiada atención al tema del crimen organizado. Sin embargo, los tres llegaron a la gubernatura con la intención de reformar las instituciones de seguridad y justicia de sus estados (más con la intención de poner fin a la corrupción y al pasado represivo, que con el interés de combatir el crimen de forma eficaz). Por ello, removieron a los principales mandos de las procuradurías estatales y las policías judiciales.

Sólo cuando comenzaron las balaceras entre narcos y los asesinatos de funcionarios, los gobernadores se percataron de la magnitud de la colusión que existía entre las administraciones previas y los cárteles que operaban en sus estados. En aquel entonces los conflictos no fueron, en perspectiva, demasiado aparatosos. Al final del día se trataba de organizaciones dedicadas primordialmente al tráfico trasnacional de droga, que recurrían a la violencia para deshacerse de posibles competidores, y que, por lo demás, preferían mantener un bajo perfil.

Sin embargo, el texto de Trejo y Ley inevitablemente me remitió a los casos actuales de dos estados: Quintana Roo y Veracruz. Hasta la salida de Javier Duarte y Roberto Borge, el PRI había gobernado por décadas de forma ininterrumpida ambas entidades (en Quintana Roo, desde que se creó el estado, que fue territorio federal hasta 1974). Ambos gobernadores abusaron del aparato de seguridad y justicia, y hay señalamientos en el sentido de que protegían de forma activa a algunos de los grupos criminales. Desde que los mandatos de ambos se acercaban a su fin, la violencia se disparó. En Quintana Roo se registraron 40 ejecuciones en 2015, y 137 en 2016 (si la tendencia observada en el primer semestre de 2017 continúa, este año podría cerrar con más de 250). Este año la violencia ha llegado incluso al corazón de la zona turística de Playa del Carmen (en enero se registró una balacera en el antro Blue Parrot, donde se celebraba un festival de música electrónica, con saldo de cinco muertos). En Veracruz, las ejecuciones aumentaron 44 por ciento en 2016 (y la tendencia indica que también habrá un nuevo aumento este año).

En muchos aspectos, la historia de Baja California y de Jalisco en los 90 se asemeja a la situación de Veracruz y Quintana Roo en la actualidad. Desafortunadamente, hay una diferencia importante. La violencia actual en ambas entidades (y en muchas otras del país) no la causan narcotraficantes que busquen deshacerse de sus rivales, sin necesidad de meterse demasiado con el resto de la población. La violencia de hoy la generan mafias dedicadas al cobro de cuota, cuyo negocio implica contar con presencia en todo el territorio, y que buscan corromper a prácticamente todo el aparato de seguridad y justicia, desde el fiscal general de cada estado, hasta el último de los policías municipales.

Twitter: @laloguerrero

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