Opinión

La “guerra sucia” y las amenazas a la democracia mexicana

Luis Castro Obregón
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Elecciones en Guerrero

Nuestra democracia se encuentra en un punto límite. Está siendo amenazada por tres tendencias que han ido creciendo en los últimos años: una desconfianza social cada vez mayor hacia los procesos y los actores políticos; una exigencia social y ciudadana cada vez más extendida de combatir verdaderamente la corrupción, y que la clase política no ha querido o no ha sabido atender; y un desencanto creciente en la democracia como vía para lograr un desarrollo nacional integral.

Estas tendencias se mueven en sentido contrario a las esperanzas que generaba entonces la transición democrática y la alternancia política de finales del siglo XX y principios del XXI. Transición y alternancia representaban la oportunidad de acabar con la corrupción, ampliar los derechos de los mexicanos, constituir gobiernos eficientes y eficaces, capaces de poner en marcha una nueva etapa de desarrollo, con justicia y bienestar; se vislumbraba entonces con optimismo la construcción de un estado social de Derecho y un verdadero federalismo, y se daba por sentada la consolidación de una cultura cívica y ciudadana participativa, además de un fuerte sistema de partidos que expresaría y garantizaría nuestra pluralidad y desde luego nuestro camino sin retorno a la democratización plena. Con esa perspectiva, cada proceso electoral habría de ser un paso hacia adelante, hacia el cumplimiento gradual de todas aquellas expectativas. Lamentablemente no ha sido así, y tenemos cada vez más claro que ni los procesos políticos ni la construcción del desarrollo avanzan de manera lineal y ascendente hacia mejores condiciones políticas, sociales y económicas.

La intensidad de las contiendas y, de manera muy particular, el abuso de la mal llamada “guerra sucia” –que en diferentes estados no ha ido a otra cosa más que la práctica de acciones ilegales de espionaje, filtraciones y manipulación de información– genera un peligroso nivel de polarización política que puede trascender los límites de la institucionalidad democrática y provocar que, en el futuro inmediato, no sólo se pongan en duda los resultados electorales y su legalidad sino que provoquen un ambiente de confrontación tal, que haga imposible la cooperación necesaria entre las distintas fuerzas políticas y sociales para garantizar la gobernabilidad. De esa manera, coyunturalmente la “guerra sucia” en las elecciones puede llevar al triunfo o derrota de una u otra opción política, pero en realidad lleva a un daño estructural a la democracia, mina la confianza ciudadana en todos los actores políticos y reduce las condiciones para construir acuerdos políticos y consensos sociales. Así, el ciclo típico de confrontación, normal en todo proceso electoral, puede extenderse e impedir el otro ciclo típico de las democracias, el de la cooperación y la institucionalidad, tras las diputas electorales, que es indispensable para la estabilidad, la gobernabilidad y la convivencia armónica.

La elección de doce gubernaturas es en buena medida un proceso de redistribución del poder político regional y representa la oportunidad de renovar el mandato popular y la legitimidad de origen para constituir gobiernos de calidad, eficientes y eficaces, y para generar las condiciones de acuerdo y cooperación política y social indispensables para el desarrollo. Esto es lo mínimo que nuestra democracia debería garantizar. Sin embargo, para hacerlo posible, dependemos de una amplia participación ciudadana en los procesos electorales y ésta no será posible si prevalece la desconfianza de la gente en la política y los políticos, si se sigue ampliando la brecha entre la ciudadanía y los partidos.

No habrá manera de fortalecer, al menos recuperar, la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en los procesos políticos si no avanzamos de manera más firme y comprometida en la consolidación de las mejores prácticas de transparencia y combate decidido a la corrupción. Al final del día, la calidad de una democracia estará dada por el nivel que se logre instituir y en el que se desarrollen los procesos políticos y la acción gubernamental. Los procesos electorales, el ejercicio del voto, la reconfiguración del mapa político, seguirán siendo indispensables para mantener la institucionalidad democrática, pero claramente están dejando de ser suficientes para garantizar la legitimidad de los gobiernos y mantener respaldo social a las políticas públicas.

Presidente nacional del Partido Nueva Alianza