Opinión

La exigencia de responsabilidades

 
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[Comienza con la asistencia de autoridades de la CFE en San Lázaro / Cuartoscuro]

Nos encontramos en una nueva etapa y a la vez inaugural del régimen jurídico de la transparencia en México. Una reforma constitucional aún reciente, una Ley General de Transparencia novedosa y un proceso de armonización legislativa novísimo –inclusión hecha de la Ley Federal de Transparencia de este año– forman el gran conjunto del marco normativo de la transparencia y del acceso a la información pública que aún se encuentra en proceso de transición, operación y ejecución.

Aunque es cierto, por otro lado, que ya no somos tan novicios en la materia, misma que data de 2002 y que al día de hoy suman ya 14 años de experiencia.

Estas reflexiones previas tienen como finalidad explicar que con la transparencia podemos identificar aquellos casos en los que el actuar de algunos servidores públicos y funcionarios no ha sido apegado al orden jurídico que les obliga y que han satisfecho otra clase de intereses ajenos al único al cual deben servir: el bien común.

Pero falta algo que es la responsabilidad o mejor dicho, la exigencia de la responsabilidad que no puede quedar impune. Lo cual me lleva a pensar que no debe considerarse a la transparencia aisladamente, sino tan sólo como una parte –relevante e indispensable, pero insuficiente– de todo un sistema que permita, no sólo conocer ni detenerse en el acceso a la información, sino además identificar a los responsables.

Esta última tarea no queda en el resguardo de la transparencia, sino en el de la rendición de cuentas.

La construcción democrática contempla entre otras cosas, la responsabilidad pública. Siendo ésta una proyección de la ética a la esfera del servicio público.

No es suficiente la transparencia, incluso la rendición de cuentas si no hay consecuencias. Y la consecuencia principal de lo anterior es la responsabilidad.

La concepción anglosajona es clarificadora en el tema: saben distinguir entre la accountability y la liability. Esto es, los mecanismos mediante los cuales se conoce y evalúa la gestión pública y, de ser el caso, la exigencia jurídica de responsabilidad que sanciona desde la negligencia hasta el dolo en un amplio abanico de conductas imputables.

La obra de Max Weber ha derivado el concepto de la burocracia weberiana, entendida como un ejército de servidores públicos que funcionan en términos de disciplina. Si bien no se puede partir de una idea de desconfianza, la realidad en más de una ocasión supera la concepción intelectual.

De ahí que frente a una reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y los recientes trabajos legislativos en el Congreso, para dotar a la reforma de leyes secundarias, podemos darle la oportunidad para conocer su eficacia probada.

Esa eficacia que permita conservar el propósito que animó la reforma anticorrupción y hacer a un lado versiones diluidas que mermen el sentido del combate a la corrupción.

La responsabilidad pública es un concepto significativo para los gobiernos democráticos porque construye y robustece la confianza hacia los gobiernos y redunda en la legitimidad de los mismos. Si esta condición no existe, sólo habrá desencanto, apatía y resignación crecientes en el seno ciudadano. Bien vista, cabe la definición de responsabilidad pública en el concepto creado por Jürgen Habermas conocido como la acción comunicativa.

En término coloquiales, responsabilidad es capacidad de rendir cuentas, no sólo en números y retórica, sino también en consecuencias y sanciones.

El autor es comisionado del INAI.

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