Opinión

¿La era del desaseo?

Dice la novelista Donna Tartt que existe un “punto mágico donde cada idea y su contrario son igualmente verdaderos” (El jilguero, Lumen, 2014). Si eso fuera cierto más allá de la ficción, México parece lleno de esos “puntos mágicos”, donde dos versiones de las cosas (“sí hay secuestros en Valle de Bravo”, aseguran pobladores… “no hay secuestros en Valle de Bravo”, sostienen las autoridades…) coexisten mediáticamente con total naturalidad.

Sin embargo, y sobretodo si hablamos de cuestiones de importancia nacional, alguna de las dos versiones sobre un mismo asunto tiene que estar más cerca de la verdad que la otra. Por ejemplo en el polémico tema de la nueva tarjeta IAVE. Alguien tiene que tener la razón: la testigo social que ha dicho que fue la licitación más desaseada que le ha tocado revisar, o el director de Capufe, que defiende ese contrato que benefició a un grupo empresarial mexiquense. A pesar de ser compadre del presidente de la República, el director de Caminos y Puentes Federales tendría el derecho al beneficio de la duda, salvo que lo malbarate, como parece empeñado en hacer.

Porque el reciente anuncio del director del Capufe, Benito Neme, de que demandará a la testigo social Mónica Barrera, es preocupante. Un funcionario con escasa experiencia en el servicio público y amplias ligas personales con Enrique Peña Nieto decide que lo mejor que puede hacer ante los cuestionamientos de la persona nombrada por la Función Pública es demandarla. El legítimo derecho de Neme a hacer eso tiene una esquina rota: el resultado público de la licitación (la desastrosa entrada en funcionamiento de la nueva tarjeta IAVE) fue tan poco profesional que la realidad parece darle la razón a quien advirtió (la testigo social) con antelación de múltiples anomalías.

En su afán por salvar la imagen del compadre presidencial y/o del empresario Roberto Alcántara, ¿de verdad el gobierno de la República está dispuesto a llegar al extremo de demandar a una funcionaria de carrera, que presta sus servicios a la Función Pública? No sé si lo hayan pensado, pero de prosperar una respuesta tan fuera de proporción como una demanda contra un árbitro, sería una pésima señal de la manera que este gobierno hace las cosas. Confirmarían la idea del desaseo.

Y suscitarían cuestionamientos tan obvios como 1) si tantas dudas tenían sobre la calidad del testimonio de Mónica Barrera, ¿por qué publicaron en la página web de Capufe su dictamen sin comentarios al calce? ¿Y por qué cuestionaron el documento y a su autora sólo luego de que la polémica les puso contra la pared?

Este gobierno, que ha logrado históricas reformas legales, tiene hoy el imperativo de demostrar que puede gobernar con arrojo y eficacia similares a lo mostrado cuando pretendían que el Congreso tramitara sus propuestas.

Pero demandar a una testigo social, tener en el limbo a la Secretaría de la Función Pública, no haber impulsado con el mismo ahínco que las reformas ya aprobadas la postergada ley anticorrupción, responder con virulencia a cuestionamientos de thinks tanks (como le ocurrió con la SEP al Instituto Mexicano para la Competitividad –Imco– cuando evidenció inconsistencias en la nómina magisterial), y desestimar reclamos sociales (el presidente no se ha dado tiempo para ver a padres de la guardería ABC) hacen cuestionarse si este gobierno ha entendido cabalmente que se le juzgará por realidades, no por lo que dicen las leyes: las primeras las resienten los ciudadanos, mientras que las segundas muchas veces son, en nuestro país, ese punto mágico donde caben universos contradictorios.

Twitter: @SalCamarena