Opinión

La doble crisis

   
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Personal de la Policía Federal en Nochixtlán, Oaxaca. (AP)

Como comentaba la semana pasada, las cifras de ejecuciones de julio confirman que se revirtió la tendencia de disminución de la violencia que caracterizó los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sólo en julio se registraron mil 80 ejecuciones, la cifra más alta de los últimos tres años. Esta tendencia es particularmente grave porque ocurre en un contexto de creciente ingobernabilidad. De acuerdo con el monitoreo de conflictividad social de Lantia Consultores (que incluye incidentes como manifestaciones, bloqueos y tomas de instalaciones) sólo en julio pasado tuvieron lugar 325 eventos, la cifra más alta desde que el monitoreo inició en enero de 2014. Desafortunadamente, los eventos de conflictividad no sólo han aumentado en volumen, sino también en intensidad. Al comparar las cifras observadas en 2014 con la proyección para 2016 el total de eventos aumenta 30 por ciento. Sin embargo, cuando se comparan exclusivamente las cifras de linchamientos (la categoría de mayor gravedad en la base de datos) se observa un escalamiento de 230 por ciento.

No es claro que haya una relación directa entre el incremento de la violencia y de los eventos de conflictividad social. Sin embargo, el repunte de ambos indicadores –al ocurrir de forma simultánea– supone un enorme riesgo. Los eventos de conflictividad se concentran de forma desproporcionada en entidades del sureste del país, en particular en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde las autoridades locales tienen menores capacidades. Por lo tanto, para controlarlos es necesario desplegar un número importante de elementos federales, elementos que ya no estarán disponibles para realizar tareas de vigilancia y seguridad pública en las regiones con mayor presencia de organizaciones criminales. Por lo tanto, de mantenerse las tendencias observadas en los últimos meses, el sexenio podría terminar en un escenario inédito de ingobernabilidad sumado a condiciones críticas de inseguridad.

Para evitar dicho escenario en 2018 es urgente que el gobierno tome medidas a la brevedad. Por ejemplo, sería muy peligroso que se confirmaran los rumores de que el gobierno capituló en todo lo que pidió la CNTE sin obtener nada a cambio. De ser así, el próximo año sólo podemos esperar mayores movilizaciones y exigencias por parte del magisterio disidente (esta vez acompañado por algunos sectores del SNTE que tampoco ven con buenos ojos la reforma educativa). Por ello, es positivo que el secretario Osorio Chong haya manifestado que no se descarta el uso de la fuerza para contener las acciones de las CNTE.

Asimismo sería central mandar el mensaje de que la Policía Federal no está paralizada después de su lamentable intervención en Nochixtlán. Por ello, otra prioridad en el corto plazo debería ser generar las capacidades y la certidumbre para que la Policía Federal intervenga y haga uso de la fuerza cuando sea necesario; una demanda justificada del sector empresarial, que ha sufrido pérdidas millonarias por los bloqueos de los últimos meses. Fortalecer las capacidades de la Policía Federal para contener movilizaciones contribuiría a revertir el escalamiento de la conflictividad social, lo que a su vez permitiría enfocar los recursos disponibles en estrategias para disminuir la violencia del crimen organizado.

La Secretaría de Gobernación, la principal responsable de atender la doble crisis, podría salir del actual impasse si impulsara una discusión abierta, pero enfocada, para generar una mejor regulación del derecho de manifestación y de las condiciones y protocolos para el retiro de bloqueos y la contención de manifestaciones violentas. La SCJN ya dio un primer paso en este sentido, al validar la semana pasada la Ley de Movilidad del Distrito Federal, que había sido impugnada por establecer que, para la realización de manifestaciones, es necesario dar aviso a la autoridad con un mínimo de 48 horas de anticipación.

Sin embargo, regular el derecho de manifestación implica mucho más que solicitar una notificación, o enviar un notario a los operativos que se realicen para contener movilizaciones (el protocolo que se siguió en Nochixtlán, el cual resulta anacrónico –casi risible– en tiempos en los que cualquier evento se puede documentar de forma mucho más eficaz con imágenes y video). Regular el derecho de manifestación implica, en primer lugar, establecer límites claros y hacerlos cumplir (por ejemplo, prohibir las acciones que más afectan los derechos de terceros, como la toma de carreteras). En segundo lugar, es necesario incorporar las mejores prácticas para sancionar a quienes rebasen los límites. Al respecto, cabe señalar que una alternativa para minimizar el riesgo es generar evidencia durante el evento y posteriormente iniciar procesos judiciales en contra de quienes incurran en actos de violencia (en lugar de intentar aprehenderlos inmediatamente). Finalmente, para reestablecer la legitimidad es central tomar en serio la labor de investigar y sancionar abusos policiales, en este sentido, se debería contemplar para la nueva Fiscalía General de República la creación de unidades con facultades plenas para investigar casos de excesos y brutalidad policial.

Twitter: @laloguerrero

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