Opinión

La disputa en el Mar de China y la CPA: lo que está en juego

  
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Chinese Sea. (Reuters)

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya emitió el 12 de julio un veredicto sobre derechos marítimos en el Mar de China Meridional que involucra a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En enero de 2013 Filipinas interpuso ante la CPA procedimientos arbitrales contra China para que la Corte se manifestara, entre otros temas, sobre autoproclamados derechos históricos de China en ese mar, sobre jurisdicciones marítimas que generan diversas formaciones insulares y sobre la legalidad de diversas acciones de China. Al emitir el fallo, la CPA determinó, entre otros, que China no tiene bases legales para reclamar derechos históricos de toda esa región marítima.

El fallo de la CPA, como era de esperarse, ha sido repudiado por Beijing. Desde 2013 se ha rehusado a reconocer su jurisdicción, ha construido instalaciones en las siete islas que controla y ha calificado el fallo como basura. Si bien el gobierno chino ha expresado su alta estima por el derecho internacional, ha reaccionado agresivamente a la decisión de Filipinas de suspender las negociaciones bilaterales y de optar por la vía simultánea de contención y un proceso arbitral.

El involucramiento de la CPA es parte de un conflicto territorial más amplio, con muchas aristas, ya que involucra soberanía territorial entre China (y Taiwán), Filipinas, Vietnam, Brunei, Malasia y Vietnam por formaciones insulares, y desde 1996, de espacios marítimos. La Convención otorga más espacio marítimo a estos países, aunque en caso de emerger disputas, la CPA u otro tribunal no pueden determinar ninguna cuestión relacionada con soberanía territorial o delimitación de fronteras. Así, la decisión de la CPA es sólo como parte de la solución. Más aún: toda vez que China se rehusó a participar en el proceso, será imposible obligarlos a reconocer y cumplir con el fallo de la CPA.

Sin duda la decisión del tribunal ha polarizado a actores involucrados tanto en la disputa como a aquellos que exigen libertad de tránsito en la región y el respeto al derecho internacional. Washington ha anunciado que continuará con sus operaciones de libertad de navegación, y continúa pidiendo que se sume a éstas una indecisa Australia, cuyo principal socio económico es China. Asimismo, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, durante su participación en la Reunión Asia-Europa en Mongolia el 16 de julio, recordó a líderes de los dos continentes que el imperio de la ley “es un principio universal que la comunidad internacional debe mantener firmemente” y expresó la esperanza de que las partes acaten el fallo de la CPA y lleguen a una solución pacífica. Mientras tanto, China continúo ejerciendo una fuerte presión dentro de la ANSEA para que el tema del fallo del CPA no se mencionara en comunicados emitidos recientemente en Laos, aunque esto no evitó que cancilleres de Estados Unidos, Japón y Australia conminaran a Beijing a no construir más instalaciones artificiales o emprender otras medidas unilaterales que aumenten la tensión.

Ahora es Filipinas quien tiene la llave para distensar esta situación. El presidente Rodrigo Duterte ha sido cauto en sus declaraciones, y es probable que decida entablar algún tipo de negociación con China para explotar recursos antes que antagonizar a la segunda economía más poderosa del mundo y un importante socio económico. Mantener un balance es necesario ahora en Duterte, presidente que heredó de Benigno Aquino una de las papas más calientes de las relaciones internacionales en la región.

*Es profesor y coordinador del Programa de Estudios Asia Pacífico del ITAMO.

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