Opinión

La desobediencia civil y la CNTE

 
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Personal de la Policía Federal en Nochixtlán, Oaxaca. (AP)

Por Víctor Manuel Pérez Valera.

Ante los dramáticos hechos de Nochixtlán, el bloqueo de autopistas, el secuestro de personas, el incendio de autobuses y automóviles, las marchas que paralizan la Ciudad de México y las violaciones de los derechos humanos de terceros, es oportuno hacer una reflexión sobre la desobediencia civil.

Recordemos que al menos dos grandes acontecimientos históricos, la Independencia de los Estados Unidos y la Independencia de la India tuvieron su origen en actos de desobediencia civil. También grandes personajes de la historia como Henry D. Thoreau, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., B. Russell y D. Berrigan entre otros, utilizaron la desobediencia civil para defender sus altos ideales. Hay que reconocer, empero, que entre estos líderes y los líderes de la CNTE existe una gran diferencia.

En efecto, Rawls define la desobediencia civil como un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, con el propósito de exigir un cambio a una ley o suprimir algunos programas del gobierno.

Conviene subrayar de esta definición, que la protesta no violenta no significa pura pasividad, sino como lo postulaba Gandhi una no-violencia activa. La no-violencia activa supone respetar los derechos de terceros, y por consiguiente, no asumir una actitud anárquica o vandálica. Se pide también que además de una actitud prudente, se agoten otras medidas institucionales (amparos, diálogos políticos, etc.).

Por lo demás, se le demanda al ciudadano que tenga una conciencia despierta y vigilante, no anestesiada, ante las leyes y decisiones del gobierno.

En México debemos despertar del inmovilismo y de la sumisión servil al gobierno. Ciertamente en general, hay una obligación de obedecer las leyes en conciencia, pero no se nos pide una obediencia ciega, sino un verdadero discernimiento. En el juicio de Núremberg los oficiales nazis en vano adujeron en su defensa que obedecían órdenes superiores.

Oponerse a algunas leyes de forma crítica y justificada es parte de la democracia y puede consolidar el bien común de la sociedad civil. Ni somos esclavos del Estado, ni podemos divinizar el sistema político. En suma, la auténtica desobediencia civil nos pone en estado de alerta ante la desidia y el conformismo social.

Tenía razón Daniel Berrigan cuando escribió: “para llegar a acatar profunda e inteligentemente la ley, es necesario enfrentarse a ella. Al menos estos son los caminos que los hombres que piensan, se sienten impulsados a explorar”. Sin embargo, suele pasar en México que el gobierno rechace los reclamos y el dialogo ante una desobediencia civil no violenta, y con eso empuje a los inconformes a asumir actitudes violentas. Tampoco se trata de que el gobierno ante protestas agresivas, violentas y que dañan gravemente el bien público se haga el “harakiri”, sino que se abra a la escucha de los ciudadanos inconformes, se presente desarmado al dialogo que busque el bien común, y para eso utilizar la mediación de organismos de la sociedad civil.

En las protestas violentas de los inconformes existe, sin duda, aunque de modo indirecto, una severa y justificada crítica a la impunidad y corrupción del gobierno. Ante esta agitación social, por consiguiente, el gobierno debería hacer un honrado y sincero autoexamen y autocrítica.

Algo semejante denuncia Daniel Berrigan en los Estados Unidos. Él destaca el contraste entre las actitudes de los jueces que condenan a pacifistas y no juzgan a gobernantes que enmascaran o fomentan programas militares reaccionarios y retrógrados que dañan a países pobres y propician la pobreza y el racismo en los propios Estados Unidos.

Henry David Thoreau había estudiado Derecho, durante 4 años en Harvard, pero nunca admitió “la rigidez y el legalismo a ultranza”, y cuando su amigo Ralph Waldo Emerson le recordó que en Harvard enseñaban “todas las ramas del Derecho”, Thoreau le replicó: “Sí todas las ramas, pero ninguna de las raíces”.

En efecto, es importante ir al fondo de las raíces, tanto del actuar humano, como de las raíces del Derecho. Una de las raíces del Derecho es la persona humana, su dignidad y su libertad, y otra raíz es la autoridad, cuya función, de acuerdo a su etimología (del verbo augeo) es “hacer crecer”, y por consiguiente, debe legislar y aplicar las leyes de acuerdo a la justicia social o del bien común.

La problemática que estamos tratando es muy compleja. Se impone, por lo tanto, una reflexión profunda y sincera sobre este conflicto.

El autor es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana.

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