Opinión

La crisis de Peña Nieto

Desde hace un buen tiempo, cada presidente de México ha atravesado por cuando menos una crisis en su gobierno. Las crisis que vivieron los presidentes pusieron a prueba su capacidad y la de su equipo, al exponer la forma como enfrentaban los problemas y tomaban las decisiones para resolverlos. Algunos salieron con éxito de las tempestades, mientras otros naufragaron y se llevaron con ellos al país. Pero en todo los casos, las crisis definieron a los presidentes y a su administración. Hoy es el turno de Enrique Peña Nieto.

El presidente atraviesa por la peor crisis política de su vida pública con los actos de barbarie –como él mismo los calificó– en Iguala, donde existía un gobierno articulado con la delincuencia organizada, que reprimió a normalistas en una noche donde murieron seis personas y se llevaron con rumbo desconocido a muchos más que aún no aparecen. Fue una violación a los derechos humanos, avalada, por su inacción, por el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, que infectó políticamente al presidente por haber intentado, erróneamente, encapsular el agravio en el estado. El mal diagnóstico en Los Pinos lo proyectó en los últimos días como un líder sin ideas claras, dubitativo y contradictorio.

La culpa de ello no es personal, sino de un modelo. El proceder de Peña Nieto se inscribe en la lógica de arranque de gobierno, donde se inocularon del discurso los temas de seguridad y violencia. Aplicar la misma receta a los actos en Iguala, fue una ingenuidad. Iguala era un escándalo el 27 de septiembre, pero escondieron al presidente hasta el día 30, cuando en lugar de enfatizar su preocupación, se lavó las manos. “El gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”, dijo. “Demos espacio y dimensión a lo que ha pasado ahí. Es un asunto que merece especial atención, pero también demandando que el gobierno del estado asuma su propia responsabilidad”.

Peña Nieto dejó en su amigo el gobernador la competencia absoluta para arreglar el problema, pese a que información de sus áreas policiales y de inteligencia mostraban que Aguirre tenía vínculos políticos directos con el alcalde de Iguala, cabeza de la autoridad delincuencial, y personales con su esposa, hermana de los fundadores y líderes de la banda criminal Guerreros Unidos. El presidente se cruzó de manos y el problema de violación a los derechos humanos, como era absolutamente obvio, se convirtió ante los ojos del mundo en su problema y su responsabilidad. Mantenerlo alejado del problema por días, lo colocó directamente en el corazón de la crisis.

Gradualmente empezaron a corregir los errores en Los Pinos. Seis días después de pedirle al gobernador Aguirre que arreglara las cosas en su estado, decidió marchar por encima de él. Ordenó a las Fuerzas Armadas tomar el control territorial de Guerrero, a la Gendarmería a asumir las tareas de policía local, y a la PGR asumir la investigación. Su amigo el gobernador corrió solo por su vida, exhibiendo aún más la tardía intervención presidencial. El mismo día del anuncio, Aguirre sorprendió en Los Pinos al declarar que si su renuncia resolviera el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, lo haría. Su cinismo empezó a incidir contra el discurso del presidente y la postura del gobierno.

Peña Nieto aceleró el cambio de postura. El 6 de octubre en Nuevo León admitió que había “señales de debilidad institucional” en algunas partes del país, pero las palabras tímidas del mandatario, al no entrar de lleno al problema, no pudieron apagar el fuego internacional que lo quemaba. El día 9 en Guanajuato endureció más su discurso. Lo sucedido en Guerrero, dijo, “es un hecho verdaderamente inhumano, prácticamente un acto de barbarie que no puede distinguir a México”. La espiral descendente en términos de imagen era incontrolable. El viernes pasado afirmó ante los gobernadores –Aguirre estaba ausente– que era inadmisible que hubiera gobernantes coludidos con criminales. “En un Estado de derecho no cabe la impunidad”, enfatizó.

Es un ejercicio que no pasa de la retórica, al no asirse a la realidad política en Guerrero, donde Aguirre sigue burlándose de él y de todos. Lo último, al afirmar el jueves que pediría una consulta popular para que los guerrerenses decidieran si le revocaban el mandato, lo que legalmente es imposible. Lo que dijo el gobernador es una falacia, pero al poner su cara dura en el ofrecimiento falso, demostró que si de impunidad se trata, él está por encima de las posiciones del presidente.

Peña Nieto tardó 10 días en ir del deslinde a la indignación, y aún no tiene una posición definitiva sobre Guerrero. Su postura da tumbos ante la limitación legal que tiene para decidir la suerte de Aguirre en la gubernatura como antaño se podía, y por no utilizar los recursos políticos para evitar que Aguirre siga jugando con su amistad, generando mayor inestabilidad –que ya trascendió Guerrero–, y afectando su credibilidad en México y el mundo. El mal diagnóstico de lo que significaron los hechos en Iguala metió al presidente en la peor crisis en su vida pública, cuyos resultados documentarán su capacidad para salir de ella, y su manejo lo definirá de manera más clara y juiciosa, por la afectación a vidas humanas, que todo el proceso de reformas en el que se embarcó durante año y medio.

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