Opinión

La crisis de finanzas públicas que se avecina

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CFE

En los últimos años México ha visto su nivel de endeudamiento público crecer de forma exponencial y peligrosa, comprometiendo la viabilidad presupuestaria de las administraciones federales futuras, y así como la capacidad de éstas para proveer a los mexicanos de los bienes y servicios públicos que requieren.

De acuerdo con el más reciente Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre de 2014 el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 5.462 billones de pesos, cifra que representa el 30.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Cabe señalar que de este total, el 79.2% corresponde a pasivos denominados en pesos mexicanos y el resto es deuda externa.

Ante este dato de endeudamiento del gobierno federal hay quienes dicen que es un nivel de deuda muy manejable, sobre todo cuando se compara con los montos de deuda de naciones europeas, Japón o Estados Unidos cuya deuda supera el 100% de su PIB. Pero el dato relevante que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de deuda pública en México es el del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), indicador que incluye las obligaciones del sector público en su versión más amplia, y éste ascendió a 7.446 billones de pesos al cierre de 2014. Esta cantidad equivale a 41.0% del PIB, y es un monto superior en 7.8 puntos porcentuales al observado al cierre de 2008 cuando los RFSP ascendían a 33.2% del PIB.

Esta borrachera de crédito, se ha dado en buena medida por la tentación del gobierno federal para gastar más y más, y por la disminución histórica en las tasas de interés nacionales y extranjeras, lo que abarató el costo financiero del endeudamiento para todo el sector público en su conjunto.

Pero ahora que la perspectiva casi unánime es de que este año comienza la etapa de alza en las tasas de interés, muchos se ponen finalmente a analizar el problema en el que nos han metido las recientes administraciones del gobierno federal; y es que si los RFSP ascienden a 7.446 billones de pesos, pues el alza de un solo punto porcentual en la tasa de interés promedio implica erogar 74.46 mil millones de pesos adicionales de costo financiero para el sector público nacional.

Alguien pudiera decir que no se debe mezclar la deuda del gobierno federal con las del resto de la administración pública federal y paraestatal, pero el dato es igualmente preocupante, ya que el gobierno federal debe más de 5.462 billones de pesos, por lo que el alza de un punto porcentual en el costo de su deuda implica erogar 54.62 mil millones de pesos adicionales sólo por concepto de intereses; y desde luego que si el alza en las tasas de interés fuese de 2 puntos porcentuales entonces el costo financiero de la deuda del gobierno federal aumentaría en más de 108 mil millones de pesos. Esta alza en las tasas de interés eventualmente sucederá entre 2015 y 2017, y ejercerá una enorme presión en el gobierno federal por recortar más rubros de gasto, endeudarse más o elevar tasas de impuestos nuevamente.

A este respecto cabe señalar que en el Anexo B.2. Estimación de las Finanzas Públicas 2014 – 2015 de los Criterios Generales de Política Económica 2015, se indica que para este año el costo financiero del sector público sumará 406.977 miles de millones de pesos (mmdp), cifra que representa el 2.2% del PIB y el 10.1% de los ingresos presupuestarios del sector público.

Este tipo de presiones en las finanzas públicas tienen muy nerviosos a muchos en el gobierno federal, quienes el pasado viernes 30 de enero decidieron anunciar el primer recorte al gasto público de este año en aras de poder enfrentar “el entorno de volatilidad durante 2015”. Desde mi óptica, el anuncio del pasado viernes es el primero de tres que se darán en el transcurso del año en los que poco a poco veremos cómo se recorta el gasto público y con ello nuevamente se ven truncadas las posibilidades de crecimiento del PIB a una tasa por encima del 3 por ciento.

Cuando la SHCP salió el viernes a anunciar el recorte al gasto público destacó que ha realizado acciones para fortalecer las finanzas públicas, y mencionó las siguientes tres: Reforma hacendaria, Compra de coberturas ante caídas en los precios del petróleo, y Renovación de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional.

Pero queda claro que estas acciones son insuficientes para contener la caída en los precios internacionales del petróleo y evidencian que la forma en que se negociaron las coberturas petroleras adquiridas no resuelve en el corto plazo el problema de flujo de efectivo que enfrenta el gobierno federal por los menores ingresos de Pemex. Y a este respecto se ha dicho mucho, por un lado nos dicen que los recursos de las coberturas que garantizan en precio del barril de petróleo en 76 dólares se pagarán hasta el tercer trimestre del año, y también se nos dice que las coberturas solo son para una parte de la producción de petróleo (la que se exporta).

Sin embargo, el año pasado cuando se anunció con bombo y platillo la contratación de estas coberturas (a un costo de casi 10 mil millones de peso) se nos dijo que éstas habían sido adquiridas a través de 40 operaciones y que se habían comprado opciones de venta (opciones put). No entiendo porque hay que esperar hasta el tercer trimestre del año para hacer buenas las opciones, cuando lo más lógico hubiese sido comprar coberturas put en función del volumen de exportación de petróleo de cada mes, de manera que cada mes se ejerza la opción o inclusive se pudieron haber comprado opciones americanas las cuales se pueen ejercer en cualquier momento sin esperar que éstas lleguen a su vencimiento.

La realidad es que no se ha dado una explicación técnica lo suficientemente robusta que nos explique cómo es que se da la merma en las finanzas de Pemex en el corto plazo no obstante los miles de millones de pesos adicionales que ganan mensualmente importando millones de litros de gasolina a 6 pesos por litro para luego revendérnosla a 13.50 pesos.

Volviendo al tema del recorte al gasto recientemente anunciado, se nos dijo que el gobierno federal ajustará el gasto público de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) por un total de 124.3 mil millones de pesos (mmdp), monto que representa el 0.7% por ciento del PIB lo que de entrada obliga a recortar la perspectiva de crecimiento económico para este año a un nivel entre 2.5 y 3 por ciento.

De este recorte total por 124.3 mmdp, cabe señalar que 62 mmdp corresponden a Pemex, 10 mmdp a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y 52.3 mmdp a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

A este respecto llama la atención el recorte a Pemex por 62 mmdp justo después de que acaba de colocar bonos en los mercados internacionales por 6 mil millones de dólares (equivalentes a casi 90 mmdp). Esto es importante porque resulta que cuando el petróleo estaba a 100 dólares por barril no se incurrió en estos endeudamientos, y ahora que Pemex está limitado de ingresos incurre en su mayor endeudamiento histórico. Y nuevamente hago un llamado para que los partidos políticos de oposición vigilen que ningún dólar de estos recursos vayan a parar al sindicato petrolero ni a las campañas electorales, tal como ocurrió en el año 2000.

A manera de conclusión podemos señalar que queda claro que el gobierno federal y toda la administración pública federal atraviesan por graves problemas fiscales, y el recorte de 124.3 mmdp no es suficiente para hacer frente a la caída de los ingresos petroleros que se percibirá sin coberturas petroleras en el año 2016. Forzosamente se requerirá meter la tijera más profundamente.

Ante este panorama, queda claro que los actos de fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentarán, las devoluciones de IVA a empresas exportadoras seguirán siendo igual de tardadas, y que una vez pasadas las elecciones nos dirán que el Pacto Fiscal (que aseguraba que no aumentarían los impuestos en lo que resta del sexenio) ya no tiene validez debido a que las circunstancias macroeconómicas de México han cambiado. Esto último provocará nuevas alzas de impuestos de la mano del nuevo Congreso de la Unión, y los impuestos que más probablemente aumentarán son el IVA y el IEPS. Pero seguramente, para tener a los empresarios contentos, harán algún ajuste fiscal relevante como hacer deducible nuevamente las prestaciones laborales.

Eso es lo que se vislumbra para el futuro cercano y será el costo de los recientes déficits fiscales y del crecimiento exponencial del gasto público y la deuda.

Director General GAEAP.

Correo: alejandro@gaeap.com

www.gaeap.com

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