Opinión

La construcción de un genocidio

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Raymundo Riva Palacio

Los grupos antisistémicos en Guerrero siguen aprovechándose de la confusión del gobierno federal entre administrar una crisis y terminar una crisis. A nadie extraña –aunque no deja de sorprender– que el gobierno siga tropezando sin dar señales de que tres meses y medio después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, haya aprendido cómo evitar que cada acción de gobierno termine perjudicando al gobierno. Tampoco parecen percatarse de que en la nueva fase de su estrategia, esos grupos –la guerrilla y los maestros detrás de los padres de los jóvenes desaparecidos– están construyendo una acusación de genocidio contra el presidente Enrique Peña Nieto, para llevarlo a juicio en cortes internacionales.

El gobierno federal luce ingenuo, reaccionando coyunturalmente en un plano unidimensional: los padres de los normalistas desaparecidos, maestros y simpatizantes, se enfrentan a la Policía Militar que defendió el Batallón 27 de Infantería en Iguala, ante el intento de ellos de forzar su entrada a la instalación y buscar a sus hijos –que dicen tiene el Ejército–, y el secretario de Gobernación arregla con el secretario de la Defensa que les abran la puerta a los cuarteles en Guerrero, Oaxaca y donde más se los pidan. La racional parece dual. Que la gresca no escale a enfrentamientos y produzca más víctimas civiles, y al mismo tiempo que comprueben que sus hijos no están detenidos en los cuarteles.

Como en la Cueva de Platón, sólo se ven sombras en esta simulación mexicana.

Ni los grupos detrás de los familiares deben creer que ahí van a encontrar normalistas, ni el gobierno tiene dudas de que no hay nada de lo que pueda arrepentirse. Lo que no es simétrico son las intenciones y los objetivos. El gobierno piensa que sigue en la administración de la crisis; sus adversarios políticos avanzaron a crear la siguiente y definitiva crisis. Peña Nieto, el Ejército, el Estado mexicano, acusados en el mundo de genocidio.

El delito internacional de genocidio se conforma por el conjunto de actos “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Que incluye “la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

Si la desaparición y eventual asesinato de los normalistas fue realizado por una banda criminal en colusión con las autoridades y policías de Iguala y Cocula, es un homicidio y, por tratarse de instituciones, un delito de desaparición forzada. Pero si se prueba de que el Ejército participó, se puede constituir el delito del genocidio, porque se puede documentar cómo a lo largo de los años se han ido eliminando las normales –la de El Mexe en Hidalgo, por ejemplo, desapareció en 2006 cuando Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación, era gobernador–, y se han realizado acciones sistemáticas de represión contra los normalistas, sobre todo los de Ayotizinapa. Aunque debatible, se puede argumentar que sí hay un intento claro del Estado mexicano para destruir a un grupo nacional, que se ha distinguido a lo largo de décadas por su activismo social.

Lo que necesitan los grupos antisistémicos es aportar evidencias que apunten a la culpabilidad del Ejército en el crimen de los normalistas. Lo primero que han hecho es desmantelar la versión de la PGR. De acuerdo con la PGR, los normalistas fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, donde se recogieron cenizas que por medio del ADN se demostró que pertenecían a uno de los jóvenes desaparecidos. La versión fue atacada a partir del cuestionamiento sobre la cadena de custodia, que es un protocolo que establece que las evidencias de un crimen no han sido alteradas.

El 8 de diciembre el equipo de peritos forenses argentinos que participaron en la identificación de los cuerpos de los normalistas dijo que no podían confirmar que esas evidencias hubieran sido tomadas de sitio donde dijeron las autoridades. El procurador general Jesús Murillo Karam explicó que habían llegado al basurero de Cocula por las declaraciones de presuntos involucrados en el crimen, pero la descalificación de su versión, no ha sido contrarrestada.

Las acciones de búsqueda de los jóvenes en los cuarteles van en la línea de esa estrategia. No ayuda al gobierno que la Secretaría de la Defensa nunca explicara por qué la noche del 26 de septiembre, como acusan testimonios en la prensa, soldados del batallón sellaron los accesos de Iguala mientras se reprimía a los normalistas, e impidieron la atención médica de algunos. Tampoco que al responsable del batallón, coronel José Rodríguez, lo transfirieran sin saberse si declaró ante las autoridades sobre esa noche; o que no hiciera nada el jefe de la 35 Zona Militar, general Alejandro Saavedra –hoy comandante de la 9ª Región Militar–, cuando le informó el gobernador Ángel Heladio Aguirre lo que estaba sucediendo.

Omisiones e inacciones del Ejército el día del crimen, y silencio sobre qué tanto sabía el Batallón 27 de las bandas criminales donde está su sede, son el contexto de la estrategia. La opacidad de la PGR sobre sus evidencias y la creciente falta de credibilidad del gobierno, abonan a la derrota política y jurídica que no han visto, pero sobre todo, a la pesadilla para Peña Nieto, que puede llevarlo a librar una batalla legal por genocidio, antes incluso de que termine su presidencia.

Twitter: @rivapa