Opinión

La Constitución de la CDMX no es pro empresarial

 
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CDMX. (www.agu.df.gob.mx)

Se remitió ya el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México (CDMX) de parte de Miguel Ángel Mancera. Se ha dicho hasta el cansancio que esta será una oportunidad única para redimensionar jurídicamente a la Ciudad. Yo revisé el fin de semana el documento, y si bien cuenta efectivamente con preceptos jurídicos que revaloran muchos derechos de los capitalinos, pienso que el proyecto es muy omiso respecto de la gran oportunidad para hacer de la Ciudad el foco competitivo y económico de la Nación.

De hecho hay algunos preceptos algo preocupantes. El Art. 15 señala, por ejemplo, que la economía de la Capital debe tener por objeto la “redistribución de la riqueza”, y que “toda persona tiene derecho a una economía social y solidaria que tenga como finalidad reducir la pobreza, generar empleo digno, promover la inclusión, la equidad y la justicia social”. Estos principios suenan muy bien, pero ¿qué es una “economía social y solidaria”?; ¿qué leyes y reglamentos se crearán en el futuro a partir de esta Constitución que obliguen, por ejemplo, a las empresas que se establezcan en la Cd. de México a ser “solidarias”?; ¿qué ocurrirá si un gobernante de la capital juzga que una persona moral no está ayudando a “reducir la pobreza”?

En mi opinión, este proyecto de Constitución refrenda el paternalismo no superado en la cultura mexicana para que el gobierno tenga un paraguas sobre la actividad empresarial. Así se lee: “Esta Constitución reconoce a la actividad económica como un bien de interés público que debe ser tutelado. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional”.

Los grandes empresarios del país no están participando activamente en este proceso para aportar preceptos que garanticen la competitividad y productividad de la Ciudad. Han sido omisos. A ver si no se dan de topes en unos años cuando los reglamentos les obliguen a ser “solidarios” o cuando los juzgados locales dictaminen que sus actividades no ayudan a “combatir la pobreza”. Este proyecto habla de preceptos que tienen un excesivo sesgo de izquierda: “una banca social de desarrollo e infraestructura”; apoyo a la “acción comunitaria y colectiva de cooperativas y empresas sociales y colectivas de productores y consumidores”; etc.

En otras partes del mundo la lógica es otra. En Singapore, en 2003, se creó una ley importantísima, pro competencia, que “promueve el funcionamiento eficiente de los mercados y vigoriza la competitividad de la economía”. Ese pequeño país de 5 millones de habitantes creó esa ley reconociendo que la libre competencia “impulsa a las empresas a ser más eficientes e innovadoras”.

Twitter:@SOYCarlosMota

Correo:motacarlos100@gmail.com

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