Opinión

La colaboración con la Justicia en las telecomunicaciones


Antes de que termine el mes, seguramente, tendrá lugar la discusión correspondiente que permitirá concluir el proceso que logrará ese cambio trascendental en el ámbito de la radiodifusión y de las telecomunicaciones del país, que se inició con motivo de la reforma constitucional del año pasado: la aprobación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Ya obra en poder del Senado la iniciativa presidencial de esta ley convergente en la que, por primera vez, se aglutina en un solo ordenamiento jurídico la normatividad reglamentaria de la Constitución por la que se gobernará a dos ámbitos de la vida nacional que inciden de manera directa en nuestra competitividad, como también en la información y consecuente preparación de las personas: la radio y la televisión, y las telecomunicaciones; industrias que, aún identificadas por una tendencia tecnológica común, siempre han recibido un tratamiento jurídico independiente.

Resulta materialmente imposible sintetizar en un análisis semanal el contenido integral de dicha proposición presidencial. El número de disposiciones que contempla y la vastedad de objetivos que pretende atender, representan un universo tal de directrices que, no sólo por su número, sino por su importancia individual, deben meditarse exhaustivamente por aquellos sujetos a quienes están dirigidas o por quienes en el ejercicio de su profesión o de su interés, tienen que ver con ellas.

Un apartado nos ha llamado la atención para los efectos de esta entrega: el de la colaboración con la justicia. En la iniciativa que comentamos se establecen obligaciones en términos de entrega de información que los concesionarios deben de cumplir con la autoridad, a fin de facilitar la geolocalización inmediata de las personas en tiempo real, así como información relativa a las actividades realizadas por su parte con motivo de un servicio contratado, concretamente, telefonía celular.

La previsión, que habrá de votarse en el ámbito parlamentario, corrobora en esencia el contenido de la discusión de constitucionalidad que ya tuvo lugar en enero pasado ante el Pleno del a SCJN, en la que sujeto a requisitos de pertinencia y razonabilidad se decidió que se trata de un mecanismo necesario para la protección de un bien jurídico superior al que, según el razonamiento de los tres ministros opositores, resulta quebrantado con la figura: el derecho humano a la privacidad.

En el artículo 197 de la iniciativa, fracción VII, se establece textualmente que constituye una obligación de los concesionarios de telecomunicaciones la de bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública nacional a solicitud de las autoridades competentes. Y continúa diciendo que el bloqueo de señales se hará sobre todas las bandas de frecuencia que indique el Ifetel, de conformidad con las solicitudes de las autoridades competentes.

Las tecnologías de la información que arrojan el avance de la ciencia --ese que tutela el artículo 28 constitucional--, constituyen un vehículo primordial para lograr el acceso a la información por parte de la población --tutelado por el artículo 6 de la misma Carta Magna--. En un Estado democrático, la preparación y conocimiento de la gente por cuanto a la marcha misma de la Nación, ingrediente primario de la decisión política que asume al emitir su voto, constituye una condicionante superior que se tutela, incluso, al mismo nivel constitucional, pues los artículos 41 y 134 del texto de nuestra Ley Fundamental impiden cualquier propaganda que pudiera manipular la libertad política e ideológica de los ciudadanos. Libertad y protección del conocimiento, información y vehículos para hacerla llegar a las personas, y democracia; así, constituyen una amalgama esencial sobre al que descansa la sustentabilidad del Estado Mexicano.

La disposición, que contiene la iniciativa que comentamos, permitiría la posibilidad de que alguna autoridad, con apoyo en el abstracto concepto de la seguridad nacional, ordene incondicionalmente el bloqueo de una señal en perjuicio de los usuarios de las telecomunicaciones, con el propósito abierto de inhibir la comunicación, no entre dos sujetos, sino entre una pluralidad de ellos, pues se trataría de un bloqueo por evento o por lugar, y no entre usuarios individuales. En esencia, legitimaría cualquier resolución gubernativa para impedir el uso de las redes sociales en algún tema que interesa a la seguridad nacional.

Resulta francamente difícil ofrecer una lectura conclusiva con relación a este tema, desde el punto de vista jurídico y político. No dejaríamos jamás de abogar por la disposición cuando, efectivamente, por asuntos que tienen que ver con la verdadera seguridad nacional, se permitiera el bloqueo de señales para impedir la concreción de algún acto que pudiera afectar la integridad de las personas (¿Un ataque terrorista?). Sin embargo, ¿defenderíamos la misma disposición si tuviera como objetivo impedir la coordinación entre ciudadanos para expresar su opinión de rechazo en contra de una decisión gubernativa? Desde luego que no; impediría la materialización de los principios políticos fundamentales que tutela nuestra Constitución a los que nos hemos referido.

La seguridad nacional, así, constituye un elemento primordial en la definición sobre cuándo impedir el ejercicio pleno de los derechos fundamentales que otorga nuestra Constitución. Si la SCJN ya se pronunció a favor de la geolocalización de personas en tiempo real sujeto a requisitos de pertinencia y razonabilidad, sería aconsejable atender dos puntos dentro del proceso de discusión del tema: por un lado, desde luego, incorporar dichos presupuestos en el texto legitimante de la norma jurídica que habrá de discutirse; y, por el otro, identificar al órgano independiente del Estado Mexicano que, con la visión tutelar de los Derechos Humanos, pueda validar la acción extraordinaria que hubiera de asumir la “autoridad competente”, la CNDH.

De avanzar como se ha propuesto, el efecto de una utilización abusiva de la figura normativa podría arrojar resultados que serían desastrosos para una democracia en franca vía de construcción.

*El autor de esta columna es Profesor de amparo.