Opinión

La carne asada

“A mí me invitaron a una fiesta particular [...] Llegué al lugar, tuvimos una especie de carne asada y después llegó la música, llegaron unas muchachas y finalmente ahí está el video”. Así explica Luis Alberto Villarreal la fiesta de Puerto Vallarta que culminó es su destitución como coordinador de los diputados del PAN.

Igual que López Obrador con los videoescándalos de 2004 –en los cuales aparecía su exsecretario particular, René Bejarano, recibiendo dinero en efectivo– el diputado del PAN dice que es víctima del espionaje político (le llama una celada). En lugar de reconocer el error, anunció que interpondrá una denuncia para que se investigue. Ofreció disculpas “a quienes haya ofendido con sus actos”, pero no ha entendido la gravedad de su comportamiento. Dice que no cometió ningún delito y que puede salir a la calle “con la frente en alto”. Para él se trata de un asunto privado porque no hubo recursos públicos para pagar la fiesta.

Es cierto que los políticos tienen derecho a una vida privada, pero quienes se dedican a la cosa pública están obligados a un comportamiento ejemplar y a un escrutinio mayor que el resto de los mortales. No es un argumento moralista ni religioso: es un estándar de reputación pública al que están obligados los líderes políticos.

El problema no es el baile ni el sexo, sino la percepción de exceso e impunidad. Que un político haga y deshaga en su entorno realmente privado, es efectivamente un asunto privado. Pero la fiesta no lo era: había una docena de bailarinas, un grupo musical y varios legisladores que se divertían en una villa con vista al mar durante los días que el PAN celebraba su reunión parlamentaria. Eso no es un evento privado, sino un evento público a puerta cerrada.

La forma como se divertían el entonces coordinador y vicecoordinador de los panistas sí es un asunto de interés público porque quizá denota un estilo personal proclive a la ostentación, el desafío e incluso a la vulgaridad. Y ese perfil en ocasiones va de la mano de la corrupción y el abuso del poder. Quizá hubo ingenuidad en exhibirse públicamente en una fiesta sin reparar en el riesgo de ser sorprendido como finalmente ocurrió; pero quizá no sea ingenuidad, sino la actitud de quien se siente impune y capaz de desafiar ciertos cánones de responsabilidad y discreción a los que están obligados los políticos y cualquier líder en la rama que sea.

Por eso las fiestas del PAN (como la red de prostitución del exlíder del PRI en el Distrito Federal o la presunta corrupción de delegados del PRD) sólo conducen a un mayor descrédito de la clase política, hunden aún más el deterioro de la imagen de los legisladores y dañan la confianza en las instituciones. Que la última semana los medios hayan dedicado buena parte de sus espacios a discutir la fiesta de Puerto Vallarta en lugar de la reforma energética o la crisis de violencia en Guerrero, es muestra de la irresponsabilidad de los diputados panistas. Los políticos y funcionarios de gobierno deben cuidar que sus actos públicos y privados no dañen la profesión ni sometan a la política a la decepción, la burla y el escarnio colectivo. Esa es una de las facetas de la moral de la política.

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Hay un proceso de deterioro de la calidad intelectual, política e incluso moral de muchos políticos en México. El pluralismo no ha contribuido a una cultura de la excelencia o de la exigencia, sino lo contrario: ha estimulado la impunidad y el cinismo. Aunque hay muchos servidores públicos profesionales y honestos, cada vez hay más actores de la política que ven esa actividad no como una oportunidad de servicio sino como una vía para enriquecerse en tres o seis años. Son miembros de todos los partidos y en todos los niveles de gobierno y regiones del país.

El baile de Puerto Vallarta sería una anécdota si sólo fuera un traspié de un grupo de muchachos inexpertos. Pero lamentablemente es reflejo del clima de impunidad y cinismo que rodea la actividad de algunos legisladores en México. De la falta de cuidado por su investidura y de respeto por el Poder Legislativo.

Por eso es muy importante no sólo la sanción política que ya han sufrido Villarreal y su vicecoordinador, Jorge Villalobos, sino la legal en caso de que hubiese habido dinero público. Y aun cuando la fiesta se hubiera pagado con recursos privados, es preciso indagar quién lo hizo porque en política no hay nada gratis y la “generosidad” con frecuencia sirve para comprar la voluntad de los legisladores. ¿Puede haber una fiesta “gratis” que costó más de 100 mil pesos?

El excoordinador reaccionó como lo hacen muchos políticos que se ven asediados por escándalos: culpar al mensajero en lugar de leer el mensaje. Para evadirse es mejor acusar a los espías que evaluar el comportamiento personal. Hace 10 años el problema no era Bejarano ni sus ligas, sino la mafia que quería descarrilar a AMLO de la carrera presidencial. ¡Qué poco ha cambiado México!

Twitter: @LCUgalde