Opinión

La carga moral de la inacción legislativa

Los principales diarios del país dan cuenta de la indeseada continuidad del estancamiento económico en el que hemos permanecido inmersos a lo largo de los últimos años; apuntan con inigualable precisión a los efectos que provoca la falta de instrumentación de las múltiples reformas que han venido aprobándose a lo largo del último año, así como a los asuntos de la agenda política que, por problemas coyunturales de secundaria relevancia, han impedido la concreción de dos procesos legislativos esenciales para la consolidación de la tan perseguida competitividad: la legislación secundaria en materia energética y de telecomunicación.

Profesionales bien empapados del quehacer político-financiero a nivel mundial han delineado puntos esenciales alrededor de los cuales debe construirse la estrategia para revitalizar la marcha económica nacional: reactivación del mercado interno; consolidación del Estado de derecho; mejoramiento del esquema de pagos del gobierno; aplicación eficiente del gasto en materia de infraestructura; impulso del ahorro; promoción de mayores créditos de la banca de desarrollo; culminación de las reformas pendientes.

Es cierto que la tímida política de gasto y restricción escrupulosa del circulante con la que el gobierno del presidente Zedillo pudo hacer frente a la crisis financiera que el país atravesó a principios de 1995 no debió convertirse en el modo inflexible conforme al cual los recursos de la Nación deben ser administrados, pero debemos reconocer que existían muchos pendientes por atender que, sin las modificaciones legislativas necesarias, resultaba imposible concretar en modo alguno. Uno de ellos, la terminación inmediata e irreversible de la conformación oligopólica de acuerdo con la cual estaban organizados algunos mercados esenciales para el desarrollo nacional.

Ya en publicaciones anteriores hemos compartido la información divulgada por muchos analistas, obtenida por la OCDE, relativa al grave letargo que adolece nuestra economía por los graves sobreprecios que los mexicanos soportamos para recibir servicios que la vida moderna nos impone y que resultan esenciales para, además de convivir, poder hacer negocios en forma competitiva, de cara a un mundo cada vez más integrado y bien comunicado: los servicios de telecomunicación. Pagamos más de 25 mil millones de dólares en exceso por servicios de telefonía, telefonía móvil e internet, que no sólo son escasos, sino además deficientes. Más de la mitad del país no tiene acceso a estas tecnologías de la información, hoy concebidas como un derecho fundamental en el texto de la Constitución.

La culminación del proceso legislativo que hoy permanece estancado en el Senado, constituye un tema de la mayor urgencia, en el contexto del reconocimiento oficial, público y privado, de que nuestra economía se encuentra detenida, en perjuicio del bolsillo y la calidad de vida de todos los mexicanos.

Es evidente que hablamos sí, de una responsabilidad constitucional imputable al Poder Legislativo, en el entendimiento de un retraso ya configurado, con relación al mandato impuesto en los transitorios del decreto por el que se reformó el artículo 6º y otros de la Constitución en 2013 en materia de telecomunicaciones. Pero cuál es el alcance de dicha responsabilidad.

Los actos y omisiones de las autoridades pueden combatirse a través de los juicios de control constitucional, como el juicio de amparo, con el objeto de que el Poder Judicial conmine a la autoridad responsable a dejar sin efecto aquello que hubiera hecho en contravención de la ley, o en su defecto, para llevar a cabo aquello que indebidamente hubiera omitido realizar. Sin embargo, dado que el proceso para iniciar leyes constituye una facultad soberana del Legislativo, propiamente, el control constitucional contra la omisión legislativa es improcedente. En ese sentido, bien podemos decir que la responsabilidad constitucional por el incumplimiento de los plazos que comentamos, respecto de la expedición de las leyes secundarias de telecomunicaciones, no es sancionable sino políticamente, en las urnas. ¿A quien reprochar la omisión cuando la falta de acuerdo les incumbe a todas las fuerzas políticas?

Por eso, más que una responsabilidad constitucional, hoy hablamos de una responsabilidad de índole moral. La conciencia de que la falta de legislación secundaria de conformidad con la cual el Ifetel pueda cumplir con sus propósitos, le cuesta a los contribuyentes 200 millones de dólares al día, constituye una razón de peso más que suficiente para reprochar enérgicamente la lentitud con la que el proceso para la iniciación del debate tenga lugar.

El resultado perverso que produce un lento avance de la economía y el sostenimiento de un oligopolio dominante en un ámbito esencial de nuestra competitividad, el de las telecomunicaciones, al que los contribuyentes cautivos enteran un sobpreprecio que insulta, debe concebirse como un enérgico llamado para que el bien logrado cambio constitucional aterrice en las normas necesarias para su pronta implementación.