Opinión

La caída de Moreno Valle

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, está en barrena. Lleva una semana en reuniones en la ciudad de México con políticos y medios para explicar que en los enfrentamientos del 9 de julio en San Bernardino, Chalchihuapan, que provocaron la muerte de un menor de 13 años, no hay responsabilidad de sus policías que actuaron, asegura, de acuerdo con los protocolos establecidos. El gobernador está descontrolado y con la mira extraviada al tratar de salvar con explicaciones legales, un problema político.

Aspirante a la candidatura presidencial en 2018, para lo cual trabaja meticulosamente desde hace cuando menos dos años, Moreno Valle enfrenta el vacío de su partido y dirigencia –Gustavo Madero, el líder nacional, también quiere la candidatura presidencial–, pero sobre todo, la embestida del gobierno federal, a través del PRI, que han encontrado en la sangre vertida en Chalchihuapan una oportunidad para hundirlo. Los 54 senadores del PRI, la cámara que por decisión presidencial se encuentra bajo la responsabilidad del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, publicó este miércoles un exhorto en la Gaceta Parlamentaria que por el tono y el fraseo, es inédito en su virulencia.

Los senadores recuerdan que el 9 de julio la comunidad de San Bernardino se manifestó para solicitar al gobierno la restitución del Registro Civil en las juntas auxiliares, y que se liberara a 37 vecinos del municipio que fueron detenidos por oponerse a la construcción del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos. Pero la respuesta, añadieron, “deja de manifiesto la intolerancia, represión e inobservancia de los derechos humanos por parte del Ejecutivo de aquella entidad”. Y agregaron:

“Para dimensionar la gravedad de los hechos, es oportuno referir que durante el enfrentamiento que se prolongó por casi tres horas, alrededor de 100 personas sufrieron lesiones leves y tres más, incluido un menor de edad, lesiones graves. En el caso del menor, testigos de los hechos señalan que el impacto fue causado con una de las balas de goma con las que, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sometieron a los manifestantes.

“Los hechos se tornan aún más graves debido a que personal médico dio a conocer que después de que se le realizaran las pruebas de encefalograma y ultrasonido cerebral, el menor de edad fue declarado clínicamente con muerte cerebral y el 19 de julio falleció. Desde entonces, además del gran dolor que representa perder a un hijo, la familia del menor de edad ha recibido malos tratos por parte de autoridades del estado de Puebla”.

Si esos párrafos encierran en sí una acusación brutal por el lenguaje, los tres siguientes son de antología:

“Aunque el gobernador de la entidad ha manifestado que el deceso fue causado por un cohete utilizado por los propios manifestantes y no por un proyectil como los testigos y la madre del menor afirman, la realidad es que el menor de tan sólo 13 años murió a causa de la política criminal implementada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

“Es clara la inobservancia de los principios de: racionalidad, la fuerza será empleada atendiendo a los elementos lógico-objetivos en relación al evento; necesidad, el uso de la fuerza es la última alternativa; y proporcionalidad, la fuerza debe ser acorde con la amenaza
–características del agresor, antecedentes, armamento, resistencia u oposición–. Por el contrario, hubo un exceso en las actuaciones, mismos que deben ser investigados a profundidad sin injerencia del Ejecutivo de la entidad y sin mayor dilación.

“En el mismo sentido, lejos de proteger y servir a todas las personas de la comunidad, los elementos policiacos de Puebla han cometido actos irregulares y probablemente ilícitos, transgredido la integridad de la población y limitado la libertad; peor aún, quedan de manifiesto conductas que se traducen en la denigración del ser humano, abuso de autoridad, lesiones innecesarias y desproporcionales”.

Moreno Valle, que es un político con experiencia, debe entender que su problema no se detiene en los medios. El corazón está en la Presidencia de la República, que a través de la Secretaría de Gobernación movió a todo el grupo parlamentario del PRI en su contra. Desde el año pasado estaba en la mira del gobierno federal, luego de observar el gasto en obra pública que realizaba pese a la desaceleración económica y a que la Secretaría de Hacienda no había liberado el presupuesto.

Moreno Valle, el subproducto político más acabado en el entorno de la defenestrada líder magisterial, Elba Esther Gordillo, leyó correctamente que sus enemigos lo estaban cazando e hizo un repliegue táctico. Disminuyó su presencia fuera de Puebla, pero la PGR reactivó dos averiguaciones previas en el área de delincuencia organizada, que mantenía como opciones latentes contra él. Los acontecimientos en Chalchihuapan, donde hace más de un año existe un conflicto entre católicos respaldados por la organización parapriista Antorcha Campesina y evangelistas, fueron aprovechados rápidamente por el gobierno federal y el PRI, que quiere arrancarle el control de su futuro político.

Moreno Valle sabe que al enemigo, si no se le acaba, se le fortalece. Su problema es que Chalchihuapan le arrebató la iniciativa, lo aturdió, y lo dejó sin claridad sobre qué rumbo debe seguir, entregándose cada vez más, a sus enemigos.