Opinión

LA ALDEA: Presunto culpable

14 noviembre 2013 5:2

 
El documental que con este título retrató con crudo realismo los desatinos, deficiencias, carencias y torpezas del poder judicial en el Distrito Federal, está hoy sometido a múltiples procesos judiciales. Tres procesos son de orden civil, donde los demandantes exigen cantidades espectaculares de dinero –en un caso 3 mil millones de pesos- como indemnización a un supuesto abuso y daño moral por uso indebido de su imagen.
 
Una de las demandantes es la familia del fallecido personaje, que es el eje sobre el cual se construye el caso judicial que da pie a la película. La familia del personaje fallecido demanda que la fotografía de su hijo –presente en el filme- no fue autorizada por nadie.
 
 
Otro demandante es el inolvidable comandante judicial –extraído de película del Santo- quien afirma como testigo de cargo que Toño, el acusado, es culpable de asesinato. Este policía de octavo nivel, demanda que su imagen resultó perjudicada, perdió su empleo y su reputación personal fue dañada. Exige indemnización multimillonaria.
 
 
El tercer demandante es el primo del fallecido, quien también aparece brevemente en la película, y quien afirma que nadie le pidió autorización para usar su imagen.
 
 
Los directores y productores de la película, abogados Roberto Hernández y Layda Negrete, obtuvieron un permiso expreso por parte del Tribunal de Justicia del Distrito Federal para poder filmar en la sala de audiencias frente a la rejilla de prácticas, en el Reclusorio donde se desahogó la diligencia. Esas salas de audiencia y comparecencia son públicas, asisten familiares, abogados y representantes de acusados y reos, y también de testigos.
 
 
No existe Ley alguna en el Distrito Federal –no la había en ese entonces- que prohibiera el levantamiento de imagen para contenido de un documental, en cualquier juzgado capitalino. Los productores no violaron precepto alguno, ni cometieron ningún delito al filmar y levantar imagen para fines documentales en un lugar público, con los asistentes e implicados en ese proceso judicial.
 
 
Sin embargo alguien olfateó dinero como botín y el daño y perjuicio a los productores. La película tuvo éxito comercial en taquilla. Según cifras extraoficiales “Presunto culpable” pudo haber recaudado entre 65 y 70 millones de pesos, que a decir de los propios productores, buena parte de esa cantidad fue destinada a fundaciones, donativos, pago de servicios y equipos de producción. No es una cifra menor para una película de cualquier género de producción nacional, pero es una cifra récord e histórica para un documental nacional o extranjero.
 
 
Está claro que es el éxito comercial y el dinero que algunos suponen en las mismas cifras pero en dólares, el que motivó a los denunciantes y demandantes. Si algún juez –del mismo Poder Judicial del DF retratado por la película- considera en efecto, que la imagen, el prestigio o “el buen nombre” del comandante fue afectado por el documental, bien podría emitir un fallo que obligara a los productores a pagarle una cantidad considerable de dinero. Más aún, si algún juez o jueza como es el caso, aplica el criterio de sancionar a los productores por no haber obtenido autorización firmada de la familia de la víctima o de su primo, también podría fallar en contra de Roberto y de Layda.
 
 
Sin embargo, el debate de fondo es el de la Libertad de Expresión y el mensaje que se envía a cualquier documentalista, cineasta, investigador o comunicador de este país: si alguien retrata una realidad dolorosa, injusta, corrupta, ineficiente, indolente, ¿podrá ser castigado por los tribunales? ¿El aparato de justicia –en cuestión el señalado y retratado con precisa objetividad- acusará y sancionará a los productores por señalar sus deficiencias?
 
 
Hay indicios que señalan la asesoría, el patrocinio –se pagan cuotas de abogados- y la orientación jurídica que los demandantes han recibido para presentar sus demandas. Alguien se ha tomado el trabajo de diseñar la estrategia jurídica, convocar las voluntades y la participación de todos los involucrados. El presidente del Tribunal, Licenciado Elias Azar afirma que toda demanda debe ser atendida, y que él no conoce a los abogados de los demandantes.
 
 
Pero la evidencia, el tono recriminatorio de la juez para con los productores, la persecución de un tribunal consignado en una película, señala clara y manifiesta animadversión por parte del aparato de justicia capitalina. Se respira, aunque lo nieguen, una atmósfera de venganza en contra de quienes, “los pusieron en evidencia” ante millones de mexicanos.