Opinión

Jugarse la vida a diario

Ha pasado casi una década desde que se empezara a denunciar que las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa estaban rotas y que crecía la mordaza ante la violencia, la inseguridad y la necesidad que una guerra brutal entre los cárteles de la droga, donde sus soldados y sicarios eran policías federales, estatales y municipales, se hiciera en silencio. La lucha de casi 30 años contra el autoritarismo para ganar espacios de libertad fue una victoria efímera, frente a la fusión del narcotráfico con instituciones, y la mudanza del intento de control de la prensa de los gobiernos a los criminales.

En todos estos años, la retórica de los gobernantes ha sido la misma: respeto a la libertad de prensa y halagos a la libertad de expresión. En todo este tiempo el discurso oficial ha sido hueco y, aún más grave, las condiciones se han deteriorado. En el verano de 2006, quien esto escribe apuntó en una publicación de la Universidad de Harvard: “Los mercenarios del narcotráfico expandieron su zona de violencia de las ciudades fronterizas en el sur de Estados Unidos a lugares como Veracruz y Acapulco.

“El narcotráfico se expandió de los cinco estados (donde originalmente estaba) a los 32, donde se encuentra en plena operación. Esto ha creado olas de temor que se sienten aún en la ciudad de México, que anteriormente era inmune a esos peligros. Ningún periodista que se atreva a escribir sobre el narcotráfico debe sentirse seguro hoy en día, ya que el gobierno federal ha sido incapaz de detener esta cacería, por lo que esos periodistas se han convertido en enemigo de los capos de la droga”.

El problema hace ocho años era la debilidad institucional y la corrupción en el país. El problema en la actualidad, es el mismo. En su informe anual sobre libertad de prensa en el mundo, Freedom House, una ONG en Washington que desde 1941 se dedica a luchar por la expansión de las libertades en el mundo, dijo: “México sigue teniendo uno de los entornos más peligrosos en el mundo para los periodistas, debido a las batallas de los cárteles de las drogas, la decisión del gobierno de combatir a los grupos criminales con las Fuerzas Armadas, y la debilidad de las instituciones de seguridad pública”.

Freedom House reportó que los asesinatos y las desapariciones de periodistas disminuyeron en 2013, pero no hay porqué celebrar. Según el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) en Nueva York, tres miembros de la prensa fueron asesinados y uno más desapareció “en condiciones sospechosas” en 2013, aunque aclaró que no se había confirmado aún –cuando escribió su informe–, si se debía a motivos relacionados con su trabajo. En la última década, 16 periodistas fueron asesinados y uno más este mismo año.

La intimidación reportada en 2006 sigue en forma flagrante pero, a diferencia de aquel año, está más extendida. El año pasado se detonaron explosivos en las puertas del periódico Mural en Guadalajara, el séptimo que registra un miembro del Grupo Reforma desde 2010, segundo lugar en medios atacados durante ese periodo, detrás de Televisa. Periodistas y trabajadores de una estación de radio en Quintana Roo fueron asaltados por enmascarados. Zócalo de Saltillo se vio obligado a publicar un editorial para decir que no publicaría más noticias del crimen organizado, luego que su director fue amenazado, con lo cual se convirtió en el tercer periódico, junto con El Diario de Juárez y El Mañana de Nuevo Laredo, forzados a tomar esa decisión.

La realidad de la prensa mexicana no está entre las prioridades gubernamentales, si el parámetro es el discurso. El sábado pasado, el presidente Enrique Peña Nieto envió felicitaciones por separado a albañiles y periodistas para conmemorar sus días de festejo, en el primer caso, y para el gremio, de recordatorio de lo que no existe en este país. En su cuenta de twitter, el presidente escribió: “Mi reconocimiento a los periodistas del país que, en ejercicio de la Libertad de Prensa, contribuyen a formar un mejor México”. Ni un comentario más, ninguna referencia sobre siquiera un intento por ir construyendo mejores condiciones para el trabajo periodístico. Quizás no lo ve todavía, pero este es un tema que ha generado descrédito sistemático al gobierno mexicano en el exterior.

Una de las razones de ello es la impunidad. El CPJ tiene un Índice de Impunidad que calcula el número de asesinatos sin resolver de periodistas de acuerdo a la población de cada país. El Índice abarca el periodo del 1 enero de 2004 al 31 de diciembre de 2013, y coloca a México en el séptimo lugar, debajo de Irak, Somalia y Siria, que están en guerra civil; Filipinas y Sri Lanka, que enfrentan guerrillas, y Afganistán, un campo de batalla del terrorismo internacional. Oscuros compañeros de viaje de México, que deberían causar preocupación a nuestros gobernantes.

Las frases hechas y políticamente correctas no conducen a revertir la inseguridad en el ejercicio periodístico, que afectan la libertad de expresión y el derecho a estar informado. En muchas regiones del país, hacer un periodismo profesional es jugarse diariamente la vida. Política y éticamente esto es inaceptable. Pero la prensa de la calle está limitada en sus posibilidades y no puede hacer nada más que denunciarlo, ante la negligencia de las autoridades.