Opinión

Josefina y los 801 millones que reclama la ASF

     
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Josefina (Cuartoscuro)

Juntos Podemos, la organización encabezada por la panista Josefina Vázquez Mota, recibió el año pasado del gobierno mexicano 801 millones de pesos, según ha establecido el informe de la Cuenta Pública de 2016, emitido la semana pasada por la Auditoría Superior de la Federación.

Lo importante, sin embargo, no es que hoy queden confirmadas por la ASF las cantidades multimillonarias que la Administración Peña Nieto puso a disposición de una opositora (es un decir).

El informe de la ASF es relevante, porque respalda y abunda lo publicado por la reportera Dulce González desde hace un año: esos montos (a los que hay que sumar los 414 millones de pesos que en 2015 se le dieron a esa iniciativa encabezada por Vázquez Mota) fueron entregados de manera discrecional, no hay soporte legal sobre las actividades realizadas con ese dinero y, por tanto, no hay manera de establecer que se haya hecho buen uso del mismo.

A lo largo de doce páginas, la Auditoría establece sus hallazgos (irregularidades, habría que llamarles) y sus recomendaciones para el caso Juntos Podemos. Resumo algunos:

–Los seis Memorándums de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) que sustentaron la ministración de recursos no fueron homogéneos ni contaron todos con la revisión por parte de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

–No se proporcionó evidencia de la evaluación de los proyectos presentados por las organizaciones por parte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), antes de la autorización y asignación de los recursos.

–En los MOU no se encuentran indicados los beneficios directos ni las metas a alcanzar. Tampoco se estipularon las fechas límite para comprobar el ejercicio de los recursos.

–No se proporcionó información relativa a los criterios adoptados por el IME para la formalización de los MOU referidos con las dos organizaciones, y su designación fue discrecional, toda vez que fueron las únicas en recibir recursos.

Y, finalmente, mi favorita. Dado que los recursos terminaron en la panza de dos organizaciones dadas de alta en Estados Unidos –Integra Institute y Parents Alliance–, la Auditoría no puede investigar directamente el uso de los recursos, por ello solicitó a esos organismos, las patas que movían a Juntos Podemos de Vázquez Mota, reporte del destino del dinero público. Esto contestaron los colaboradores de Josefina:

“Señalaron que no era posible proporcionar la documentación solicitada toda vez que ‘…como organizaciones no lucrativas estadounidenses están sometidas al marco legal de Estados Unidos de América y a los mecanismos de rendición de cuentas de dicho país. (…) y que para el desarrollo de programas a favor de la comunidad mexicana en Estados Unidos de América se establecieron acuerdos de confidencialidad con otras organizaciones sin fines de lucro, por tanto, atendiendo al marco legal referido, la información debe clasificarse como confidencial (…) pues el hecho de revelar cierta información podría poner (…) en el supuesto de violar acuerdos de confidencialidad tanto con proveedores como con beneficiarios de los proyectos (…)’”. Opacidad total.

El IME tiene 30 días hábiles para responder a la ASF por esos 801 millones de pesos dados sólo en 2016 a Juntos Podemos.

Josefina, en cambio, será cuestionada de nueva cuenta en algunas semanas más, cuando (otra vez) regrese a la política.

Porque, contrario a lo que Vázquez Mota dijo hace unos meses durante la campaña electoral del Edomex, la ASF sí encontró un cúmulo de irregularidades y favoritismo (palabra mía) en los multimillonarios recursos que Peña Nieto (vía las SRE de Meade, Ruiz Massieu y Videgaray) le dio.

Twitter: @SalCamarena

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