Opinión

Javier Duarte debe ser investigado

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Javier Duarte de ochoca, gobernador de Veracruz. (Tomada de @Javier_Duarte)

Hasta la hora de cierre de esta columna no había confirmación oficial sobre si el asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte está relacionado con las amenazas que una de las víctimas, el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, había recibido en Veracruz, acoso gubernamental que le hizo tomar la decisión de abandonar en junio esa entidad.

Aunque sin mucha esperanza, toca dar a las autoridades capitalinas el beneficio de la duda para que pronto esclarezcan este homicidio múltiple, y procesen a los autores del mismo.

A pesar de la exigencia ciudadana para que se haga justicia a las víctimas, ojalá el procurador Rodolfo Ríos en este caso no sea tan rápido como cuando fue encontrado el cuerpo sin vida de quien fuera tesorero del PRD del Distrito Federal.

En menos de ocho horas, el fiscal de la ciudad decretó que esa muerte –un supuesto suicidio donde el fallecido decidió al mismo tiempo darse un disparo y colgarse– era caso cerrado, y que nada había en las pesquisas que no apuntara a la voluntad de un individuo por quitarse la vida. Que ese individuo fuera el encargado de las finanzas del partido en el poder en el DF, y que la muerte haya ocurrido en la víspera de las pasadas elecciones, no fueron razones suficientes para que el procurador Ríos creyera oportuno ir a fondo, dedicar algunos días a investigar, explorar varias hipótesis; nada, en pocas horas dio carpetazo al tema y así lo declaró a la prensa. Qué eficiencia. ¿O fue más bien instrucción superior?

Por ello, en este asesinato múltiple debe irse mucho más allá de las supuestas indagatorias que los señores de la PGJDF han anunciado que harán por robo y homicidio. Deben, para empezar y sin escudarse con pretextos sobre “competencias”, abrir una línea de investigación sobre Javier Duarte, quien cobra –pero no desquita– un sueldo como gobernador de Veracruz.

Javier Duarte debe ser investigado porque hubo denuncias en contra suya por parte del fallecido periodista. Tras abandonar aquella entidad, donde llevaba ocho años trabajando, el reportero gráfico creyó oportuno solicitar apoyo al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Evidentemente, ese mecanismo de la Segob no le dio la debida importancia a las amenazas que Rubén recibió en Veracruz. Según al sitio Sinembargo, gente que él identificó como colaboradores del gobierno veracruzano le advirtieron que terminaría como Regina Martínez, la corresponsal de Proceso asesinada en 2012.

El vínculo del crimen en la Narvarte con las amenazas contra el fotorreportero, insisto, está por probarse, pero lo que es una realidad más que probada son las condiciones de acoso, intimidación y muerte que reinan en Veracruz, entidad que ha visto morir violentamente a 12 periodistas durante el periodo –que no gobierno, pues un gobierno se supone que busca el bienestar de la sociedad– de Duarte.

Esas amenazas, que sobra recordar que constituyen en sí mismas un delito contra la libertad de expresión, son reales. Tanto que obligaron a Rubén Espinosa Becerril a salir de Veracruz.

Que haya en México un estado donde el gobernador es acusado reiteradamente de alentar un ambiente de acoso contra la prensa crítica, donde han asesinado a una docena de periodistas, y donde reporteros tienen que tomar la decisión de exiliarse o jugarse la vida, es algo que de ninguna manera debería tolerarse. Es un crimen por sí mismo.

Duarte debe rendir cuentas ante un juez por las amenazas que Rubén recibió, y por el desgobierno que padecen los veracruzanos.

Nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer justicia.

Twitter: @SalCamarena

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