Opinión

Jaque a un virrey del sur

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El entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el presidente Municipal de Tixtla Gustavo Alcaraz Abarca, cuyo hermano fue asesinado en enero de este año, disfrutan durante un desfile en agosto de 2013. (Archivo/Cuartoscuro)

“En Guerrero se apareció el diablo. Ya todos lo saben. Ahora sólo falta ponerle cara a ese diablo”. Con esta frase, el 27 de noviembre pasado un experimentado priista ofrecía una válvula para despresurizar la crisis en la que estaba (está) el gobierno federal.

El demonio había hecho de las suyas en Guerrero, y para que no terminara por chamuscar a toda la clase política, lo pertinente –decía ese priista– era que se decidiera quién era el causante de los problemas, que se le pusiera rostro, pues.

Esta semana se le puso nombre y apellido. Quién sabe en qué medida fue él el que la hizo, pero el diablo que la va a pagar lleva por nombre Ángel Aguirre Rivero.

El gobierno federal, que no se ha atrevido a dar a conocer los resultados de la investigación sobre los autores de la corrupción que posibilitó los desastrosos efectos de la tormenta Manuel en septiembre de 2013, justo esta semana se ha dado por enterado de que en la administración de Aguirre Rivero algo olía mal.

Tan sencillo que habría sido atender el reportaje de Sinembargo.mx publicado en noviembre de 2011, donde del principal detenido en la redada contra Aguirre se dice:

“Entre los familiares de Aguirre brilla uno: Carlos Mateo Aguirre Rivero, nombrado coordinador general del Ejecutivo estatal, con número de nómina 48 mil 128. Carlos Mateo es una especie de vicegobernador, dicen fuentes locales. Es ‘el número dos de la entidad’ (…) A Carlos Mateo le llaman el ‘Sr. Diez Por Ciento’, por la influencia que ejerció en materia de contratos durante la primera administración estatal de su hermano, según consta en investigaciones reveladas por El Sur de Acapulco”.

Imposible no ver en el anuncio de la PGR del martes una jugada a tres bandas por parte del presidente Enrique Peña Nieto: debilita al PRD rumbo a las elecciones, manda una señal de fortaleza en medio de cuestionamientos sobre su capacidad de acción y le echa una mano a José Murat, quitándole algo de la visibilidad al escándalo protagonizado por el oaxaqueño luego de las revelaciones inmobiliarias de The New York Times.

Y, claro está, al remover las fichas de Aguirre el gobierno federal podría además anotarse puntos en torno al caso Iguala. No necesariamente porque el exgobernador y su grupo pudieran estar directamente ligados con lo ocurrido a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa, sino porque parte del reclamo social ha sido que la tragedia se incubó en parte por la tolerancia que se tuvo, desde la secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, con un desgobierno sistémico.

Aguirre sí que no entendió que no entendía. No entendió que si su caída tardó tanto en darse fue sólo gracias a la dispensa que por amistad le tuvo el presidente Peña Nieto, quien siempre lo defendió de las críticas del gabinete.

Y ya defenestrado, no entendió que no debía jugarle las contras a la administración federal, a la que quién sino él intentó exhibir cuando fueron filtrados a medios de la ciudad de México datos y mensajes de la inacción de la PGR en casos de secuestro que le derivó la fiscalía guerrerense en tiempos de Aguirre.

El Peña Nieto pragmático está de vuelta. Varios observadores le habían pedido señales de que operara como antes. ¿Qué tal como una primera muestra de renovado poder presidencial este jaque a uno de los virreyes del sur, herido de muerte política desde el 26 de septiembre aunque él siempre se negara a reconocerlo?

En Guerrero, al diablo ya le pusieron rostro.

Twitter: @SalCamarena

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