Opinión

Intervendrá la fuerza pública en Oaxaca y Chiapas

    
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Istmo. Alrededor de 800 mil personas, en 400 comunidades, están siendo afectadas ante el desabasto en Oaxaca. (Especial)

Es cuestión de horas para que la fuerza pública federal y estatal intervenga en Oaxaca y Chiapas para liberar las carreteras que tienen tomadas los profesores de la CNTE y organizaciones locales afines, que han provocado el desabasto de insumos y combustibles en esas dos entidades y que no únicamente afecta a los sectores productivos de la región, sino a más de un millón de moradores que se encuentran en extrema condición de marginación.

Fuentes oficiales de la Segob, que prefirieron guardar el anonimato, confiaron lo anterior a este columnista. El reclamo generalizado de los oaxaqueños y chiapanecos por regresar a la normalidad ha subido de tono al grado de que tuvo que intervenir la propia Secretaría de Gobernación, al recibir a los líderes de los comerciantes de la capital oaxaqueña, quienes exigieron que intervenga el gobierno de la República para recobrar las plazas públicas y carreteras que están bajo el control de los rijosos.

Las tácticas dilatorias que han emprendido los negociadores de la CNTE en Gobernación, sólo han servido para recrudecer el problema de desabasto y, no obstante la buena voluntad que existe en el gobierno federal, lo cierto es que poca cosa se pueda hacer ante el pliego de peticiones que contiene demandas absurdas como la liberación de los dirigentes de la Sección 22 que están recluidos, entre ellos sus dos principales cabecillas, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos, o la marcha atrás de la reforma educativa.

Ya lo había dicho un líder de los profesores al principio del sexenio: es imposible negociar con grupos antisistémicos. Es un error pretender aquietarlos en las mesas de negociación cuando lo que pretenden es la ingobernabilidad y atentar, incluso, contra la paz social.

Así, alineados, la CNTE, Morena y otras agrupaciones que postulan derrocar al gobierno, han emprendido una serie de tareas en varias entidades del país, incluyendo la Ciudad de México, con el fin de convencer a la ciudadanía de la incapacidad que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto para gobernar el país; sin embargo, lo que no han considerado es que la cuenta regresiva para restablecer el orden ha iniciado.

Cabe destacar que las afectaciones en Oaxaca por las protestas de la CNTE son para la iniciativa privada del orden de mil 700 millones de pesos, de acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial. Tan sólo en el sector Turismo, las pérdidas representan 1.7 millones de pesos diarios en la ciudad capital, donde actualmente hay una ocupación hotelera de apenas 5 por ciento, es decir, 300 cuartos de 6 mil disponibles.

En este estado los bloqueos de carreteras por los maestros disidentes han llevado al desabasto de alimentos y productos básicos que afectan a 1.5 millones de personas de 48 municipios, según ha informado el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade.

En Chiapas, el sector industrial ha condenado los actos de la CNTE como la retención de tráileres, saqueos, el cierre de gasolineras, y el impedimento de la entrada de gas y gasolina a la capital del estado.

Segundo extraordinario. En medio de desacuerdos y reclamos por el veto presidencial al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que hace un par de semanas fue aprobada por el Congreso de la Unión, senadores y diputados de la Comisión Permanente acordaron un nuevo periodo extraordinario para revisar las observaciones y motivaciones que dieron pie a que la referida ley regresara para ser enmendada por el Poder Legislativo antes de que ésta propuesta ciudadana adquiera vigencia.

En general, durante la sesión plenaria de la Comisión Permanente, los legisladores coincidieron en señalar su acuerdo para celebrar el nuevo periodo de sesiones que iniciará el 5 de julio en el Senado y el 6 de julio en la Cámara de Diputados, pero las diferencias en cuanto al contenido de la iniciativa en materia de anticorrupción una vez más quedaron de manifiesto entre las alianzas que se han formado al interior de las cámaras legislativas, PRI-PVEM-PANAL y PES por un lado y PAN-PRD por otro, donde los de Morena, PT y MC van solos, pero en contra de las observaciones del Ejecutivo federal.

Los reclamos no quedaron únicamente en torno al artículo 32, una vez más el debate alcanzó el contenido del artículo 29, que propone que las tres declaraciones, patrimonial, fiscal y de intereses, sean públicas, aunque las observaciones del Presidente no consideraron esos argumentos y la convocatoria se centrará en el análisis y posible aprobación de la 3 de 3 en lo relativo a la precisión de quiénes serán sujetos a dichas normas de transparencia y rendición de cuentas, además de los servidores públicos.

Agotada, incompleta, absurda, fortalecida o robusta, muy pronto sabremos cómo queda la reglamentación, objeto del veto presidencial.




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