Opinión

Instituciones

27 octubre 2017 5:0
 
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Fepade

Una de las frases hechas del sistema político mexicano, afirma que las instituciones son más importantes que las personas a cargo de ellas. No lo creo. En la mayoría de las organizaciones que funcionan existe una combinación de reglas claras y personas comprometidas en aplicarlas por el bien común.

Argumentar que el despido del fiscal responsable de investigar los delitos electorales en el país no perjudica a la Procuraduría, o al gobierno mexicano en su conjunto, es tratar de engañar a los ciudadanos.

Tristemente, se ha hecho costumbre que las decisiones políticas estén por encima de casi cualquier acto de las instituciones; pero incluso en esas circunstancias, quienes pensaron que era más sencillo retirar al fiscal que respetar su trabajo, fueron demasiado lejos.

Primero, porque la crisis de confianza en el sistema político es la más grave en mucho tiempo y de manera acelerada está transformándose en molestia social. En un escenario así, el voto de castigo o el voto para derribar el orden actual, siempre crecen.

Segundo, en la antesala de unas elecciones muy competidas, estamos en un vacío institucional peligroso, que puede llenarse no sólo con descalificaciones sobre el proceso, sino de una competencia de poderes de facto por dirigir a la nación.

Aun cuando se detenga la investigación acerca del papel de Odebrecht en México, los procesos judiciales en todo el continente seguirán presionando para que aquí se actúe. Ahí sí, no se trata de quién es el fiscal, sino de la fortaleza que tenga la institución para continuar con este caso.

Sin embargo, designar a un funcionario para entorpecer o de plano detener las averiguaciones, acabará con la poca credibilidad en esa Fiscalía, en la PGR y en la futura Fiscalía que el sistema político quiere para el futuro. Es decir, no será útil para nadie.

Es importante recordar que en la mayoría de las evaluaciones internacionales que se le hacen a México, el principal pendiente es garantizar el estado de derecho, seguido del combate a la corrupción. No es coincidencia que un factor aparezca siempre antes que el otro. Si no hay seguridad jurídica, sólo queda la aplicación discrecional de la ley. Y ese es un sistema que está al servicio del mejor postor.

Lo que verdaderamente está en juego con la salida de Santiago Nieto, la falta de un procurador general y la ausencia de voluntad política para nombrar un fiscal que sirva a la sociedad, son las posibilidades de que este país progrese o se quede estancado por décadas.

La sociedad civil organizada puede tener la última palabra. 

Twitter: @LuisWertman

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