Opinión

Ingenuidad para combatir la corrupción

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La crisis interna del PRD podría reflejarse en los próximos comicios, advierten. (Archivo/Cuartoscuro)

Mientras se discute la creación de un sistema nacional anticorrupción en el Congreso, las campañas electorales empiezan como siempre: actos anticipados fuera de ley, financiamiento ilegal de muchas de ellas, así como el eventual rebase de los topes de gasto. Se estima que un candidato exitoso a gobernador requiere gastar 550 millones de pesos en promedio, cuando el tope legal es de 40 o 50 millones en promedio. En consecuencia, cada gobernador electo debe –aun antes de iniciar su mandato– varios cientos de millones de pesos de fondeo ilegal. [1]

Mientras se afinan los últimos detalles de la nueva Ley Federal de Transparencia en el Senado, el diario The New York Times publica que el exgobernador de Oaxaca posee propiedades de varios millones de dólares en Nueva York (inexplicables por sus ingresos como servidor público). Mientras el PAN anuncia en sus spots que va con todo contra la corrupción, ese partido registró como precandidato a alcalde de Querétaro al diputado Marcos Aguilar, señalado varias veces como operador del cobro de “moches” en la Cámara de Diputados.

Mientras el PRD exige una comisión de investigación paralela sobre los conflictos de interés, Mauricio Toledo –su delegado en el Distrito Federal que pidió licencia para ser candidato a diputado local– es acusado de más actos de corrupción como cobrar diezmo a sus colaboradores sin que el gobierno lo investigue y su partido detenga sus aspiraciones políticas.

Mientras unos prometen un futuro de menor corrupción a partir de nuevas leyes, otros delinquen a campo abierto sin que haya consecuencias. Mientras el Congreso se embelesa con la fantasía que nos persigue desde el siglo XIX de que nuevas leyes cambiarán los hábitos de los mexicanos, otros aprovechan la impunidad para corromper cada vez a más velocidad y con más descaro.

“Están envalentonados”, me decía un legislador capitalino respecto a los niveles de corrupción en el gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones. Cada vez más funcionarios de todos los niveles la practican sin que el jefe de gobierno haga algo para detener el robo y el abuso a manos llenas. Lo mismo ocurre en otros gobiernos estatales y poderes de gobierno.

Frente a la realidad galopante, hay mucha ingenuidad cuando se espera que un sistema nacional anticorrupción pueda cambiar por sí mismo una realidad que empeora día tras día. Que se legisle es un paso en la ruta correcta pero su impacto será limitado si antes no se toman otras medidas concretas. Por ejemplo, no se requieren nuevas leyes para dar seguimiento a las investigaciones en marcha en contra de exgobernadores, ni tampoco para asegurar que los desvíos de recursos que detecta la Auditoría Superior de la Federación sean castigados.

Pero además de eso, es necesario reconstruir los incentivos para que los congresos recobren su función de vigilantes, para que sean los diputados los más interesados en revisar cómo se ejerce el gasto público. Ello implica recortar los flujos de recursos que han adormecido y cooptado a sus miembros, entre ellos sueldos excesivos, dineros discrecionales, “moches”, facultades de etiquetación. Hacerlo no requiere reformas sino la decisión de sus órganos directivos de ejecutar una decisión administrativa. Difícil que lo hagan en año electoral porque algunas campañas se financian justamente con dinero que se obtiene de los grupos parlamentarios.

Lo mismo ocurre respecto a los medios de comunicación. Para recomponer su función de alertas sociales para denunciar la corrupción, se deben reducir las cantidades ingentes de dinero oficial. Se necesitan medios que vivan de sus lectores, no de los directores de comunicación social de los gobiernos. Transitar hacia medios profesionales que respondan al interés público es una ruta muy conflictiva porque implica la muerte de muchos panfletos y publicaciones sin lectores, pero que han contaminado el mercado.

Asimismo, es urgente atacar el problema del financiamiento paralelo e ilegal de campañas políticas que ha disparado la corrupción a niveles inéditos. Combatir la corrupción requiere romper el círculo vicioso y ascendente de campañas caras que requieren financiamiento ilegal y luego pagarlas desde los gobiernos mediante obra pública, permisos chuecos o malversación de fondos públicos. No hay forma de contener el problema de la corrupción sin antes revisar el financiamiento de las campañas.

Por último, es necesaria una reforma del gasto público. Sin ésa, no será posible contener la corrupción. El gasto se ha convertido en un pretexto para el clientelismo de algunos grupos políticos para medrar con los impuestos y alimentar burocracias e intermediarios que poco hacen en beneficio de la sociedad pero que corrompen el proceso político, la licitación de obra pública, los programas sociales. La Secretaría de Hacienda ya ha dado el primer paso al anunciar que habrá presupuesto base cero a partir de 2016.

Contener la corrupción es más un asunto de castigo que de nuevas leyes. Con las actuales, imperfectas como son, se podría hacer mucho para combatirla, pero la verdad es que el problema de complicidad colectiva nubla cualquier intento por sancionar el peculado o el cohecho. Ahora que se discute el nuevo sistema anticorrupción, mucho bien haría que a la par de aprobar nuevas leyes, se exija a las autoridades dar cuenta de los expedientes abiertos y que el propio Congreso limpie su casa y dé el ejemplo.

Ejercer esos castigos requiere determinación política, algo sumamente escaso en México hoy. Si se empieza hoy, todavía habrá margen de maniobra. Si se espera que las nuevas leyes resuelvan el problema de incentivos por sí mismas, será muy tarde y la corrupción sin límite puede convertirse en la mayor fuente de inestabilidad política en el México moderno.

[1] Luis Carlos Ugalde, ¿Por qué más democracia significa más corrupción? Nexos, febrero 2015.

Twitter: @LCUgalde

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