Opinión

Informar fortalece a las instituciones

 
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adultos

Una sociedad informada, mejora su debate público y eleva las probabilidades de generación de bienestar. Por lo tanto, es imprescindible asegurar las condiciones institucionales, culturales y sociales necesarias para garantizar el acceso a la información.

En este mismo orden de ideas, para los grupos sociales en condición de desventaja, el derecho a saber puede ser la diferencia entre el acceso o no a un programa de ayuda, la obtención o no de un servicio, conocer o no proceso pensado a su favor. Y, desde luego, puede representar un insumo esencial para impulsar políticas públicas que les generen mayor inclusión y equidad. La información evita invisibilizar a estos demográficos o normalizar su condición desfavorable. Por lo tanto, lo que tiene en juego la población vulnerable es más y por eso debe ser objeto de acciones afirmativas por parte del gobierno y las instituciones para lograr su avance e integración.

Ejemplificaré lo anterior con dos casos que nos ha tocado analizar recientemente en el INAI. El primero de ellos compete al demográfico de los adultos mayores. Una particular requirió al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) información sobre los avances del Programa de Vinculación Productiva que actualmente está en marcha en Tijuana, Baja California, así como algunos criterios de operación, datos de contacto y estadísticos.

La dependencia respondió en tiempo, pero sólo refiriendo al lugar donde está la oficina encargada del programa y los datos de contacto del servidor público responsable. Como consecuencia, la solicitante se inconformó y, en respuesta a esto y a la intervención del INAI, el Inapam incorporó la información que había omitido en su respuesta original.

El otro caso es el de un particular que pidió al Instituto Nacional de Migración (Inami), entre otros puntos, los criterios de aplicación de resguardo de las personas que son canalizadas a las estaciones migratorias y que solicitan asilo, así como el número de personas que ingresaron a México, el número de personas que solicitaron asilo, y a las que se les concedió la condición de refugiados de 2010 a 2016. Si bien la dependencia contestó algunos de los incisos de la solicitud de información, justamente los arriba presentados, no. Sólo se limitó a reorientar al ciudadano a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y a la Secretaría de Relaciones Exteriores al considerarse incompetente para responder. Al analizar el caso, el INAI se percató de que el Inami tenía las facultades y la posibilidad de ofrecer completa la respuesta.

Ambos casos expuestos tienen en común dos asuntos: que las dependencias dieron una respuesta parcial y que estaban en condición de ofrecer la información que faltaba. Esto opera en contra justamente de lo que como sociedad debemos evitar: el pensar que el acceso a la información es opcional, o parte de un trámite y no un deber por ley y de primer orden de importancia. Ahora bien, no quiero decir con estos ejemplos que estas situaciones no se den en otras dependencias, hay casos incluso de mayor hermetismo y opacidad; no obstante, cuando se trata de instituciones encargadas de servir específicamente a grupos vulnerables, sus esfuerzos deben ser mayúsculos si realmente queremos como sociedad avanzar hacia la nivelación del desarrollo de la población.

Parte especial de la vocación de servicio de estas instituciones debe residir justo en esa búsqueda más allá de lo que está a la mano, de lo inmediato burocrático, porque una parte importantísima del avance de nuestra democracia está apostada ahí, en la luz que pueden ofrecer sus archivos, sus investigaciones, sus oídos y atención a la ciudadanía a través de la transparencia. Nos corresponde a todos no quitar el dedo del renglón.

La autora es Comisionada Presidente del INAI.

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