Opinión

INEGI y la politización de la pobreza rural

 
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Pobre. (Cuartoscuro)

El pasado 15 de julio inició un fuerte debate entre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), encargado de realizar las estimaciones de la pobreza en México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) encargado de información estadísticas nacionales. La polémica se originó porque el INEGI modificó en forma arbitraria la metodología para el levantamiento de información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, para lograr una mejoría en la “captación de ingresos sobre todo en los deciles más bajos”, es decir, entre la población más pobre. Con esta encuesta, el CONEVAL debía calcular la pobreza en 2015.

La modificación fue motivo de reclamo, tanto de CONEVAL como de organizaciones civiles, por varios agravantes: en primer lugar, CONEVAL señala que cambiar la metodología fue una decisión unilateral del INEGI a pesar de tener un convenio suscrito en el cual ambas entidades deben ponerse de acuerdo, pero lo más grave está en el hecho de que los datos 2015 no son comparables con el mismo módulo de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de años anteriores, lo que significa que no podremos saber si la pobreza aumentó o disminuyó, con esto se pierde la capacidad para analizar y evaluar las políticas públicas y las políticas sociales, porque no habrá puntos de comparación.

Este tema de filigrana estadística ha provocado también (o quizá fue la intención) que algunos actores aprovechen la ola para manipular la información, por ejemplo, que el gobierno saliente de Puebla diga que lograron reducir la pobreza en el último año (información falaz porque justamente la información no es comparable con años anteriores), o que otros medios hagan “cálculos propios” para decir que 10 millones de personas dejaron las filas de la pobreza.

Lo que si consta, a quienes trabajamos con hogares rurales que viven en pobreza extrema, es que las condiciones socioeconómicas no han cambiado en los últimos años y que el impacto de los servicios financieros introducidos en estas regiones es gradual, lento y tiene un límite, en ausencia de otros detonadores del crecimiento local.

Las microfinanzas permiten a los hogares más pobres iniciar el proceso de reducción de vulnerabilidad con base en ahorro y crédito, y con ello pueden mantener cierto nivel de consumo, aunque en realidad las economías locales siguen y seguirán estancadas si no se derriban otras barreras estructurales, tales como la falta de infraestructura, de conectividad, la inseguridad, el rezago educativo, la ausencia de capacidades y apoyos para la organización económica, el abandono de los programas de subsidios para la producción, acopio y comercialización, que impulsen la formación de cadenas de valor; así como la ausencia de la banca de desarrollo, al tiempo que se mantiene una apabullante avalancha de apoyos asistenciales, ya sea en forma de transferencias condicionadas al ingreso, apoyos en especie o apoyos tipo pensión, que son paliativos que únicamente permiten administrar el nivel de subsistencia.

Lo anterior lo constatamos empíricamente, por ejemplo, en el caso de los Altos de Chiapas, en comunidades con 99% de población indígena y entre un 80% y 90% de hogares en pobreza extrema, el saldo de ahorro per capita en 2013 fue de $494.58, en tanto que para 2014-2015 fue de $416 y $417 respectivamente. Por su parte, el crédito promedio se ha mantenido en $5,136 en los tres últimos años. Si bien nuestras evaluaciones muestran que las familias han dejado de solicitar créditos de emergencia pues mantienen una disciplina de ahorro constante y un fondo solidario que les permite hacer frente a gastos inesperados, lo que también es cierto es que los montos de ahorro no aumentan, debido a que no hay más ingreso. Un caso paralelo ocurre con el crédito. El crédito productivo requiere inversiones más grandes, pero en ausencia de una política seria de desarrollo territorial que derribe las barreras señaladas, es un altísimo riesgo para la gente y para las instituciones financieras.

Por lo anterior, no queda claro cómo el INEGI logro mejorar los ingresos en los primeros deciles, toda vez que la realidad, al menos en la parte rural, se mantiene igual o incluso empeora como en el ejemplo de Chiapas, en donde desde noviembre de 2015 muchas de estas regiones cafetaleras afectadas por la roya interrumpieron el ahorro semanal y aumentó la migración debido precisamente a la falta de empleo e ingreso.

Por lo tanto, el INEGI está obligado ante la sociedad a recomponer la información para la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2016, hacerla comparable con años anteriores y que los datos permitan al CONEVAL hacer mediciones sobre pobreza confiables que además, estén en sintonía con lo que se observa en campo, porque la política social y la política económica es lo que a todas luces no funciona y es ahí donde hay que hacer mejoras urgentes.

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