Opinión

Incentivos para denunciar a los corruptos

 
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Jorge Morales Borbón, secretario de Cpmunicación en el gobierno de Guillermo Padrés. (Especial)

La detención de Jorge Morales Borbón, titular de Comunicación Social de la administración del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, acusado por el delito de extorsión, es un ejemplo paradigmático de lo difícil, casi imposible que es investigar y eventualmente enjuiciar a funcionarios que podrían estar vinculados con actos de corrupción.

En conferencia de prensa, el fiscal anticorrupción de Sonora, Odracir Espinoza, señaló que a Jorge Morales se le acusa de extorsionar a tres empresas privadas y a dos particulares, pidiendo dinero para asegurar que el gobierno de Sonora pagara los adeudos que le debían a estas personas y empresas por servicios proporcionados al estado. Adicionalmente, Morales estaría enfrentando acusaciones por otros delitos incluyendo enriquecimiento inexplicable, asociación delictuosa, cohecho y peculado.

Lo interesante de este caso es que apariencia podría pensarse que es un caso clásico de personas que pagan a funcionario público para recibir contratos del estado, o sea “corruptores-corruptos”.

O sea que para bailar tango se requieren dos.

Pero con la acusación de extorsión, la relación cambia a “víctima-victimario”. Las víctimas argumentan que sintieron la necesidad de pagar lo que en este caso es una “extorsión”, no “corrupción” porque de no recibir lo que les adeudaba el estado podría tener un impacto catastrófico en sus empresas.

O sea que los forzaron a bailar tango.

Según el Código Penal del estado de Sonora, por el delito de extorsión el exfuncionario podría ir a la cárcel por cinco o 15 años, además de que se le exigiría la reparación del daño.

Lo que exigen las “víctimas” es que se les devuelva el dinero que tuvieron que desembolsar para que el estado les pagara sus adeudos.

Quiero ser clara que no estoy necesariamente criticando el actuar de las víctimas, al contrario, abre una avenida muy interesante para perseguir a los corruptos. Ahora son extorsionadores.

También es interesante aplicar este caso a otras situaciones. Por ejemplo, si un policía nos detiene en una avenida y amenaza con llamar a la grúa si no le damos una propina, después de pagar para que no se lleven nuestra carcacha al corralón, ¿podríamos acusar al poli de extorsionador y exigir que nos devuelva nuestro dinero? El no tener el auto afecta nuestro patrimonio y nuestra vida familiar, porque no llegaría a trabajar y recoger a los niños en el colegio.

Aunque en este ejemplo podrían detectar un tono de sarcasmo, la verdad es que uno de los problemas fundamentales que impide la persecución de los corruptos es que no hay incentivos de denunciar, de colaborar y, sobre todo, de dejar de pagar mordidas.

Si a los corruptotes en México, no los pueden sancionar penalmente, menos posibilidades habrá que persigan a los que pagan y facilitan los sobornos.

En México lo más que puede aspirar la sociedad en este momento es que haya sanciones administrativas y sociales. Seguramente los corruptos de este país tiemblan ante la posibilidad de que los inhabiliten y no puedan ejercer un cargo público o que a sus hijos los dejen de invitar las quinceañeras. De hecho, estas sanciones son transitorias. Lo increíble es que no les tocan ni los bolsillos. Es raro, casi inédito, que el dinero malhabido, sea regresado al erario público o se les exija que paguen impuestos por estos fondos. Grrrr.

Por eso urge crear los incentivos penales, fiscales y sociales de denunciar, proporcionar información y sobre todo dejar de pagar a los corruptos.

En sistemas penales como el de Estados Unidos, se crearon mecanismos para incentivar a los criminales para que proporcionen información en contra de los demás, particularmente a sus jefes, a cambio de reducción de pena, o asegurar que no enfrenten prisión. O sea, una buena investigación podría empezar con la detención de los secretarios privados, de funcionarios administrativos, jefes de unidad, quienes después proporcionarían información en contra de los presidentes municipales, secretarios, gobernadores, y sí, inclusive al mismo presidente. ¿Pero sin incentivos reales, quién se va a arriesgar?

Otra figura es la del informante o soplón whistleblower, que son funcionarios que buscan denunciar a la institución o a funcionarios que protegen a los informantes federales que trabajen para el gobierno y reporten conductas inapropiadas de sus agencias, protegiéndolos si se toma (o amenaza con tomar) represalias personales contra éstos por información revelada por ellos. Los informantes deben presentar quejas con evidencias razonables de violaciones, malos manejos administrativos o malversaciones de fondos o abuso de autoridad.

La realidad es que el éxito de cualquier investigación de esta índole dependerá de que las “víctimas” denuncien o que los subalternos, también corruptos, sientan la necesidad de colaborar. Así de sencillo.

Twitter:@Amsalazar

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