Opinión

Impunidad, maldita impunidad

 
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Cámara fotográfica Canon. (Eladio Ortíz/Archivo)

Esta semana se conmemora el “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, que nos permite de nuevo recordar las horríficas cifras de la impunidad que reina en el país.

En México ocurre uno de cada tres asesinatos de periodistas que se documentaron en el Continente Americano, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), que revela que desde el año 2010 hasta la fecha fueron asesinados 150 periodistas y trabajadores de la comunicación. Del total de asesinatos, según cifras de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 55 de estas muertes ocurrieron en México, 28 en Honduras, 25 en Brasil, 11 en Colombia, 9 en Guatemala, seis en Perú y cuatro en Paraguay.

De nuevo México impone récord en cuestiones de violencia. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) asegura que México es el quinto país con más asesinatos de periodistas en el mundo.

Pero también en estas cuestiones, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) nos recordó esta semana que 90 por ciento de los casos de asesinatos contra periodistas quedan impunes.

Pero este dato no debe de sorprendernos. El Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) mostró que México se encuentra en segundo lugar –de 59 países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas– entre los países más corruptos y con mayores niveles de impunidad.

El director de la Oficina para México y Centroamérica de la organización que protege a periodistas, Artículo 19, dijo que la violencia en contra de los periodistas es una “situación de emergencia nacional”.

Datos de la organización destacan que, entre 2005 y 2015, 89 periodistas fueron asesinados en México.

El organismo también reveló que el estado de Veracruz es el más peligroso para ejercer el periodismo, seguido por Chihuahua, con nueve casos; ocho casos en Oaxaca, siete en Guerrero; Tamaulipas registra seis; cuatro casos en Sinaloa y Michoacán, los estados de Coahuila y Durango con tres, el Distrito Federal, el Estado de México, Nuevo León y Sonora con dos y Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco, Quintana Roo y Zacatecas con uno.

En cualquier otro país, las extraordinarias presiones y señalamientos internacionales sobre el asesinato de periodistas moverían a un gobierno a tomar pasos extraordinarios. Pero en el caso de México simple y llanamente el gobierno no puede o no quiere resolver los asesinatos de periodistas en el país. ¿Será por la participación de las autoridades en estos asesinatos? Según el director de Artículo 19 en México, Gabriel Sosa, en 2014, el 48 por ciento de ataques contra periodistas fueron llevados a cabo por autoridades. ¿O será la percepción de que algunos periodistas asesinados tenían vínculos con los grupos del crimen organizado? O simple y llanamente el manejo de los casos de los periodistas asesinados refleja la incapacidad o indolencia del gobierno federal y estatal de todas las víctimas del crimen en este país.

Y esto nos lleva al problema de los políticos vinculados al crimen organizado, ya sea por beneficio o por temor. El arresto en Morelos del alcalde de Cocula, Erick Ulises Ramírez Crespo, reuniéndose con el presunto líder de los Guerreros Unidos, Adán Zenen Casarrubias Salgado, junto con el supuesto asesor jurídico del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Eloy Flores Cantú, es un recordatorio de lo difícil de este problema para el gobierno federal. Las fuerzas federales encontraron a los sujetos en posesión de un arma larga, una corta y un paquete con cocaína. Erick Ulises Ramírez Crespo fue arraigado por 40 días, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

No sé si con la medida cautelar promovida por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se podrá comprobar la relación con pruebas de la probable vinculación del alcalde con el presunto líder de los Guerreros Unidos.

Pero lo que sí es claro es que la capacidad de estas organizaciones criminales de operar depende de su capacidad de corromper o intimidar a las autoridades, especialmente las locales. No es cuestión de recursos, ni de capacitación, ni de instituciones. Todos los esfuerzos de reducir la violencia y la capacidad de las organizaciones criminales dependerá de la voluntad del gobierno federal de romper el vínculo entre los criminales y los gobiernos.

Twitter:@Amsalazar

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