Opinión

Impunidad, el corazón del caos

Ninguna sorpresa constituyen las conclusiones del reporte especial que sobre la situación de México ha publicado Cristof Heyns, relator especial de las Naciones Unidas sobre “ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias”. No es una sorpresa para una sociedad que se ha venido acostumbrando a la violencia y a la inseguridad cotidianas, que paulatinamente se insertó como “natural” en su realidad en un lapso brevísimo. Sorprende sí y espanta, lógico es, a cualquier observador externo.

El documento contiene cuatro conclusiones y treinta recomendaciones, pero el texto establece una premisa que resulta fundamental, todo lo demás es derivado. El relator señala de manera contundente lo que bien puede asumirse como el corazón del problema, del gran problema que enfrenta México, la real amenaza a su seguridad nacional, el antagonismo primigenio, el obstáculo a su desarrollo, el óbice a la equidad social, el freno al progreso sostenido, a la paz, a la estabilidad y a la democracia efectiva.

El relator Heyns, no excento de la pretensión supranacional que caracteriza su misión, es preciso en señalar lo que a nadie resulta extraño:

“(el)…problema de la violencia en México pasa por el establecimiento de un sistema sólido de aplicación de las leyes que se ajuste a las normas internacionales relativas al derecho a la vida y otros derechos humanos fundamentales. La necesidad de alcanzar este objetivo lo antes posible debería ser el eje rector de todas las reformas de política y de otra índole.”

El apunte inicial no deja nada a la suposición, lo que señala de manera puntual el relator pudiera constituir el texto integro. Para efectos prácticos, hace referencia a la cultura social y política de nuestro país. En breve nota pone el dedo donde debe: el alto nivel de corrupción, que tiene como asociado indispensable y simbiótico a la impunidad, la falta de aplicación de la ley.

Mucho se ha publicado acerca del poder de los grupos criminales, de la devastadora violencia que ejercen los cárteles de la droga, de su capacidad corruptora, de la ineficacia de los cuerpos policiales, de la necesidad de profesionalización, o de la falta de equipamiento, sin reparar en que eso no es sino el producto de la inacción, de la tolerancia y la connivencia sistémica de los agentes del Estado.

Absurdas resultan las retóricas posiciones de congresistas exigiendo penas que rebasan la expectativa de vida de cualquier ser humano, cuando las mínimas sanciones a los delincuentes quedan en suspenso en los juzgados o se recurre a la expiación asistida, a la generación de culpables improvisados, o a la jubilación.

Ejecutivos, legislativos y judiciales, en su respectivo orden, los subsistemas de gobernanza, encarnados en sus funcionarios, todos ellos, en teoría, servidores públicos, son los ceadores y generadores de la inseguridad, de la descarnada violencia y de los niveles ínfimos de crecimiento y desarrollo. Esa es la conclusión, si leemos entre líneas el reporte del señor relator.

La amenaza patente y presente a la seguridad nacional, la única, la fatal, esta en en el corazón mismo de su propia estructura: la corrupción.

El autor es analista político.

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