Opinión

Imaginar no cuesta:
pesos y contrapesos

 
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James Comey

La comparecencia del procurador general, Jeff Sessions, no tuvo los mismos momentos espectaculares como la del exdirector del FBI, James Comey. Al parecer las declaraciones del exsenador Sessions al Comité de Inteligencia del Senado no arrojó mucho –o casi nada– que pueda cambiar de manera contundente el curso de las investigaciones en el Russiagate. Los que protegen al presidente y los que buscan la destitución de Trump aseguran que ganaron puntos.

Lo que sí podemos descifrar de las dos comparecencias, la de Sessions y la de Comey, es que será un proceso largo y que continuará Donald Trump teniendo dificultades para poder promover sus promesas de campaña y tratar de buscar mejorar sus índices de aprobación, que son históricamente bajos para un presidente que tiene seis meses como mandatario.

La comparecencia del procurador de nuevo se volvió un concurso de quién tiene más credibilidad, Sessions vs Comey. Y aunque ha habido intentos de Trump, Trump Jr, abogados y asesores de la Casa Blanca de debilitar la imagen del exdirector del FBI, aun con las declaraciones de Sessions, el conflicto sigue siendo quién dijo qué, y cómo lo dijo.

La prueba madre que podría ayudar a descifrar si el presidente Trump despidió a Comey por su investigación en el Russiagate, sería si existieran grabaciones de conversaciones en la Casa Blanca. El presidente en un arrebato de Twitter insinuó que sí existían, pero en una conferencia de prensa, declaró que pronto daría más información al respecto, pero que la prensa estaría decepcionada.

Algunos argumentan que si estas grabaciones existieran y pudieran exonerar al presidente, ya las hubieran hecho públicas. Pero obviamente reconocer que hay grabaciones llevaría también a que le exigieran a la Casa Blanca presentar grabaciones sobre las reuniones que hubo con el secretario de Relaciones Exteriores ruso, donde Trump supuestamente dijo que se sentía tranquilo de haberse deshecho del “loco” de Comey.

Estas grabaciones podrían abrir la posibilidad de un encontronazo constitucional que podría terminar en la Corte Suprema de Justicia. Exactamente como sucedió en Watergate, cuando Richard Nixon se rehusó a entregar las grabaciones que tuvo con sus asesores. Y al escuchar este material grabado, uno entendería porqué el presidente Nixon no quiso acatar la decisión de la corte –lo hizo finalmente.

Y es que lo fascinante de estas comparecencias y el escándalo que vive el presidente Trump es ver y entender cómo funcionan los pesos y contrapesos y la separación de poderes en una democracia. Las comparecencias de Comey y Trump fueron verdaderos ejemplos de cómo debe funcionar un comité que investiga funcionarios del ejecutivo y delitos en que podrían estar involucrados.

El que tengan que tomar juramento al inicio de la comparecencia es para asegura que contesten con la verdad. Si Comey, Sessions o cualquier otra persona intecionalmente mintieran en una de las comparecencias, podrían enfrentar un proceso penal por perjurio –básicamente por mentir bajo juramento.

También hay posibles consecuencias de no contestar las preguntas hechas por los legisladores. Y esta podría ser un área donde la Suprema Corte de los Estados Unidos podría tener injerencia. “Solamente estoy protegiendo el derecho del presidente de hacer uso del ‘privilegio ejecutivo’ si él decide hacerlo”, fue lo que Sessions se limitó a declarar en múltiples ocasiones cuando se negó a responder preguntas relacionadas con sus conversaciones que pudieron haber tenido él y el presidente Trump acerca la investigación sobre Rusia.

El problema es que el único que puede invocar este privilegio es el presidente –no las personas que conversan con él. Esta no es la primera vez que funcionarios del ejecutivo de esta administración rehusaron a declarar. Y al igual que en la administración de Barack Obama, será la Corte Suprema la que tendrá que definir qué conversaciones e interacciones deben de ser transparentadas por un funcionario.

Porque de no hacerlo podría estar “in contempt” en desacato. Y los podrían arrestar y detener indefinidamente hasta que deseen proporcionar la información que busca el Comité. La otra sería invocar la quinta emienda, y dar información que podría incriminarse el funcionario.

El procurador parecería que no enfrenta, por ahora, alguna amenaza legal en su contra. Pero esto es el inicio. Se pudieran imaginar una comisión del Senado o de la Cámara de Diputados aquí en México con estos poderes. En este momento cualquier secretario y funcionario si no quiere ir a la comparecencia, no va. Si miente, no pasa nada. Y si delinque y se le investiga, rara vez sufre consecuencias.

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