Opinión

Iguala: miles de pistas

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Investigación de peritos de la PGR en el basurero de Cocula. (Cuartoscuro)

Entre más información surge sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, más confusión parece generar. Pero la apertura de los expedientes sobre el crimen en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, y los informes de organismos que luchan por los derechos humanos, muestran con claridad el modus operandi con el que actuaban las autoridades de la región y la banda criminal Guerreros Unidos, y empiezan a abrir la ventana para encontrar el misterioso móvil del crimen. Pensar menos como ministerio público y analizarlo más como un fenómeno sociopolítico, ayudará a entender lo que sucedió esa noche. No es suficiente para alcanzar la verdad legal, pero sí para enfrentar el cáncer nacional de corrupción e impunidad, que es un principio.

En esa lógica habría que empezar por la línea de tiempo de los primeros momentos políticos de esa noche. En su declaración ministerial Yazareth Abarca, la hija del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, dijo que su padre habló por teléfono celular poco antes de las nueve de la noche con Felipe Velázquez, que era el secretario de Seguridad Pública municipal, quien le estaba informando lo que sucedía con los normalistas. “No les hagan nada”, le instruyó, según su hija, “ya saben cómo son de latosos”. Eso nunca iba a ser posible, porque las autoridades municipales en toda esa región, de acuerdo con las investigaciones, eran parte orgánica del crimen organizado.

Abarca había ingresado en la política con el apoyo del grupo del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer –a cuyo padre, también exgobernador, lo llamaban El Tigre de Huitzuco–, quien le consiguió una cita con el general Guillermo Galván, a la sazón secretario de la Defensa del presidente Felipe Calderón, para que le donara los terrenos en Iguala donde construir el centro comercial Galerías Tamarindos, y de Héctor Vicario, un incondicional de Figueroa Alcocer, que preside actualmente la Comisión de Justicia del Congreso estatal. Otro apoyo de Abarca y exalcalde de Iguala, Lázaro Mazón, quien era secretario de Salud del gobierno de Ángel Heladio Aguirre, le habló. “¿Qué pasó?”, preguntó. “Estoy muy consternado”, respondió Abarca. El exalcalde y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, no se fueron a dormir, como afirmó a la prensa. Hasta las cuatro de la mañana, con el crimen en proceso, dejaron de hablar por teléfono.

No iba a ser posible frenarlo porque toda la operación político-criminal se había puesto en marcha. No se sabe aún cuál fue el motivo del ataque a los normalistas, pero de los cinco autobuses en los que se movieron esa noche en Iguala y fueron atacados por la policía, sólo se secuestró y desapareció a los normalistas que iban en los vehículos 1531 y 1568, que fueron los únicos que salieron de Chilpancingo horas antes. ¿Coincidencia? No hay explicación sólida que explique por qué no hubo desaparecidos de los otros autobuses. Varios policías municipales de Iguala que fueron detenidos esa misma noche, declararon que les habían dado una lista con los nombres específicos de 17 de los más de 50 normalistas que llegaron a esa ciudad el 26 de septiembre.

En el autobús 1531, que fue atacado por policías municipales casi enfrente del Palacio de Justicia, a la altura del Puente de El Chipote, donde se encuentra la carretera que conduce a Huitzuco, iba Alexander Mora Venancio, el único normalista que científicamente se ha probado que fue asesinado e incinerado, tras el análisis de las cenizas encontradas en el Río San Juan, cerca del basurero de Cocula, realizado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck. En el 1568 iba Bernardo Flores Alcaraz, apodado El Cochiloco, presunto coordinador de las acciones de los normalistas en Iguala. En ese autobús también iba Julio César Mondragón, separado del grupo de los normalistas y asesinado –su cuerpo, tirado en la calle, tenía muestras de tortura–, esa misma noche.

Según las investigaciones de la PGR, la orden de matar a Mondragón fue dada por Juan Salgado Guzmán, El Indio, considerado el padrino de Guerreros Unidos y tío de Mario Casarrubias Salgado, uno de los jefes criminales. Apodado El Sapo Guapo, fue detenido en mayo de 2014, y antes de fundar Guerreros Unidos fue escolta de Arturo Beltrán Leyva, que rompió con el Cártel de Sinaloa. Al morir en un enfrentamiento con la Marina en diciembre de 2009, El Sapo Guapo se quedó con todos sus contactos criminales y el manejo de la exportación de heroína a Chicago, una de las fuentes de la hipótesis del narcotráfico como móvil de la desaparición de los normalistas. También se quedó con los contactos políticos, ampliados al casarse con Patricia Soto Salgado, sobrina de Abarca y que tiene vínculos familiares con Velázquez, detenido desde mayo pasado, acusado de proteger a Guerreros Unidos.

La explicación de lo que pasó esa noche difícilmente resolverá todas las dudas si no se contextualiza la penetración y la relación de políticos de todos los niveles en la zona. La red de relaciones y complicidades son fundamentales para entender por qué esa noche, una vez iniciada la acción política-criminal contra los normalistas, no había nada que la parara. Iguala es el microcosmos mexicano de muchos años de corrupción, protección e impunidad. Hay que sanarlo y replicar el método en el país. Pero sólo podrá hacerse si existe la voluntad política para llevarlo a cabo, que depende únicamente del gobierno federal.

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