Opinión

Iguala, incompetencia federal

La Policía Federal presentó este lunes una noticia que pareciera importante: la Gendarmería sacó los drones el fin de semana para buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 27 de septiembre pasado. La pregunta es porqué 35 días después de que fueron secuestrados en Iguala, apenas los pusieron a volar. Si se permite un ejercicio retórico, de haberlos empleado en las primeras horas tras conocerse que habían sido secuestrados, es probable que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no estuviera de cabeza por esas desapariciones forzadas, y habría atajado incompetencias y complicidades criminales de los distintos órdenes de gobierno en Guerrero.

Los drones, que son vehículos aéreos no tripulados, pueden ser utilizados con fines militares y para recolección de información. En el caso de México, dos drones idénticos a los que utilizó la CIA para monitorear las acciones de los comandos que realizaron la operación contra Osama bin Laden en Pakistán, llegaron 15 días antes de que Peña Nieto asumiera la Presidencia. Equipo con tecnología de punta estaba listo para ser aprovechado por su gabinete de seguridad. La capacidad de esos drones no era para ataque; no están armados. Están equipados con sistemas de instrumentalización que incluye sensores basados en la geometría, espectral y térmica, que podían haber sido utilizados en Iguala para detectar movimientos de personas, particularmente en grupo, y darles seguimiento para que a través de las coordenadas que arrojara esa información, las fuerzas de tierra realizaran la persecución de los criminales y su captura. No fueron utilizados en ese momento. Incluso, aún si el gobierno federal hubiera entendido que el secuestro de los normalistas competía al ámbito federal –algo que tardó una semana en reconocer–, tampoco habrían podido utilizarlos. Hasta hace unos días, estaban guardados.

La capacidad tecnológica del gobierno mexicano no ha sido utilizada. Los prejuicios del equipo de seguridad en la transición sobre las razones de la estrategia del expresidente Felipe Calderón en el combate al narcotráfico, se centraron en el análisis del comportamiento de su gabinete –los conflictos entre secretarios y procuradores, y entre generales y almirantes–, y minimizaron la capacidad instalada para trabajar contra el crimen organizado y para mejorar la seguridad pública.

Cuando el equipo de seguridad en la transición visitó Plataforma México, una obra de 600 millones de pesos, joya de la corona de la Iniciativa Mérida –un solo software que entregó Estados Unidos a México dentro de ese proyecto costaba 70 millones de dólares–, y les mostraron una persecución en tiempo real de un avión con droga procedente de Panamá, uno de los visitantes ignoró las imágenes que llegaban de los satélites y preguntó si tenían cámaras para ver a los borrachos en los antros de la ciudad de México, o si podían registrar los choques en las carreteras.

La información que le entregaron al entonces presidente electo, llevó a Peña Nieto a tener una visión estrecha de la capacidad tecnológica a su disposición. Inclusive, cuando se reunió por primera vez con el presidente Barack Obama para hablar sobre el tema de la seguridad, le dijo que habían analizado los esfuerzos de la Iniciativa Mérida y sugería enfocar en otros ángulos. Ya no querían tecnología para combatir a la delincuencia, sino apoyo para reforzar el Estado de derecho. Iguala demuestra la equivocación del diagnóstico y de la decisión. Ni hay Estado de derecho real –las críticas en el mundo son a su gobierno porque la PGR ha fracasado en la construcción de un país de leyes–, y la inseguridad, que prometió desaparecer en México en 100 días, lo está asfixiando.

Los prejuicios y la incapacidad por entender un mundo revolucionado en la tecnología y los sistemas de inteligencia después de los atentados terroristas a Estados Unidos en 2001, llevó a su equipo a reclutar personal incompetente para los nuevos desafíos. El más importante, por el daño que hizo, fue el primer comisionado de Seguridad, Manuel Mondragón, quien antes de cumplir 10 días la nueva administración, dispuso la desaparición de Plataforma México y el desmantelamiento de las unidades que operaban tácticamente contra los criminales.

Sufrió la inteligencia, y dentro de ella, una de las áreas más afectadas fue la de telemática. El responsable, un doctor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se quedó sin nada que hacer y regresó a sus tareas académicas. Los técnicos en el manejo de drones, entrenados durante tres años en Israel, fueron despedidos por Mondragón porque sus plazas eran “muy caras”, y el presupuesto fue utilizado para personas que no atendían ese campo.
Una de las consecuencias directas fue que para capturar a Joaquín El Chapo Guzmán, la CIA tuvo que enviar un drone para la recolección de inteligencia y coordinación de acciones terrestres, y que alguaciles de Estados Unidos –U.S. Marshals–, fueran necesarios para decodificar la información de las naves no tripuladas. Apagar Plataforma México provocó otros inconvenientes de seguridad, como el que se perdiera por horas un Blackhawk, un helicóptero cuyos cinco equipos georeferenciales lo hace imperdible, salvo que los aparatos que lo monitoreen estén desconectados.

Lo que está sufriendo el gobierno federal en el caso de los normalistas desaparecidos, no habría sucedido de haber utilizado las herramientas tecnológicas que tenían en las manos y nunca comprendieron su utilidad. Pero no hay habrías ni hubieras en la vida. La incompetencia se paga. Esa es la realidad que vive hoy en día.