Opinión

Iguala, el engaño al presidente (II)

En mayo de 2014 la Fiscalía de Guerrero remitió a la PGR la declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, como parte de la documentación que aportó al procurador Jesús Murillo Karam sobre la presunta participación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, en homicidios y vínculos con la delincuencia organizada. Pineda Vega, quien está preso en Acapulco acusado de secuestro, describió con detalle el modus operandi de las autoridades municipales de Iguala y Guerreros Unidos, en un relato premonitorio de lo que sucedería en septiembre, cuando asesinaron a seis personas y desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa.

La declaración de Pineda Vega, quien trabajó con el líder de izquierda Arturo Hernández Cardona asesinado en 2013, nunca fue tomada en cuenta por la PGR. De haberle puesto atención en aquel momento, las posibilidades de impedir la desaparición forzada de los normalistas que ha puesto de rodillas al gobierno de Enrique Peña Nieto, probablemente serían muy altas. Se puede alegar que de haberse actuado en su momento, lo sucedido la noche del 26 de septiembre habría disparado en automático la participación federal y haberlo salvado de esta crisis.

En su declaración de tres páginas, Pineda Vega afirmó que fue detenido porque dio entrevistas a los medios tras el asesinato de Hernández Cardona donde denunciaba a la banda Guerreros Unidos. “Este grupo de gentes ha secuestrado a innumerable número de personas y desaparecido a otras tantas”, dijo al Ministerio Público. “Uno de los que recuerdo (es) Luis Pacheco y su esposa… a quienes secuestraron en… marzo de este año. El motivo fue porque secuestraron a su hijo que era policía… y le fueron a reclamar al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, y al presidente municipal… Abarca que les entregaran a su hijo”.

Pineda Vega –sin parentesco con la esposa del alcalde y los fundadores de Guerreros Unidos– describió en su declaración a la organización criminal. Dijo que Abarca y Flores Velázquez –prófugo tras los hechos en Iguala– instruyeron a Mario Casarrubias –El M, a quien se identifica como fundador de la banda– y a su hermano Rafael de secuestrar a los esposos Pacheco. Pineda Villa identificó a los Casarrubias como “el brazo armado del presidente municipal y del director de Seguridad Pública, (que) también forman parte de la organización de los Guerreros Unidos”.

En la declaración mencionó a varios de los actores criminales que han surgido en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entre ellos se encuentran los hermanos conocidos como Los Peques, a quienes se denunció como participantes en la represión a los estudiantes, y a quien Pineda Vega identificó por sus nombres –Tilo, Osiel, Orbelín, Mateo y Salvador Pedraza Salgado– y dio sus direcciones. Pero sobre todo, mencionó a criminales que jugaron un papel central en la violencia contra los jóvenes. Los principales son los identificados por los testigos de los hechos de septiembre, Gildardo López Astudillo, El Gil, conocido también como El May, señalado como la persona que recibió a los normalistas de manos de los policías, y El Chucky, a quien señaló Pineda Vega como el jefe de sicarios de la banda, y mencionado como la persona que dio la orden de matar a los normalistas y llevarlos a las fosas de Pueblo Viejo, donde encontraron hace unos días seis osamentas que el procurador Murillo Karam dice que muy probablemente pertenezcan a algunos de los estudiantes desaparecidos.

No fueron los únicos en la estructura criminal que señaló Pineda Vega. En la declaración ignorada por la PGR, Pineda Vega incluyó los nombres de funcionarios municipales y autoridades ejidales y describió, desde entonces, cómo trabajaban las Policías de Iguala y Cocula para Guerreros Unidos, bajo las órdenes, aseguró, de Abarca. Bajo esa estructura jerárquica, la organización criminal operaba, de acuerdo con la declaración ministerial de Pineda Vega, en un tándem para acciones de secuestro y extorsión.

“La Policía Municipal levanta a las víctimas y ellos entregan a Guerreros Unidos y después éstos se encargan de negociar su rescate”, declaró. Dijo que la cuota de extorsión a los comerciantes era de 10 a 20 mil pesos mensuales, y los únicos establecimientos exentos de esos pagos eran el centro joyero, el centro comercial y la farmacia Guadalajara, propiedad de Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, a quien llamó una “mujer poderosa” y “comadre” de narcotraficantes.

¿Por qué la PGR no hizo nada con esa declaración? Tampoco abrió una investigación, pese a que Pineda Vega incluyó acusaciones directas contra Abarca por los asesinatos del síndico Justino Carbajal, sobrino del exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, y del líder comunitario Rafael Ochoa.

La respuesta a la omisión de la PGR puede encontrarse en la misma racional de por qué si sabía la operación criminal entre políticos, policías y Guerreros Unidos en Iguala y Cocula, incurrió en tan flagrante negligencia. Pero no sólo falló ese aparato de procuración de justicia.

Los servicios de inteligencia civiles y militares del Estado mexicano sabían desde hace meses lo que sucedía en Iguala y de la responsabilidad de su alcalde, pero tampoco hicieron nada. En ambos casos, ni siquiera le informaron al presidente Peña Nieto lo que sabían.

La responsabilidad de la barbarie, como se verá en próximos textos, es más amplia de lo que parece.

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