Opinión

Iguala, el batidillo del sistema

Cumplido un mes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de otros seis jóvenes en Iguala, aún cuesta mucho trabajo asimilar que un par de criminales, como resulta que eran el exalcalde de Iguala y su esposa, fueron tanto tiempo tolerados por el PRD, por el gobierno del estado de Guerrero y por la administración federal, a pesar de las acusaciones que había contra esa pareja por diversos crímenes y fechorías.

Más que tolerancia fue una negligencia criminal no haber actuado oportunamente contra Abarca y su esposa. Pero el azoro crece al ver que, ocurrida la tragedia, los dos niveles de gobierno (el orden municipal es inexistente en Iguala) no han sido capaces de hacer las cosas bien ni siquiera a posteriori; que niveles gubernamentales no hayan podido coordinarse adecuadamente para preservar pruebas, para buscar justicia; es de no creerse que ni en medio de la crisis que más ha exhibido los pies de barro de México en materia de seguridad, las autoridades puedan evitar un teatro del absurdo.

En la conferencia de prensa dada por el procurador general de la República el miércoles sobre los sucesos de Iguala, Jesús Murillo Karam explicó que aún esperan más verificaciones sobre lo que ha surgido de las primeras fosas encontradas en Iguala tras los hechos del 26 de septiembre. Es decir, que hoy por hoy está en duda aquello de que no eran los normalistas los que estaban entre esos 30 cuerpos.

En palabras de Murillo Karam: “En estas fosas se han realizado dos exámenes periciales; los dos primeros, uno realizado por la PGR y otro por la Policía Federal, se basaron en muestras genéticas que nos entregó la Fiscalía General de Guerrero, los resultados de esos primeros exámenes resultaron negativos para identificar a los estudiantes no localizados. El tercer peritaje viene siendo realizado por forenses argentinos que coadyuvan en la investigación, ellos tomaron muestras directas a los familiares de los estudiantes y estamos en espera de los resultados, estos resultados serán fundamentales para corroborar o no la muestra que nos fue entregada por la Fiscalía guerrerense”.

De hecho, en una reunión con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la PGR incluso reconoció fallas de origen en el proceso de exhumación de los cuerpos de las primeras fosas. (http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/21/actualidad/1413857682_861183.html)

Pero la cosa no para ahí. El jueves Animal Político pudo hablar con dos de los peritos argentinos quienes declararon, bajo condición de anonimato, que tampoco los peritajes de la PGR y de la PF están libres de duda sobre su correcta realización. Y aunque el equipo argentino de antropología forense emitió al día siguiente un comunicado queriendo desmentir el reporte de Animal Político, este medio se ha sostenido en que tuvo acceso a dos investigadores y que esas fueron sus declaraciones. Así que hoy incluso las pruebas periciales de la federación están en veremos.

Si así actúan las autoridades teniendo los ojos del mundo encima, qué no ocurrirá con tantos procesos que se investigan en la penumbra. A ver qué autoridad se atreve de ahora en adelante a decirle a algún familiar de los más de 22 mil desaparecidos que confíen, que crean en el Estado cuando fiscales les informan que tales restos cadavéricos irreconocibles son los de su ser querido.

Con sus 140 mil habitantes, Iguala es la imagen de la República. La crisis debería sacar lo mejor del sistema, pero a nuestro sistema hasta hoy sólo le ha alcanzado para hacer un batidillo.

Twitter: @SalCamarena