Opinión

Hijo bastardo

Así llamó el senador Javier Corral (PAN) a la legislación de telecomunicaciones recién aprobada: “hijo bastardo del Pacto por México”. Sin embargo, el año pasado cuando se aprobó la reforma constitucional la calificó como “una auténtica oportunidad para poner fin al abuso y mercantilismo de la televisión”. Pero ahora –según Corral– la reforma “sólo busca proteger y fortalecer a Televisa”.

La diputada Purificación Carpinteyro dijo en 2013 que la reforma era como la caída del Muro de Berlín. Pero ahora fue una dura crítica de su contenido. Varios analistas hablan de retroceso y de que los poderes fácticos doblaron nuevamente al gobierno. López Obrador dijo que estas reformas le servirían a Peña Nieto para mantener el control de los medios de comunicación y para pagar a Televisa los servicios que le prestó en 2012.

¿Quién tiene la razón? ¿Por qué la unanimidad del festejo de 2013 es ahora la manzana de la discordia? ¿Es verdad que la reforma legal aprobada por el Senado y que ahora desahogan los diputados traiciona el contenido de los cambios constitucionales realizados el año pasado?

Hay tres respuestas posibles: a) Que efectivamente la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es un retroceso y contradice la reforma constitucional, en cuyo caso una acción de inconstitucionalidad sería la vía para revertir la traición; b) que el problema de origen sea la misma reforma constitucional –donde se define que la preponderancia es por sector, no por servicio– en cuyo caso habría que preguntar por qué los opositores de hoy no expresaron sus quejas en aquel momento?; o bien, la tercera opción c) que el producto final de la reforma sea –como ocurre con frecuencia– un conjunto de avances y algunos retrocesos respecto al mundo ideal.

En balance, la reforma es positiva: la autonomía y facultades del órgano regulador –el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel); las medidas asimétricas para fomentar la competencia; la imposibilidad de obtener suspensiones en procedimientos de amparos que desactiven las decisiones del Ifetel; multas más onerosas a concesionarios (petición del PRD). En el caso específico de la radiodifusión varias medidas acotarán el poder de mercado de las grandes televisoras con beneficios inmediatos para los consumidores: tres nuevas cadenas de TV abierta, una de ellas pública; el must-carry y must-offer; el adelanto del apagón analógico de 2021 a 2015; y, en el caso de Televisa, la aplicación de reglas como preponderante que incluyen que su infraestructura pasiva sea compartida con nuevos competidores y que no haya exclusividad en contenidos ni discriminación en tarifas, entre otras.

En telecomunicaciones hay aspectos muy positivos que tendrán impacto inmediato sobre los usuarios: eliminación de larga distancia a partir del primer minuto de 2015; asimetría en tarifas de interconexión; duración de un año del saldo de las tarjetas de prepago (antes era de 3 meses) y portabilidad numérica en 24 horas.

¿Dónde está el retroceso? Ciertamente hay aspectos cuestionables, pero ellos no demeritan los avances. Por ejemplo, la revisión de contenidos que queda en manos de la Secretaría de Gobernación; la regulación de los derechos de audiencias (es básicamente autorregulación). También es controvertido el tema de las estaciones comunitarias. Por cierto, esta fue una petición central del PRD que logró insertar y, a pesar de ello, votó en contra de todo el dictamen. ¿De qué sirve negociar con ese partido si al final no asume su responsabilidad y los costos que ello implica?

A pesar de la diversidad de temas y de los aspectos positivos, toda la atención mediática se centró en la definición de preponderancia por sector o por servicio. En lugar de aceptar que la reforma constitucional definió que debía ser por sector y así lo ratificó el Ifetel cuando declaró preponderantes a Televisa (radiodifusión) y América Móvil (telecomunicaciones), se generó la percepción de que la primera nuevamente presionaba al gobierno y a los legisladores para proteger su negocio de TV restringida.

El cuasi monopolio que ejerció Televisa en el segmento de TV abierta por varias décadas generó afectaciones significativas en la industria
–por ejemplo, en calidad de la programación, pluralismo y costos de la propaganda política. Afortunadamente esa concentración dará lugar, de forma gradual, a un mercado más competido–. Caricaturizar los resultados de una reforma muy relevante –por cierto, una demanda de las izquierdas cuya presión contribuyó a que sea una realidad– desdeña el papel de quienes con su crítica ayudaron a cambiar el status quo y elimina además los estímulos para negociar: para qué hacerlo si al final los opositores obtienen beneficios en la negociación pero no quieren asumir costos en la opinión pública.

El PRD debería estar festejando los temas que logró incluir en la agenda –como las radios comunitarias–, y todos los que hoy se sienten decepcionados vigilar que el Ifetel realice correctamente el procedimiento para determinar si Televisa tiene poder sustancial en el mercado de TV restringida, como se estableció en la misma reforma, con lo cual la autoridad podría imponer sanciones similares a las que le corresponden al agente económico preponderante.

La reforma no es perfecta, pero es un paso adelante en la ruta de mayor competencia y mejores servicios.