Opinión

Hecha la ley, hecha la trampa

   
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La Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán del 2014 hizo necesaria la movilización masiva de elementos de fuerzas del orden. (Cuartoscuro)

Toda propuesta seria para reformar nuestras policías debe partir de una realidad difícil de digerir: ya se intentó, ya se invirtieron miles de millones de pesos y el fracaso ha sido rotundo. Desafortunadamente, los gobernadores y alcaldes tienen incentivos para hacerse de la vista gorda ante la corrupción policial, eso lo podemos dar casi por descontado. Salvo que exista una verdadera revuelta de la sociedad civil y de la clase empresarial, como le pasó a Rodrigo Medina en Nuevo León, a ningún político le interesa depurar en serio el aparato de seguridad. Hacerlo supone ganarse enemigos muy poderosos con enormes recursos y con contactos de primer nivel. También supone arriesgar el pellejo en sentido literal. Sin embargo, el problema no es sólo el desinterés, la resistencia o el miedo de las autoridades locales. El problema es que no se crearon, ni en el Sistema Nacional de Seguridad Pública ni en ninguna otra instancia, mecanismos 'efectivos' para que evadir su responsabilidad les resultara costoso.

Como ahora, hace casi una década parecía haber voluntad política para profesionalizar a las corporaciones policiales del país. Como quedó plasmado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, estados y municipios se comprometieron con un largo catálogo de acciones que, se pensaba en ese entonces, servirían para fortalecer a las policías y recuperar la seguridad pública ante la incipiente crisis de violencia del crimen organizado. Estos compromisos también quedaron plasmados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el creciente flujo de recursos que año con año se ha destinado a labores de 'fortalecimiento' de las instituciones de seguridad y justicia en estados y municipios. Este año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) distribuirá siete mil millones de pesos a los estados por medio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

Sin embargo, en virtud de la ausencia de cuadros profesionales al mando de las instituciones de seguridad pública, y de la enorme complejidad que supone fiscalizar el gasto, los recursos han servido principalmente para que algunas empresas y sus clientes en los gobiernos estatales y municipales hagan muy buenos negocios. Algunas de las personas que participan de buena fe en las tareas de profesionalización tienen testimonios francamente perturbadores de las mañas que prevalecen. La simulación llega al extremo de ofrecer contratos millonarios a cambio de tomarse una foto con los elementos policiales y firmar la documentación que acredite que fueron capacitados (sin perder el tiempo con clases o evaluaciones).

Desafortunadamente, en las iniciativas que se discuten en el Congreso en materia de Mando Mixto se insiste en la intención de regular u homologar los procesos internos de las corporaciones policiales. Para tomar medidas que afecten a las autoridades municipales y estatales que no cumplan sus responsabilidades en materia de seguridad pública, las iniciativas plantean procesos burocráticos de auditoria; y se propone intervenir sólo en aquellos casos en los que se acrediten “faltas graves a los derechos humanos” o “patrones sistemáticos de corrupción”. Incluso, se propone la creación de organismos autónomos dedicados exclusivamente a monitorear y auditar las instituciones de seguridad pública (sin contemplar que para cumplir de forma eficaz con esta tarea, un organismo autónomo tendría que contar con un presupuesto enorme, varias veces mayor al que actualmente recibe el SESNSP).

¿Qué alternativas hay? En primer lugar, dejar el vano esfuerzo por microadministrar las políticas de reclutamiento, capacitación o adquisiciones de estados y municipios. En segundo lugar, fijar consecuencias que se cumplan para los municipios y estados que no logren mantener estándares mínimos de seguridad (de poco importa que acrediten con documentos que evaluaron y capacitaron a su personal, o que gasten más en un nuevo centro de C4, si las autoridades no son capaces de mantener estándares aceptables de seguridad y recuperar la confianza de la población). Aquí es muy importante destacar que certificar elementos policiales, impartir cursos o subir sueldos no son indicadores de impacto relevantes. Si de verdad buscamos lograr una mejora en la seguridad debemos enfocarnos en los pocos indicadores de impacto que sí se pueden medir con un grado aceptable de confianza, en particular la cifra de defunciones por homicidios dolosos reportado por el Inegi (por ningún motivo las cifras de 'incidencia delictiva' que reportan las fiscalías o procuradurías de los estados, que sólo contemplan los delitos que son denunciados, que no se recopilan de forma sistemática y que en algunos casos incluso han sido manipuladas).

En otros temas, la violencia del crimen organizado va de mal en peor. De acuerdo con el monitoreo de Lantia Consultores, enero pasado fue el mes con mayor número de ejecuciones en lo que va del sexenio; se registraron mil 339, la mayor cifra desde septiembre de 2011. Aunque en los últimos días se ha hablado mucho de una posible pugna por el liderazgo del Cártel de Sinaloa, el mayor detonante de la violencia fue el conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos rivales en Guanajuato –que por primera vez se ubicó como el estado más violento del país.

Twitter: @laloguerrero

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