Opinión

Hacen falta estrategias efectivas frente a la escasez del agua

Existe hoy la intención por parte del Ejecutivo de enviar al Congreso una iniciativa de una nueva ley sobre el agua. Urge, pero una vez más es preciso asegurar que sea una buena ley, que se establezca en el marco de una innovadora estrategia integral, y que prevea la participación efectivas de la sociedad con una perspectiva de largo plazo.

Esta fue la conclusión básica de una estimulante reunión de reflexión y diálogo organizada el sábado pasado por el Centro Tepoztlán Victor Urquidi AC, que reunió a prestigiados académicos, especialistas y administradores del agua gracias a la iniciativa de Ursula Oswald del CRIM–UNAM , Roberto Olivares y Fernando Reyna de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) y Elena Burns y Pedro Moctezuma de la UAM (miembro del Consejo Asesor del Agua de la Cámara de Diputados).

En sólo 20 años se ha duplicado el consumo de agua en nuestro planeta, pero no su disponibilidad. México es un país relativamente escaso del recurso, y mal distribuido, en donde además se desperdicia a lo largo de todo su ciclo: captación, distribución, consumo y reciclaje.

Urge una nueva legislación, pero también una mejor institucionalidad y sobre todo una nueva estrategia integral compartida y una renovada cultura de la sociedad mexicana, para administrar racionalmente el recurso. Solo así podrá evitarse una crisis mayor de la que ya estamos viviendo y que se agrava día con día.

Según los diagnósticos disponibles, cada año llueve en México aproximadamente mil 522 km3, lo que equivale a una alberca de 1 km de profundidad del tamaño del Distrito Federal. El 72 por ciento (mil 084 km3) de esa lluvia se evapora y vuelve a formar parte del ciclo hídrico. En promedio hay una precipitación de 711 mm por año; pero el vasto norte del país recibe sólo 25 por ciento, mientras el sur-sureste recibe la parte mayoritaria. El 67 por ciento de la lluvia se concentra en los meses de junio a septiembre. La disponibilidad del agua es desigual en tiempo, espacio y estrato social en México: en el norte, noreste y centro vive 77 por ciento de la población y se produce 79 por ciento de del PIB, pero hay sólo 32 por ciento del agua. Los hogares del sur-sureste, donde se concentra el recurso, por pobreza y marginación, tienen el menor acceso al agua potable.

Además, la disponibilidad ha disminuido de 18 mil 035 m3/hab/año en 1950 a sólo tres mil 983 m3/hab/año en 2013, habiendo 35 millones de mexicanos con poco abastecimiento de agua y la mayoría de ella de mala calidad. Hoy día, se utiliza 77 por ciento del agua en la agricultura, 14 por ciento en el uso público urbano y 9.0 por ciento es autoabasto en las industrias y las termoeléctricas.

México enfrenta desde hace años problemas crecientes de seguridad hídrica, con altos costos sociales y humanos que atentan contra la calidad de vida, el bienestar y la paz. No pueden olvidarse los conflictos sociales y accidentes recurrentes. Los derrames recientes de Minera México en el río Bacanuchi, que alcanzaron después el río Sonora, pusieron en peligro el entorno natural, el abasto de agua a la gente y la agricultura y ganadería.

Asimismo, ante desarrollos productivos intensivos del uso de agua, presas, proyectos turísticos y mineras tóxicas, han surgido conflictos y la gente se ha organizado para luchar contra dichos proyectos.

Ante estos retos, el diálogo en Tepoztlán buscó respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de Ley Nacional de Agua requiere México? ¿Cuáles son los elementos cruciales para otorgar a todos los mexicanos agua de calidad y un saneamiento adecuado? ¿Cómo pueden gobierno y sociedad resolver las amenazas ante el cambio climático y las más frecuentes y severas sequías e inundaciones? ¿Cómo pueden recuperarse los acuíferos sobreexplotados y reducirse la intrusión de agua salada a los acuíferos costeros? ¿Cuánto costará una gestión sustentable del agua y quién la financiará? ¿Cuáles son las prelaciones en el uso del agua: consumo humano, protección ambiental, seguridad alimentaria, desarrollo industrial y turístico? ¿Se justifica usar los acuíferos escasos del norte del país en operaciones de fracking para la obtención de hidrocarburos y en su caso, bajo qué precios, políticas y restricciones? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos, agricultores, empresarios y el gobierno en una gestión sustentable del agua?

La Constitución garantiza el acceso al agua como un derecho fundamental y obliga a los municipios a prestar el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En la práctica, la insuficiente capacidad financiera, técnica y de gestión de los municipios, la sobreexplotación y la contaminación están poniendo en constante riesgo este recurso elemental, con altos niveles de corrupción e impunidad.

Se concluyó que el cambio constitucional obliga ahora al Legislativo a desarrollar una Ley General de Aguas, y una nueva institucionalidad en todos los niveles de gobierno y de participación social que busque:

a) Garantizar agua de calidad para el consumo de todos los habitantes; b) garantizar agua para los ecosistemas y la seguridad alimentaria; c) recuperar el equilibrio de los acuíferos y de los cuerpos de agua superficial; d) poner fin a la contaminación de los cuerpos de agua, la destrucción de cuencas y la vulnerabilidad ante inundaciones y sequías; y e) promover una nueva cultura y corresponsabilidad en el manejo del agua, incluyendo sus costos financieros y sociales.

El agua es un derecho humano básico, pero hogares, empresas y gobiernos tienen también una responsabilidad de una nueva cultura del uso y una administración económica sana y eliminación de subsidios injustificados.

Los participantes ofrecieron al gobierno y a la sociedad su apoyo en la discusión de las iniciativas de ley existentes -incluyendo la presentación de la propuesta alternativa que se ha formulado ya.