La iniciativa de los senadores de Morena para regular los costos de los servicios de la banca debe convencer a todos de su conveniencia para el desarrollo del país, y evitar que la forma -que también es fondo- motive preocupaciones generalizadas.
Moderar las utilidades bancarias es necesario para la salud económica de México porque sin crédito no hay crecimiento impulsado por las inversiones productivas, pero su reverso natural, que es la deuda equivalente al crédito, más comisiones e intereses, es excesiva en detrimento del crecimiento.
Las utilidades que reportan las filiales mexicanas a sus matrices bancarias son las más altas del mundo; sus tasas de interés y comisiones son mucho más altas aquí que en economías semejantes como Chile, Perú o Colombia.
La causa de esos excesos no es que al prestar les sea casi imposible cobrar a los bancos como se argumenta; la reforma financiera de 2014 les resolvió ese tema. Tampoco es verdad que los fondos prestables se encarecen porque son escasos.
Una causa verdadera es que los bancos nacionales se vendieron a grupos financieros extranjeros en épocas en que se consideraba que el gobierno no debía interferir en el mecanismo del mercado (aún hay quien lo cree, a pesar de todo), lo que llevó a una gran concentración monopólica de la banca.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en 2017 que "los cinco oferentes más grandes en cada segmento de crédito tuvieron una participación entre el 75.3 por ciento y el 98.6 por ciento del mercado".
Con ese control del mercado y un Banco de México que se rehúsa a ejercer mecanismos regulatorios que le otorgó la reforma financiera de 2014, esos cinco bancos se permiten cobrar tasas mucho más caras que, por ejemplo, en Colombia, y hasta tres veces más altas que los bancos más pequeños en México.
Con sus tasas, los bancos pequeños desmienten los argumentos sobre las dificultades de cobranza y de escasez del ahorro prestable que se argumenta en defensa de las tasas de usura; por ejemplo, al cierre de octubre del año pasado, las tasas del Banco del Bajío promediaron 13.50 por ciento y las de Banregio 16.20 por ciento, mientras que las de Citibanamex fueron de 32.5 por ciento y las de Banorte de 36.8 por ciento (El Financiero, enero 31, 2018).
En fin, que la banca que domina el mercado en México es abusiva, está sobradamente probado por la ASF, por la Condusef, por la Comisión Federal de Competencia Económica y por cualquier usuario de sus servicios.
Lo que hoy vemos con el cambio de gobierno es que las autoridades que facilitaron la extranjerización bancaria ya no tienen el mismo poder e influencia para mantener contubernios con el sector, y las nuevas élites buscan afianzar un poder político que les permita negociar.
Hasta ahí es comprensible; sin embargo, el método de las consultas populares -como se practicó en relación con el NAIM- es muy incierto y no podrá acreditarse como una manera de establecer reglas claras y aceptables por todos. La primacía del poder político frente al económico tendría que fincarse en la recomposición y recuperación del prestigio del orden institucional.