Opinión

Guerrero, putrefacto

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Miguel Ángel Jiménez Blanco. (pri.org)

El crimen de Miguel Ángel Jiménez Blanco, uno de los fundadores de las policías comunitarias en Guerrero, muestra en su cronología de antecedentes y la ruta que llevó a su asesinato, lo podrido que está Guerrero. No hay línea clara y recta que pueda explicar el por qué lo mataron. Secuestros, homicidios, tráfico de opio, políticos, luchadores sociales y autoridades se encuentran en la maraña que hoy cubre ese estado. No hay buenos en la historia contemporánea de Guerrero; en todo caso, hay unos menos malos que otros, pero todos, actuando al margen de la ley. Dos años y medio de tolerancia y aval federal, terminaron de hundir una entidad históricamente conflictiva.

Jiménez Blanco supo hace menos de un año que lo iban a matar, reveló este miércoles el portal Eje Central a partir de un video testimonial realizado por el propio Jiménez Blanco como protección y denuncia póstuma. Había tres razones para ello. Una, frente al descubrimiento de la penetración de esos grupos entre algunos de los líderes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a la que pertenecía, pensaba exhibirlos; dos, se enfrentó con otra organización, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), a la que por acusarla de trabajar para narcotraficantes, lo amenazó; y finalmente, para cerrar el círculo de sus enemigos, criminales y autoridades lo acechaban por estar coordinando la búsqueda de fosas donde podrían haber sido arrojados los cuerpos de los normalistas desaparecidos en Iguala.

El asesinato se consumó el sábado pasado y las autoridades que investigan han obtenido pruebas que dirigen las investigaciones hacia la primera hipótesis que se planteó el propio Jiménez Blanco: la penetración de organizaciones criminales en la Policía Comunitaria y su descomposición interna. Su crimen no revela un síntoma del fenómeno, sino una de sus consecuencias. Las policías comunitarias nacieron en 1995, cuando después de más de un lustro de violencia, se gestó un movimiento de organización social indígena en las regiones de La Montaña y la Costa Chica, que derivó en un marco jurídico para una nueva Policía Comunitaria, emanada de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que operaba más como un órgano administrativo coadyuvante del Ministerio Público, que como grupo armado.

La CRAC se dividió en 2011, cuando se escindió un grupo que formó la UPOEG, que luchaba por mejoras en las carreteras y una tarifa única de electricidad. En enero de 2013, en Ayutla, cambió el metabolismo de las policías comunitarias. Un grupo de la UPOEG se enfrentó con los secuestradores de un comisario ejidal a quien finalmente liberaron. Ante el vacío institucional en Guerrero, comenzaron a surgir grupos de autodefensa civil para la defensa de sus comunidades. En Guerrero, como sucedió en forma casi simultánea en Michoacán, los gobiernos estatales sucumbieron ante el fenómeno, y el entrante gobierno federal las saludó como legiones ciudadanas que contribuirían a la seguridad pública.

Los grupos de autodefensa civil, un modelo distinto al de la Policía Comunitaria, no fueron legalizados nunca, pero tuvieron la legitimidad del gobierno federal y se les permitió armarse. En algunos casos, la propia autoridad –ante la objeción del Ejército– las armó. En Michoacán se entreveraron narcotraficantes –del Cártel Jalisco Nueva Generación y renegados de Los Caballeros Templarios– disfrazados de líderes de los grupos de autodefensa. En Guerrero el paso no fue automático, pero gradualmente se incorporaron delincuentes, guerrilleros y, finalmente, bandas criminales involucradas en el narcotráfico. A partir de ese enero, la CRAC y la UPOEG se expandieron a otras regiones del estado y elevaron su presencia de 11 a 37 municipios. En ellos no podían entrar fuerzas federales, incluidos soldados, y mantuvieron una actitud beligerante ante la autoridad. Mejor escenario para los grupos al margen de la ley, no podría haberse creado.

En el video revelado por Eje Central, Jiménez Blanco señala al fundador de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio por haber avalado crímenes y permitido que el narcotráfico se infiltrara en la organización. El comunitario asesinado tenía viejos problemas con él y con su hermano, Cirino Plácido Valerio, quienes tienen órdenes de aprehensión –no ejecutadas– por secuestro, robo y ataques a las vías de comunicación. Nombró también a Ernesto Gallardo Grande, el Comandante Neto, coordinador general de las autodefensas, señalado por las autoridades desde hace al menos dos años, de tener relaciones directas con el narcotráfico.

La zona de influencia de la UPOEG se entrevera con la banda criminal de Los Rojos, cuyo cuartel general se encuentra en Morelos, pero que opera en Guerrero desde Chilpancingo, y tiene vinculaciones no orgánicas con el ERPI (Ejército Revolucionario Popular Insurgente), una escisión del EPR (Ejército Popular Revolucionario), algunos de cuyos miembros están relacionados con el tráfico de opio, que es el principal cultivo en esa zona de Tierra Caliente. Participaron también como brazos ejecutores de Los Rojos en secuestros de políticos, por colaborar con su banda enemiga, Guerreros Unidos.

La descomposición de la UPOEG y el asesinato de Jiménez Blanco es una consecuencia directa de la fallida política federal de apoyo a los grupos de autodefensa civil convertidos en organizaciones paramilitares. La forma como está arraigada la UPOEG en las comunidades, tendría que ser el eje para revisar las políticas de seguridad en Guerrero, y junto con la investigación del asesinato de Jiménez Blanco, partir hacia un nuevo reordenamiento jurídico y social con esos grupos, convertidos hoy en el verdadero poder en el estado.

Twitter: @rivapa

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