Opinión

Guerrero, emergencia y acuerdo político

  
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[Bloomberg] En el mes, Chicago reportó 42 homicidios producto de la violencia en las calles.

Guerrero es el sick man of Mexico. A pesar de los operativos federales, de las tragedias, de los reforzamientos de los operativos, y de las nuevas tragedias, el estado ha demostrado una pasmosa incapacidad para reaccionar. Algunas interpretaciones buscan atribuir la violencia en Guerrero al 'auge de la heroína' en Estados Unidos. Tengo serias reservas sobre esta hipótesis. En primer lugar por cómoda. Si las autoridades no son capaces de solucionar el problema, por lo menos pueden aparecer como las víctimas de una fuerza arrolladora que viene de fuera. En segundo lugar por simplona. Casi nunca se explica el mecanismo causal que vincula los vaivenes de los mercados de droga con la violencia. La relación se establece lo mismo cuando la demanda aumenta y los precios suben que cuando la demanda disminuye y los precios bajan, que cuando hay grandes decomisos al norte de la frontera (y nada se dice, en contraste, cuando hay shocks en el mercado y la violencia permanece estable).

En tercer lugar las hipótesis de que el mercado de drogas explica el incremento de la violencia no me gustan porque soslayan que, desde hace ya muchos años, una parte importante de la violencia no se explica por el 'narco' sino por la proliferación de mafias que viven de extorsionar a la población, a los negocios, y hasta al gobierno. En Guerrero, una modalidad muy socorrida últimamente son los secuestros colectivos de seis, 12 o 30 personas, como el que ocurrió la semana pasada en Ajuchitlán del Progreso.

La violencia en Guerrero es resultado de la interacción de varios factores. La pobreza, la tradición (históricamente Guerrero ha sido un estado violento) y las bajísimas capacidades institucionales, contribuyen a explicar la actual situación del estado. Sin embargo, hay un elemento adicional, que en mi opinión es el que desempeña un papel determinante: la permanencia de una clase política que no quiere o no puede plantarle cara a los intereses criminales y que, en muchos casos, tiene una incómoda cercanía con ellos.

Como en muchos otros estados, con el cambio de sexenio a veces hay cambio de partido, pero los grupos regionales que comparten y se heredan el poder siguen siendo los mismos. Sin embargo, la peculiaridad de Guerrero durante los últimos años ha sido la casi absoluta negligencia de dichos grupos en la atención a la crisis de seguridad. Se hace lo indispensable, nada más, para evitar que las alarmas se prendan en Los Pinos. Claro, salvo cuando las cosas se salen de control y las alarmas suenan.

El gobernador Astudillo personifica esta pasividad. En sus declaraciones se le nota evasivo, siempre dispuesto a minimizar la gravedad de los hechos, al parecer en un afán por evitar afectaciones al sector turismo. Muy pocas veces, el gobernador pareciera preocupado por transmitir a la población que comprende la gravedad de la situación y que está dispuesto a tomar las medidas –que tendrían que ser drásticas– para empezar a remediarlas. Sobre los dos marinos asesinados la semana pasada en Acapulco, dijo que “sencillamente los confundieron”.

Sin embargo, más graves que las palabras, son las omisiones. El gobernador se comprometió a instaurar el Mando Único, una medida que al menos incomodaría a las mafias locales, acostumbradas a dar instrucciones a los mandos policiales de las regiones donde operan. Sin embargo, a más de un año de la toma de protesta de Astudillo Flores, la unificación del Mando sigue siendo una promesa, cada vez más distante y más tenue. En enero pasado anunció que el esquema estaría en operación en un plazo de seis meses. Luego en junio, el gobernador afirmó que el Mando Único tardaría un año. Así ha sido desde tiempos de Ángel Aguirre: compromisos, plazos y hasta firmas que no se concretan, porque todos los involucrados saben que no hay voluntad política para crear una fuerza policial que afectaría intereses criminales.

Mientras tanto, algunas corporaciones municipales, como la del violentísimo municipio de Arcelia, permanecen formalmente desarmadas; y otras son diezmadas por las agresiones de grupos delictivos en conflicto. En todo el estado surgen y se expanden grupos de 'policía comunitaria' (generalmente los alcaldes los denuncian como meros instrumentos del crimen organizado, y viceversa).

Si el problema de fondo es político, la solución también debe serlo. Es necesario que todas las fuerzas políticas nacionales lleguen a un acuerdo para reconocer la emergencia en Guerrero y para canalizar recursos para atenderla, como hizo el gobierno de Calderón en Ciudad Juárez. Sin embargo, también es necesario que en el acuerdo se establezcan, por lo pronto, condiciones para presionar a las autoridades estatales y municipales para salir de su zona de confort y, en su momento, para dejar la gubernatura y las alcaldías en manos de políticos menos vinculados con el pasado reciente (a diferencia de lo que el PRD hizo en 2015, cuando se forzó la continuidad).

Twitter: @laloguerrero

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