Opinión

Guerrero, el Ejército bajo sospecha

  
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ME. Guerrero: el Ejército bajo sospecha.

El lunes las noticias desde Guerrero fueron alarmantes. Un grupo de padres de normalistas desaparecidos en Iguala y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación se enfrentaron con soldados del Batallón 27 de Infantería. La Policía Militar, enfundada en equipo antimotines, respondió quid pro quo a sus contrapartes: a botellazos, pedradas y empellones. En qué momento las armas artesanales cambiarán por armamento de fuego, no se sabe. Pero lo que queda de manifiesto con este episodio es que la calidad de la violencia en Guerrero brincó exponencialmente.

No hay un dato en la memoria que permita recuperar el momento en que un grupo de manifestantes, enarbolando una demanda legítima –la aparición de 42 jóvenes normalistas de Ayotzinapa–, perdieran el respeto al Ejército, y que los soldados respondieran. Hubo casos de mujeres indígenas gritándoles frente a sus escudos y, en lo más extremo y excepcional, algún empellón. Pero nunca desde el 2 de octubre de 1968 los soldados habían perdido la calma y agredieron a población no criminal. ¿Qué es lo que ha llevado al extremo de la impotencia y frustración para que personas humildes y lastimadas por lo que sucedió a sus hijos, decidieran desafiar y enfrentar a los soldados?

Lo que querían los padres de los normalistas era entrar al cuartel del 27 Batallón de Infantería en busca de sus hijos desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre pasado. La PGR sostiene que autoridades y policías de Iguala y Cocula, en colaboración con criminales, son los responsables de la desaparición, pero los familiares, sus abogados y simpatizantes, piensan que el Ejército tuvo mucho que ver, sospecha que ha existido desde el principio.

Una columna sobre el Batallón 27 de Infantería en este espacio a principios de noviembre pasado, sugería a la Secretaría de la Defensa responder qué hizo ese cuerpo del Ejército la noche de la desaparición de los normalistas, que “enterado de lo que estaba sucediendo, en lugar de actuar de inmediato para proteger a la población civil, bloqueó los accesos y las salidas de esa ciudad, con lo que contribuyó a una matanza y al secuestro”.

Nunca aclaró nada, pese a que en el área militar bajo su responsabilidad se encontraba el centro de operaciones de la banda criminal Guerreros Unidos que desde 2009, cuando sus líderes terminaron su relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, se apropió de la vida cotidiana en esa zona de Tierra Caliente.

Un testimonio publicado por el periódico El Sur de Acapulco el 15 de octubre pasado, revela que la noche del 26 de septiembre el Ejército y la Policía Federal acordonaron el área para impedir la presencia de civiles mientras policías y criminales reprimían a los normalistas a dos kilómetros de su base.

Los normalistas, de acuerdo con los testimonios, fueron atacados dos veces a las nueve de la noche, y no respondieron los federales. Tres horas después volvieron a atacarlos y tampoco se presentaron. Ahí fue cuando secuestraron a los 43 que están desaparecidos. Cuando pidieron explicaciones los padres de las víctimas al coronel José Rodríguez Pérez, en ese entonces jefe del Batallón 27 de Infantería, respondió: “nos enteramos al último”. Según los testimonios, eso es falso. Incluso, cuando acudieron funcionarios de seguridad del gobierno de Guerrero y les pidieron apoyo, se los negaron. Igual sucedió con la Policía Federal, que tampoco los respaldó en la acción contra los criminales.

La sospecha ha estado viva desde entonces, pero comenzó a tomar forma de denuncia en la primera semana de diciembre, cuando el equipo de peritos forenses argentinos que participó en la identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas para determinar si pertenecían a alguno de los normalistas, cuestionó parte de la investigación de la PGR. Los peritos, en reacción a la información de la PGR que cenizas que recuperaron del basurero de Cocula pertenecían a uno de los normalistas desaparecidos, dijeron que no podían confirmar que esas evidencias hubieran sido tomadas del sitio donde dijeron las autoridades, que habían llegado ahí por declaraciones de presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas.

Lo que hicieron los peritos forenses fue cuestionar la cadena de custodia, que es un protocolo que establece que las evidencias de un crimen no han sido alteradas. El procurador general Jesús Murillo Karam rechazó la imputación, pero no aportó pruebas –como las ofreció– que avalaran su dicho. Desde ese momento se comenzó a construir de manera más sólida la acusación contra el Ejército de que había sido su 27 Batallón de Infantería y no Guerreros Unidos y las autoridades de Iguala y Cocula, el responsable de la desaparición de los normalistas.

Las imputaciones han tomado rasgos de verosimilitud por los cuestionamientos a la versión de la PGR sobre cómo se incineraron los cuerpos de normalistas, a los que se añadió, como contribución a la confusión, información descontextualizada sobre la existencia de crematorios en el Ejército. Desde hace más de un mes se viene construyendo en términos políticos y legales la acusación directa al Ejército, sin que el gobierno federal haya construido una respuesta concreta que lo niegue. Lo que sucedió en Iguala este lunes forma parte de este libro que se está escribiendo y que como conclusión apuntará, se verá dentro de poco, a una acusación formal contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por desaparición forzada. Esto se ventilará en cortes internacionales.

Twitter: @rivapa