Opinión

Guerra de aranceles

     
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[Bloomberg] Más del 90% de productos peruanos entrarán libres de aranceles a la Unión Europea. 

Para proteger su planta productiva de la competencia de artículos importados, los países les fijan derechos denominados aranceles. En principio lo pueden hacer en forma caprichosa, pero para evitar represalias o bloqueos tratan de convenirlos bilateral o multilateralmente.

La tarifa de “nación más favorecida” (NMF) es el límite máximo que los miembros de la Organización Mundial de Comercio acuerdan imponerse entre sí. Normalmente es muy alto. Por ejemplo, para alimentos ronda 25 por ciento.

La tarifa “preferencial”, menor a la anterior, es la que se prometen recíprocamente uno o más socios en el marco de uniones aduaneras o acuerdos comerciales. En el caso del TLCAN es cero.

Un caso especial de tarifa “preferencial” es el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), por el que las naciones desarrolladas acuerdan niveles menores para las que están en desarrollo. Es la que se aplicaba a nuestras mercancías antes de 1994.

El “arancel consolidado” se establece con el fin de dar la flexibilidad de subir y bajar tarifas, siempre y cuando no se haga en forma discriminatoria y se mantenga el tope de la NMF.

Se ha dicho que en caso de desaparecer el TLCAN, las consecuencias para nosotros no serían tan perturbadoras porque, en el marco del SGP, el arancel más alto que Estados Unidos podría aplicar a nuestras exportaciones sería de alrededor de 4.0 por ciento. Lo que poco se ha comentado es que, a su vez, las de ellos podrían tener que cubrir gabelas de hasta 35 por ciento.

Esto es así porque en sucesivas rondas de liberalización, para evitar desgastantes guerras comerciales, las naciones avanzadas han pactado reducir progresivamente sus cuotas de protección. Si alguno de ellos sube sus aranceles por arriba de lo acordado, tiene que compensar al afectado. En cambio, los países en desarrollo están excluidos de esos compromisos.

Para nuestros vecinos el NAFTA ha sido un muy buen trato. Actualmente las tarifas son más elevadas aquí que allá. Si no existiera el Tratado la tasa promedio aplicable a nuestras exportaciones sería de 3.7 por ciento, mientras que la tasa promedio de las suyas llegaría al 7.4 por ciento, el doble.

A los que están fuera de los arreglos comerciales les llegamos a requerir aranceles de hasta 37 por ciento. Nueve décimos de lo que Estados Unidos nos vende está por arriba de 30 por ciento.

México podría subir sus tarifas sin romper las reglas internacionales y siempre y cuando lo practique en una forma no discriminatoria. De hecho, durante la vigencia del Tratado lo hemos hecho en autopartes, textiles y vestidos. En 1995 algunos productos agrícolas pagaban 13 por ciento para entrar acá; unos años después tuvieron un incremento cercano a 50 por ciento. Ese fue un incentivo para que muchos firmaran acuerdos con nosotros.

Con aranceles preferenciales tendríamos capacidad de ampliar el acceso de bienes que compiten con los estadounidenses. Sus importaciones han gozado de una extraordinaria preferencia, que no siempre nos ha convenido, porque perdemos ingresos arancelarios y porque a veces no compramos lo más barato sino lo más accesible.

Aunque lo pudiera hacer, ciertamente no sería benéfico para nuestra economía elevar todas las tarifas, pero podríamos intentarlo en ciertas líneas de productos.

Por ejemplo, aquí el arancel máximo para el acero es de 35 por ciento y compramos la tercera parte de lo que ellos facturan en el exterior. Fácilmente encontraríamos proveedores alternativos. Los acereros estadounidenses resultarían gravemente dañados y nuestros costos no se impactarían demasiado.

En el caso de los cereales nos podríamos abastecer en Brasil, Argentina o hasta en Rusia, pero es un poco más complicado porque la oferta y el precio varían mucho con los fenómenos meteorológicos. A diferencia del trigo, en maíz y soja, los productores y compradores están muy concentrados. En las negociaciones de 1990-1993 nuestros agricultores se opusieron a que se liberaran la entrada de maíz y al día de hoy la tarifa máxima que México podría aplicar, sin transgredir ninguna regla, es de 37 por ciento.

Para los agricultores e industriales americanos el TLCAN es un seguro contra una excesiva incertidumbre al hacer negocios en el exterior. Si como parece exigir Donald Trump, se concediera una revocación temporal de tarifas preferenciales, en el caso de que se produjera un aumento de las importaciones que amenace a su industria doméstica, nos enfrascaríamos en una guerra arancelaria cuyo incierto resultado anularía cualquier ventaja que ellos pudieran obtener.

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