Opinión

Google y el agujero negro de la indexación

03 enero 2018 5:0
 
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Google

Si una controversia representa en su justa medida la difícil frontera entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad, es sin duda la operación de indexación que Google realiza en forma automatizada con sus motores de búsqueda.

Si una persona desea explorar información en relación a otra, sea pública como un artista o un político, o de cualquier ciudadano de a pie, basta escribir su nombre en el buscador y éste le arrojará en una secuencia ordenada los sitios que contienen las referencias más visitadas en relación al buscado. Como consecuencia natural de la lógica del motor de búsqueda, regularmente la información que aparecerá en los primeros enlaces será la de mayor impacto publicitario, y en es contexto, la más negativa o escandalosa.

El tema se inscribe en el debate que se sostiene en relación al llamado “derecho al olvido”, entendido como una de las expresiones más sensibles del derecho a la intimidad. Si bien es legal que una noticia impere en el paisaje informativo por algunos días, o algunas horas, lo cotidiano es que transcurrido ese plazo perentorio la información se desvanezca y la persona agraviada recupere la tranquilidad y reputación que el anonimato le confiere.

Sin embargo, con los recursos extraordinarios que los actuales buscadores proporcionan, en forma libre y gratuita la información, aun la residual, adquiere condición imperecedera, convirtiendo la eventual difamación pasajera en mancha intratable, que persigue a cualquiera como el mal olor a los mercados asiáticos. Lo que puede parecer una trivialidad, en muchos casos transmuta en daño incalculable: personas que terminan relaciones personales ante la “evidencia”, tratos de negocios que no se cierran, trabajos que no se consiguen, familiares que nos señalan, y una larga lista de etcéteras que cada afectado puede alimentar con sus personales experiencias.

Ante las reclamaciones Google ha permanecido casi indiferente. Su argumento se reduce a expresar que no tiene responsabilidad sobre los contenidos, por lo que, si los mismos resultan ofensivos, debe dirigirse la reclamación al sitio responsable de la información. El argumento puede ser eficaz en un primer momento, pero no resiste un segundo análisis. Si la indexación generada en cada búsqueda no estuviese disponible, la información desaparecería en el mar de datos que conforma internet.

Dejar al poder judicial la tarea de fijar criterios, atendiendo los múltiples casos que serán tramitados no parece la mejor opción. Tampoco es opción tener que litigar por años para lograr la remoción de la información. Se trata de un tema tan general, y tan crucial, que correspondería al Congreso regularlo desde la cúspide constitucional de la pirámide del sistema jurídico del país.

Correo: mjalife@jcip.mx

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