Opinión

Gobernadores

  
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Gobers. (Especial)

Mientras estábamos de vacaciones, fueron detenidos fuera de México dos exgobernadores: Tomás Yarrington, de Tamaulipas y Javier Duarte, de Veracruz. El primero, por procesos en Estados Unidos, en donde está acusado de colaboración con narcotraficantes; el segundo, en Guatemala, siguiendo una ficha roja de Interpol solicitada por México.

En ambos casos, es curiosa la actuación de muchos políticos y ciudadanos. Mientras estaban desaparecidos, se acusaba al gobierno de connivencia con ellos. Ahora que aparecen, se acusa al gobierno por lo mismo. No está mal que los políticos de oposición hagan eso, oponerse, o que los ciudadanos sean críticos, pero una lógica mínima sería agradecible.

Aunque fueron detenidos, falta mucho para saber si pagarán sus malas acciones. Por un lado, no es fácil construir acusaciones contra un gobernador, que suele no firmar nada; por otro, los procesos son escabrosos y pueden acabar mal. El caso de Javier Duarte es un ejemplo: puesto que se solicitó extradición, sólo puede juzgarse por los delitos de que se le acusó en esa solicitud. Si, para evadir esa restricción, se le deporta de Guatemala por entrar sin permiso (o con documentos falsos), entonces hay más espacio para acusarlo. En cualquier caso, sus abogados tienen de dónde agarrarse para hacer lento, o eterno, el proceso.

Con ellos ya nos acercamos a una decena de exgobernadores bajo proceso, detenidos o fugados. Dos de Tamaulipas y uno de cada estado fronterizo: Chihuahua, Sonora y Nuevo León, aunque seguramente habrá proceso contra Humberto Moreira en Coahuila, que por eso busca fuero como diputado local. Más al sur: Veracruz y muy pronto Nayarit, en dónde el fiscal ya está bajo proceso en Estados Unidos. En Colima no hay detenidos, pero sí dos que sufrieron atentados (uno de ellos murió). De Michoacán, uno en la cárcel y otros dos con un familiar en primero o segundo grado con evidencia clara de colusión con el crimen organizado. De Aguascalientes, un gobernador procesado por peculado. Creo que no hay detenidos de Guerrero y Oaxaca, aunque posiblemente lo merezcan. Sí hubo de Chiapas. Uno más de Tabasco. Y al menos otro bajo investigación, de Quintana Roo.

En suma, pareciera que lo difícil es encontrar un gobernador honrado. No dudo que los haya, pero el breve recuento que aparece arriba confirma que no es la norma. Esto implica dos posibilidades: o llegan a ese puesto personas particularmente perniciosas, o el puesto las transforma, y es la falta de contrapesos lo que las pierde. Si nos guiamos por la opinión 'popular' (es decir, la publicada y la de redes sociales), el problema son los políticos, y bastaría con sustituirlos para que todo fuese maravilloso. La historia de los 'independientes', en México y en América Latina, o para el caso, en Estados Unidos con Trump, muestra que esto no se sostiene.

Puede ser lo segundo: que el puesto los transforma, o exacerba sus defectos, y la falta de contrapesos termina por convertirlos en un grave problema social y eventualmente en delincuentes. Creo que eso es lo que ocurre, y por eso mismo en esta columna hemos insistido en que la solución consiste en dotar al Senado de las atribuciones necesarias para contrapesar al gobernador. El Senado, porque ahí reside la Federación, pero también porque los senadores de un estado suelen ser: el que quiere ser gobernador, el que ya fue gobernador, y el que quiso y no pudo. Los tres son enemigos del gobernador en funciones y por ello serían de gran utilidad para nosotros, porque estarían buscando cómo destruir a su adversario.

Porque entender que el federalismo en México ha sido dañino y sería mejor desaparecerlo, creo que es algo aún más difícil de aceptar.

Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey.

Twitter:
@macariomx

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