Opinión

GIEI, tiempo de preparar la salida

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Portada del informe del GIEI sobre Ayotzinapa. (Especial)

Al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes le resta mes y medio de labor en México. Su actuación ha sido clave para que el caso Iguala no muriera de un carpetazo el día en que el entonces procurador Jesús Murillo Karam decretó la mal llamada “verdad histórica” (27/01/15). Si sólo fuera por eso, su visita ya valió la pena.

Ahora, la decisión más importante que el GIEI tiene que tomar es cómo cerrar de la mejor manera su estancia en México.

El GIEI debe tomar esa resolución con frialdad. Lo que está en juego es mucho, y este colectivo no se puede permitir el lujo de caer en el juego de quienes les han montado una campaña mediática en contra.

El grupo de expertos legará a nuestro país mucho más que avances en el caso de la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de seis personas más el 26 de septiembre de 2014.

Si México quiere atenderlo, el trabajo del GIEI servirá de radiografía de un sistema de procuración de justicia disfuncional, donde los procesos judiciales se pierden en laberintos que para colmo están desconectados.

La labor de los expertos ha sido, sobre todo, la de conectar piezas extraviadas o sueltas en un gigantesco rompecabezas disperso en diferentes averiguaciones y juzgados: cuando llegaron había 14 causas penales en ocho juzgados de distintas ciudades.

Esa tarea ha dado como resultado avances de diverso tipo. En lo pericial sirvió para abrir hipótesis de investigación y para relanzar la búsqueda del paradero de los jóvenes; pero también fueron indispensables para que internacionalmente el tema no pierda vigencia y para instalar el diálogo entre el gobierno y los padres de familia.

Sin embargo, en el plazo que resta de su segundo mandato, el GIEI difícilmente podrá concluir toda la investigación. Algunos creen que esto se deberá en parte al tortuguismo de la autoridad, entre otros obstáculos.

Entre lo que el GIEI sí podrá incluir en el reporte definitivo sobre Ayotzinapa estará su diagnóstico sobre la tortura como “método de investigación” y los resultados del nuevo peritaje en Cocula, que quizá aclare si ocurrió o no en el basurero de esa población un incendio de la magnitud que hubiera requerido el incinerar ahí en pocas horas a los 43 muchachos.

Pero se antoja harto difícil que el gobierno ceda en las semanas próximas ante la pretensión del GIEI de entrevistar en una diligencia (o fuera de ella) a los militares pertenecientes al Batallón 27 que pudieran haber atestiguado los hechos.

La administración Peña Nieto parece convencida de que no hay mecanismo legal que permita esos interrogatorios. En este punto, expertos y gobierno están entrampados. ¿Aceptará el GIEI nuevas declaraciones –pues ya ha habido algunas– de los militares donde ellos no participen directamente? ¿Destacaría el grupo declaraciones de ese tipo como una muestra de voluntad o como la confirmación de la cerrazón?

El colectivo compuesto por Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Francisco Cox, Claudia Paz y Alejandro Valencia ha tenido diálogo fluido con la procuradora Arely Gómez y con el secretario de Gobernación, con quien incluso cenaron en un encuentro informal hace cosa de un mes.

Los expertos seguramente serán conscientes de que su reporte final debe ser una mezcla que procure, por un lado, tanta información como sea posible sobre el caso, sin que se convierta en el pretexto para que México, u otras naciones, consideren que la apertura no paga, que invitar a expertos es contraproducente.

Y en la recta final del trabajo del GIEI ojalá que el gobierno mexicano también se comporte a la altura. Ojalá.

Twitter: @SalCamarena

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