Opinión

General bajo sospecha

El general Moisés García Ochoa, jefe de la 2ª Región Militar con sede en Mexicali, no las trae consigo, y de estar a un paso de la gloria, se encuentra en el umbral del infierno. En la pugna por la sucesión en el máximo cargo en la Secretaría de la Defensa en el sexenio pasado, trabajó con el general secretario Guillermo Galván y la procuradora Marisela Morales para deshacerse del general Tomás Ángeles Dauahare, a quien veían como el primer contendiente para la sucesión en Lomas de Sotelo. Respaldado por el gobierno panista, García Ochoa chocó en la recta final con el general Salvador Cienfuegos, quien tenía una relación personal con el presidente Enrique Peña Nieto, desde que era gobernador en el Estado de México y el general, jefe de la I Región Militar.

Al general García Ochoa, que era director de Administración de la Secretaría de la Defensa, le cortaron la ambición política manchándole su integridad. En el momento de las definiciones sobre el futuro secretario, la pugna entre generales llevó a la primera plana de El Universal un paquete de documentos sobre la compra de equipo para interceptar comunicaciones a la empresa Security Tracking Devices por cinco mil millones de pesos, propiedad de José Susumo Azano, un empresario tapatío de origen japonés que entró a trabajar con el sector público durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña en Jalisco, y se convirtió en el principal proveedor de equipo para la Defensa durante el sexenio pasado.

La adjudicación directa que realizó García Ochoa, pese a que estaba dentro de la ley por ser adquisiciones relacionadas con la seguridad nacional, levantó sospecha de corrupción y lavado de dinero, que sin ser probadas por autoridad alguna, le costó la posibilidad de ser secretario de la Defensa. A la llegada del general Cienfuegos, García Ochoa fue recluido en la 11ª Región Militar, que abarca a Coahuila y Chihuahua, y en diciembre fue enviado más lejos del centro, a la 2ª, responsable de las Baja California y Sonora.

El general García Ochoa no ha dejado de estar sujeto a sospecha dentro de la Defensa Nacional. En 2012, el diario The New York Times reveló que el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, le expresó a colaboradores del presidente electo su alarma porque pudiera ser nombrado secretario el general García Ochoa, porque su gobierno sospechaba que estaba relacionado con el narcotráfico y que llevaba comisión en los contratos multimillonarios militares. El gobierno de Peña Nieto siempre lo ha defendido, aunque lo congeló y la Sedena le abrió varias investigaciones de su periodo como director de Administración.

Una sospecha más surgió ahora con nuevos documentos del Departamento de Estado que muestran una discrepancia de 220 millones de pesos en las facturas de compra de decenas de vehículos blindados tácticos “Sandcat”, vendidos a la Sedena por Oshkosh, una de las principales proveedoras del Pentágono, a través de la empresa EPEL, SA de CV, del empresario judío Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, cuyos contratos fueron detallados en este mismo espacio el lunes 9 de junio. Pero no está claro si existe o no un caso de corrupción militar, o se trata de una omisión.

En cuando menos dos de los tres contratos sobre los “Sandcat”, Oshkosh incumplió un requerimiento especial en órdenes de exportaciones internacionales del Departamento de Estado, donde se tiene que especificar quién es el comprador y para qué fines son los equipos. Lo hizo en uno de los contratos, por 42 millones 500 mil dólares, pero no en otros dos por un total de 6 millones 796 mil dólares, facturados a la Sedena en 52 millones 360 mil dólares y en 17 millones 39 mil dólares, respectivamente.

Oshkosh omitió esa exigencia, de acuerdo con los documentos del Departamento de Estado, y la propia cancillería estadounidense no reparó en la falla. Tampoco hubo observaciones por parte de la Sedena, que probablemente –no puede hablarse de esta posibilidad salvo en términos hipotéticos– se habría percatado de la diferencia de precio entre lo registrado en Estados Unidos y lo facturado en México, evitando quizás el sobreprecio aún no explicado por 220 millones de pesos.

Por la existencia de dos documentos oficiales de los gobiernos involucrados, el caso de los “Sandcat” permite preguntarse si todos, o una parte de los problemas en las compras militares, tienen como un punto de partida la falla en los controles internos de la dependencia. No se eliminan las sospechas y las certidumbres de corrupción en la Sedena –desde los 70 se han documentado casos en Estados Unidos de corrupción de generales mexicanos–, pero sí ayudaría, reforzando los órganos de control interno, determinar en dónde están las vulnerabilidades y los hoyos negros para evitar la salida fácil de acusaciones de corrupción, que escondan otra igualmente grave, por sus consecuencias, que es la negligencia institucional.