Opinión

GDF renuncia a la cero
tolerancia a la corrupción

El jefe de Gobierno que se promueve con el lema de "Decidiendo juntos" intenta meterle un gol a los vecinos. Rodeado de representantes de los restauranteros y comerciantes, mas no de representantes vecinales, Miguel Ángel Mancera anunció la semana pasada que ha propuesto a la Asamblea Legislativa “suavizar sanciones a comercios”, como lo resumió la nota publicada por EL FINANCIERO (http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/mancera-busca-suavizar-sanciones-a-comercios-en-el-distrito-federal.html).

La iniciativa de reformas a los artículos 70 y 71 de la Ley Mercantil del Distrito Federal, que en pocas palabras en vez de clausurar daría un periodo de gracia de 15 días a establecimientos encontrados en diversas faltas, suponen la claudicación de la autoridad capitalina ante la cultura de la cero tolerancia (aunque sólo fuera en el discurso) frente a la corrupción.

Cuando en 2010 la anterior administración creó el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), se prometió a la ciudad que buenos procedimientos, buenos salarios y buena preparación harían de los nuevos inspectores (básicamente jóvenes no maleados) vigilantes idóneos a los que sería muy difícil corromper.

Difícil decir hoy si el Invea había madurado en este tiempo lo suficiente o lo debido. Sin embargo, de pasar la ley propuesta por Mancera sí es seguro que ese organismo perderá capacidad disuasiva.

El Invea ya no podrá clausurar un negocio que tenga en la vía pública más enseres (mesas, sillas, etcétera) de los que ampara su permiso; ya no podrá cerrar un lugar que tenga aislantes de sonido considerados riesgosos para la seguridad de los usuarios; ya no podrá bajar la cortina de un lugar que discrimine al no permitir el acceso a sus instalaciones a todo usuario respetando el orden de llegada, ni si su permiso es distinto a su giro y, grave de suyo, tampoco estará en capacidad de ordenar el cierre de un lugar que les impida la inspección. La autoridad capitalina asegura que al tratarse de violaciones “menores”, debe permitirse a los establecimientos subsanar las fallas en quince días. Con ello, alegan, no se afectará a los negocios y a los empleados de los mismos.

En los hechos desde la jefatura de Gobierno se creará un ambiente permisivo a la trampa y a las irregularidades. Sobra decir que esta laxitud llegará en medio de múltiples, cotidianas y reiteradas denuncias vecinales de la evidente voracidad de giros mercantiles, así como omisión de las autoridades para sancionarlas.

La propuesta de Mancera es una cubetada de agua fría a los vecinos. De un plumazo, los comités de habitantes de zonas como Polanco o las colonias Condesa-Roma se quedarán sin el recurso de solicitar la clausura de un lugar que incumpla la ley. En vez de un castigo severo a aquellos que no respeten los ordenamientos, los van a multar y a dar chance de que se pongan al día.

Hay quien dice que con esta medida se evitará que las delegaciones extorsionen a los negocios. Bendita solución. En lugar de sancionar a funcionarios corruptos, relajemos las normas, lo cual sin lugar a dudas hará más barato (y por ende más apetecible) el costo de estar en la ilegalidad.

Así, un lugar que tenga permiso para cafetería puede funcionar como congal apostando a que, en la eventualidad de que lo cachen, no sólo no lo cerrarán de inmediato, sino que los dueños tendrán ocasión de intentar sortear el cierre.

No tenemos derecho a la ingenuidad. La única explicación lógica de esta medida es que el gobierno, y su partido que no es su partido, no quieren estar mal con empresarios cuando se avecinan las campañas electorales. ¿O no?

Twitter: @SalCamarena