Opinión

Frente a la violencia y la impunidad, ¿una comisión de la verdad?

El domingo recibí un inspirado artículo de Paz Zárate, publicado en El País Internacional, titulado México: el grito de Iguala, que insiste con razón que “el reclamo de la sociedad mexicana ante masivas violaciones a los derechos humanos era inaudible antes de los crímenes de Guerrero” y que hoy vivimos “la crisis de un gobierno frente a un pueblo frustrado ante instituciones que no reflejan un estado de derecho”. Remata señalando que “a la luz de la verdad que emerge de este proceso, la actual estrategia de seguridad de México tendrá que ser revaluada…el grito de Iguala no se acallará hasta entonces”.

El texto repicó en mi corazón todo el día. ¿No habrá llegado la hora de que la sociedad reclame, entre un conjunto de medidas urgentes y de mediano y largo plazo, la creación de una “Comisión de la verdad sobre la violencia y la impunidad en México” con el fin de construir un efectivo estado de derecho en todo el territorio nacional, no sólo en Guerrero?

Los crímenes de Iguala han sido la gota que derrama un vaso ya bastante lleno de mierda: violaciones de derechos, crímenes de lesa humanidad, injusticias, impunidades e inconformidades ancestrales. Los que vivimos el 68 lo sabemos, pero también los que sufrieron Aguas Blancas, Acteal, Ciudad Juárez, y recientemente, Tamaulipas, Michoacán, Tlatlaya y Ayotzinapa.

Cada día se acumulan más muertes, más corrupción, más abusos, que nos dan rabia y un doloroso sentido de frustración y vergüenza en México y en el exterior. Tapar el sol con un dedo a través del ocultamiento de información y de campañas de medios nunca ha funcionado en sociedad alguna, por lo menos no por largo tiempo. Llega el momento en que la basura amontonada abajo del tapete nos lleva a tropezar o los cadáveres enterrados en una fosa empiezan a apestar y a hacer más preguntas. En la era de la información y las redes sociales, los intentos públicos y privados por negar los excesos de poder, actos criminales e injusticias se vuelven una tarea casi imposible. Tarde o temprano las verdades brotan a la luz y es mejor que no sea muy tarde para prevenirlos y remediarlos.

Ya un mes antes de Ayotzinapa se reconoció oficialmente un total de 22, 322 desapariciones desde el 2006, de las cuales un 44% habrían ocurrido durante la actual administración. Pero si uno hurga en los medios se encontrará cada vez más expresiones de duda provenientes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, dado el consabido escepticismo del ciudadano común respecto a las autoridades e instituciones.

Vivimos en una sociedad cada vez más desigual, temerosa y desconfiada de la aplicación del estado de derecho, convencida de que solo el poder político y económico consigue justicia y “sólo con dinero baila el perro”. El pobre, el marginado, el indígena, sabe que rara vez obtendrá justicia y que a veces es sospechoso por definición. La gran mayoría de la población –incluso la clase media- se acomoda como puede a estas realidades y procura no molestar o no averiguar demasiado; quien sabe que puede sucederle si encuentra algo mal y lo reporta. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no es creíble.

Esta situación no puede continuar, por razones éticas, políticas, económicas y sociales. Para modernizarse, como señaló The Economist (18-10-14), el país necesita ley y orden y acabar con la impunidad. No bastan reformas económicas por buenas que fueran. Desde la Constitución de Apatzingán de 1814, como lo señaló Diego Valadez y lo repite la revista británica, se ha intentado sin éxito tener un efectivo estado de derecho. Sin él las empresas nacionales y extranjeras se resisten a invertir o si lo hacen exigen una prima muy alta.

Lo escuché de pequeños empresarios de Guerrero hace un par de años. Las extorsiones del crimen organizado se suman a las de autoridades para encarecer las inversiones y su operación. En la explotación de recursos minerales y ciertos giros comerciales jugosos-no se diga los negros- las exigencias pueden llegar al 40 % del capital de las empresas. A veces, como en el caso del mineral de hierro exportado a China desde Lázaro Cárdenas, el soborno a autoridades ha sido solo por voltear “pal otro lado” a la hora de embarcarlo.

Mi propuesta es que examinemos seriamente la viabilidad de crear una comisión de la verdad sobre la violencia y la impunidad en México que tenga, como sucedió en Sudáfrica al fin del Apartheid, la facultad para revisar los sucesos de violencia, crimen organizado y de lesa humanidad e impunidad a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas que grupos organizados o personas de la sociedad quieran denunciar, incluyendo desapariciones. No necesitamos ir más atrás.

La intención sería reconciliarnos con nuestro pasado reciente y nuestro presente a través de la memoria, la comprobación de la verdad y el fin de la impunidad-más allá de cazas de brujas y de perversiones políticas y partidarias inútiles- y sentar las bases de un futuro mejor fincado en la confianza en nuestros líderes e instituciones, en el cumplimiento de nuestras leyes y en el ejercicio de la justicia, caiga quien caiga; un gobierno efectivo en suma.

¿Será pedir demasiado? Algunos países lo han hecho y otros intentado con relativo éxito. No tenemos un Mandela o un Desmond Tutu. Pero si a un Obispo Vera y un padre Solalinde; a Diego Valadés y Jesus Silva Herzgog-Marquez; a Ricardo Raphael y Amparo Casar, etc. Hay riesgos, pero los riesgos de explosión social, desgobierno y atascamiento económico son mayores.