Opinión

Fragilidad de las finanzas veracruzanas

 
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[El peso completó su sexta sesión en terreno negativo. / Arturo Monroy]  

Hemos pasado de sorpresa en sorpresa con las noticias veracruzanas o sonorenses; se ha escrito mucho y ya las autoridades responsables están actuando. Pero debe observarse también con preocupación el impacto de un mal manejo económico y los abusos presupuestales sobre la salud de la hacienda pública y sobre las posibilidades de desarrollo de cualquier entidad federativa, por tanto sobre sus indicadores de bienestar y la creación de empleos.

La deuda registrada de Veracruz asciende a junio de 2016 a 46 mil millones de pesos, de la cual alrededor del 7 por ciento es deuda municipal, siendo su principal acreedor la banca privada, concentrada en unos cuantos de los 203 que tienen.

El gobierno veracruzano que terminó en diciembre de 2010, dejó una deuda de 21 mil 500 millones de pesos, de los cuales se contrataron más de 11 mil millones ese año.

En relación al PIBE, su deuda equivale al 4.7 por ciento a junio, está por encima del promedio nacional que es de 2.9. En 2009 era de 1.5 y en 2010, 3.1 por ciento. En relación a las participaciones la relación es de 123.6, en 2010 era de 82.8 por ciento, 43.2 un año antes.

Sus ingresos propios son muy bajos, apenas el 11 por ciento respecto a los ingresos totales, el resto son transferencias; han desaprovechado sus ingresos propios; por ejemplo a partir de 2015 se subsidia la tenencia para vehículos de valor inferior a 250 mil pesos, con un fuerte impacto presupuestal: para 2015 se estimó recaudar 945 millones de pesos, pero para 2016 sólo 123 millones, afectando de rebote, sin consultar las finanzas municipales.

Para 2016, se programaron 5 mil 200 millones de pesos de servicio, previéndose pagar alrededor de 3 mil 300 millones de pesos de intereses y sólo mil 800 millones de amortización. ¡Cuánto se podría haber realizado en infraestructura o gasto social con ese dinero! Claro la expectativa es que la paguen las generaciones futuras y los sucesivos gobiernos la vayan peloteando y haciéndola crecer.

En otro aspecto, lo referente al presupuesto para este año, hay estados como Aguascalientes o Hidalgo que destinan 7 por ciento para el capítulo 1000 –servicios personales–, mientras Veracruz 41 por ciento, claro pueden estar incluyendo el gasto en servicios personales del subsistema estatal de educación básica, que no es significativo en Aguascalientes e Hidalgo.

Otro que está alto en servicios personales es Tamaulipas con 45 por ciento: claro recordemos que más de la mitad de las entidades federativas, no tienen subsistema estatal, cuyos gastos son cubiertos con recursos propios.

La creación de los dos fideicomisos anunciados por el gobierno veracruzano que se va, para utilizar la recaudación del impuesto estatal sobre nóminas para pagar los pasivos con proveedores y prestadores de servicios, se convierte en una carga financiera adicional para la hacienda pública de cualquier estado, con la desventaja de que tiene que ser de corto plazo, ya que se incluye a pequeños empresarios. Por supuesto se les debe pagar, porque no se les pagó cuando debió hacerse, pero tiene que pasar por un proceso de revisión, además de que la recaudación no es anualizada.

De ahí la importancia de crear una legislación que evite la morosidad en el sector público, porque siempre que llega un nuevo gobierno, sea estatal o municipal, se encuentran con verdades cajas de pandora, esto es deudas de corto plazo que tienen que enfrentar. El ejemplo clásico es Tlaxcala, su Constitución le impide endeudarse a plazo mayor de un año, sin embargo en la última transición encontraron pasivos de esta naturaleza, superiores a la deuda de muchos estados.

En suma la deuda acumulada de las entidades federativas en el promedio no pone en riesgo las finanzas nacionales, pero en algunas entidades del país ya el impacto presupuestal de su pago sigue creciendo y limita la eficacia del gasto público estatal.

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