Opinión

Formularios por encima de la Constitución

En el Distrito Federal se ha propuesto una iniciativa que permita la libre decisión de los padres para elegir cuál de los dos apellidos debe ir primero tratándose de sus hijos. Este debate, que no debería siquiera ameritar una discusión de fondo para su aprobación, resulta que ha despertado un gran interés en contra de muchos sectores de la sociedad que consideran que es mejor quedarse como estamos en este tema, con la finalidad de evitar complicaciones en los formularios de documentos diversos en que se toma como una realidad inamovible el orden actual de los apellidos de las personas en que primero se pone el apellido paterno y posteriormente el materno.

No existe explicación jurídica para esta situación, y sin embargo, la damos por hecho desde hace muchos años. Un análisis jurídico constitucional básico –que claramente no han llevado a cabo los legisladores y académicos que se oponen al tema – daría como resultado una modificación de los formularios a los que tanto se aferran como justificación para evitar la igualdad entre hombre y mujer para decidir qué apellido va primero.

Lo que es lamentable es que estos legisladores juraron guardar la constitución y lo más probable es que ni siquiera la hayan leído.

En este contexto, el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal establece que el nombre de una persona deberá llevar ambos apellidos, pero no especifica el orden de los mismos, por lo que desde ahora, cualquier persona podría solicitar que los apellidos de sus hijos lleven el orden que ellos decidan, pero el problema son… los formularios. A nadie de los que participan en este debate y que se oponen a la propuesta parece importarles que el artículo cuarto de la Constitución establezca que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta igualdad es absoluta, no puede ser limitada por formalismos absurdos y por lo tanto, se debe reconocer que hombres y mujeres tienen el derecho de decidir libremente el orden de los apellidos de sus hijos sin importar que los formularios estén mal hechos. Porque lo que se debe de analizar en vez del asunto del orden de los apellidos, es la manera en que se harán ahora los trámites en que ya se tiene definido que primero irá el apellido paterno y luego el materno, por ser anticonstitucional.

Además, el artículo 121 fracción sexta de la propia carta magna, establece que los actos del estado civil de las personas de un estado tendrán validez absoluta en lo demás independientemente de lo que cada estado quiera establecer como reglas para sí mismo.

Es en este contexto, que el Distrito Federal y cualquier estado de la república tiene la facultad de legislar en materia de filiación, nombre y estado civil y los demás estados y la federación tienen la obligación constitucional de aceptarlo y reconocerlos. El propio ordenamiento máximo determina la jerarquía de las normas y pone a la constitución por encima de todos… incluso los formularios, pero hay legisladores que se aferran a pensar que estos documentos están por encima de la carta magna. Por eso legislan como legislan y los resultados están a la vista. Este debate es totalmente intrascendente, la constitución lo ha resuelto hace muchos años y se le debe respetar aunque se enojen los defensores de los formularios. El Distrito Federal tiene el derecho de decidir sobre la materia y en caso de que la federación y los defensores de los formularios no estén de acuerdo con ella, tendrán que apechugar su decisión o de lo contrario, enfrentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Correo: gonzalezrobles@gonzalezrobles.com